El dictador nicaragüense Daniel Ortega (centro) junto al jefe del Ejercito Julio Cesar Avilés
EE.UU. evalúa imponer aranceles del 100 % a Nicaragua por las violaciones de derechos humanos de Ortega
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) también le ha sugerido al presidente Trump la suspensión del Tratado de Libre Comercio firmado en 2006
El Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio firmado en 2006 tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que «las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense».
Entre las medidas propuestas por la USTR contra la dictadura de Daniel Ortega se incluyen «aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses» de forma «inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses», revela un informe publicado el lunes.
La entidad comercial estadounidense también propuso «la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana» (DR-CAFTA, en inglés).
La USTR aceptará comentarios públicos hasta el 19 de noviembre próximo, tras lo que decidirá si aplicar o no estas medidas.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EE.UU.
Estados Unidos importó bienes de Nicaragua por valor de 4.600 millones de dólares en 2024, lo que representa un déficit comercial estadounidense de 1.900 millones de dólares.
Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007 y desde hace ochos años junto con su mujer, Rosario Murillo, designada «copresidenta» tras una reforma de la Constitución Política.
Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. sobre las posibles violaciones cometidas por la dictadura Ortega-Murillo, comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del presidente Joe Biden, bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.
Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una audiencia pública el pasado 16 de enero.
Después de analizar la información presentada, la USRT determinó que «el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos», junto a otros «abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses».
Estas incluyen permitir el uso de trabajo infantil y forzado, la trata de personas, la represión de la libertad de asociación y de negociación colectiva, arrestos arbitrarios y la eliminación de la ciudadanía de los miembros de sindicatos, dijo el USTR.
Esas políticas «afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua», advierte el reporte, que también insiste en que la dictadura nicaragüense «se dedica a desmantelar el Estado de Derecho» en el país.
