El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, cabizbajo durante una sesión en la Asamblea Nacional
La teoría de la manta en el Gobierno francés acerca al país a unas elecciones anticipadas
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, logró hace unas semanas lo que parecía imposible cuando, al superar las dos mociones de censura que le presentaron en la Asamblea Nacional, devolvió a Francia un período de estabilidad justo en el momento en el que más se ha tambaleado la V República desde su instauración.
Pero nada es gratis. Lecornu sobrevivió a aquellos intentos de derrocarle gracias al apoyo de los socialistas, que no votaron a favor de la moción a cambio de dos concesiones del Ejecutivo: la suspensión de la reforma de las pensiones –que era el gran logro de Emmanuel Macron durante su Presidencia– y la promesa de no utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite aprobar medidas mediante 'decretazo'.
Sin embargo, ese fue únicamente el primer paso. El primer ministro sigue necesitando aprobar unos Presupuestos antes de que acabe el año para combatir el gran problema que asola a Francia, su billonaria deuda. El tiempo se agota y los socialistas siguen pidiendo concesiones para aprobar el texto que presente el Ejecutivo y no sumarse a la censura.
En ese equilibrio imposible intenta sostenerse Lecornu, que por una parte tiene a los socialistas que exigen cambios estructurales en la economía para que se les suba los impuestos a las grandes rentas, incrementar el gasto social y revisar la política fiscal, mientras que por el otro lado la derecha gaullista de Los Republicanos (LR) insiste que no apoyará ninguna subida de impuestos y alerta de los riesgos de castigar a las empresas en plena desaceleración económica.
En los últimos días, el debate se ha centrado en la llamada tasa Zucman, un impuesto que pretende gravar con un 2 % los patrimonios superiores a los 100 millones de euros, una medida que los socialistas consideran imprescindible para equilibrar el esfuerzo fiscal, pero que los macronistas y buena parte de la derecha consideran «brujería fiscal», en palabras del ministro de Economía Roland Lescure. La medida ha encendido también a Los Republicanos, que denuncian una «obsesión ideológica» de la izquierda y temen que una fuga de capitales erosione aún más la competitividad del país.
El líder de los socialistas, Olivier Faure
Mientras el Gobierno se desgasta con esa aritmética parlamentaria, el partido de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional (RN), permanece a la espera y reitera, siempre que puede, que votarán en contra de los Presupuestos, convencidos de empujar todo lo posible hacia el colapso del macronismo y la convocatoria no solo de elecciones legislativas, también presidenciales. Una estrategia idéntica a la que sigue el otro extremo del hemiciclo, La Francia Insumisa (LFI) de Jéan-Luc Melenchon.
Paralelamente a estas discusiones, el calendario avanza rápidamente y a Lecornu se le acerca la fecha límite del 31 de diciembre para aprobar presupuestos y evitar un bloqueo institucional. La ventaja para el primer ministro es que, a diferencia de RN y LFI, a socialistas y republicanos tampoco les viene bien la caída del Ejecutivo y la llamada a las urnas, pues las encuestas no les sonríen, pero deberá encontrar un punto común para ambos, pues tampoco puede, salvo que se salte su promesa, aprobar el texto mediante decretazo.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, ha advertido que, si no se cierran acuerdos pronto, el déficit podría alcanzar el próximo año el mayor agujero de la historia reciente y echar todavía más sal en la herida de las cuentas públicas galas.
Lecornu, aislado en Matignon con un Emmanuel Macron que ya parece haber dejado la política nacional totalmente de lado, hace cálculos entre contentar a socialistas y republicanos, aprobar medidas o no, consciente del riesgo de que si se tapa mucho la cabeza dejará al descubierto unos pies que toman la forma de elecciones adelantadas.