Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía defenestrado en Cuba, ¿estamos ante un nuevo caso Ochoa?
La primera acusación contra Gil Fernández es de espionaje, lo que pudiera acarrear la máxima pena designada por las autoridades castristas, tal como ocurrió con el general Arnaldo Ochoa, fusilado en 1989, junto a otros generales y acólitos
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel junto al exministro de Economía Alejandro Gil Fernández
Alejandro Gil Fernández, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de Ministro de Economía de Cuba, se ha convertido en el centro de atención nacional e internacional tras su encarcelamiento desde hace más de un año, y el juicio recientemente celebrado en el Tribunal de Marianao.
La noticia de su arresto generó importante controversia, especialmente debido a la naturaleza cerrada del proceso judicial que enfrenta y el hermetismo de las autoridades cubanas en torno al caso. Su hija se ha convertido en su mayor defensora en las redes sociales, y su hermana María Victoria Gil Fernández, ex presentadora de uno de los programas más populares de la televisión castrista, también ha accedido a dar entrevistas desde su residencia en Canarias, donde vive desde hace algunos años.
Alejandro Gil Fernández es reconocido por su trayectoria dentro del aparato económico del Estado cubano, culpable en gran medida de la situación tan desastrosa en la que se halla sumido el país. Antes de su designación como Ministro de Economía, desempeñó diversos cargos en el Ministerio y en empresas estatales clave para el desarrollo económico del país; aunque no estudió economía, sino ingeniería, fue gerente de una compañía de seguros en Inglaterra -estancia autorizada por el régimen cubano- y luego vivió en Rusia con toda su familia. Según testimonios llegó a ese cargo debido a la cercanía amistosa desde su juventud con Miguel Díaz-Canel, el presidente títere nombrado por Raúl Castro. Se le asocia con tímidas políticas de modernización y apertura gradual de algunos sectores económicos, aunque siempre bajo la estricta supervisión del Gobierno central.
El arresto de Alejandro Gil Fernández ocurrió hace un año en un contexto marcado por crecientes dificultades económicas en Cuba. El Gobierno no ha emitido comunicados oficiales detallados sobre las causas de su encarcelamiento, lo que ha avivado rumores y especulaciones. Diversas fuentes sugieren que podría estar relacionado con presuntos delitos administrativas, corrupción, o diferencias políticas dentro del gabinete, pero la primera acusación refiere a espionaje, lo que pudiera acarrear la máxima pena designada por las autoridades castristas. Su hermana ha declarado que está preparada para lo peor, tal como ocurrió con el caso Ochoa, en relación al general Arnaldo Ochoa, fusilado en 1989, junto a otros generales y acólitos.
La decisión de celebrar el juicio de Gil Fernández a puerta cerrada ha generado críticas tanto dentro como fuera de la isla, la explicación es que se ha hecho de tal forma debido a la acusación de espionaje y atentado a la seguridad del país. Algunas organizaciones de derechos humanos fuera de la isla y parte de la sociedad civil han cuestionado la transparencia y legalidad del proceso, señalando que este tipo de juicios alimentan la percepción de opacidad en el sistema judicial cubano. Los familiares y allegados del exministro han manifestado su preocupación por la falta de información y por no poder acceder al proceso judicial. Su hija, a la que no le permitieron la entrada en el juicio -que ha durado dos días-, opina que el proceso de condena pudiera ser muy rápido.
Alejandro Gil Fernández, uno de los beneficiados del sistema, rozagante siempre, de abundante y tupido cabello, al parecer -según declaraciones también de su hija y de su hermana- ha perdido el pelo en su totalidad, bajó alrededor de 50 kilos, y se encuentra como es natural sumamente deprimido y destrozado; un guiñapo humano.
La noticia del encarcelamiento y el juicio secreto de Alejandro Gil Fernández ha pasado bastante desapercibida para la comunidad internacional. Gobiernos y organizaciones extranjeras no han sido numerosos en solicitar explicaciones formales a La Habana y en pedir que se garanticen los derechos fundamentales del acusado.
Alejandro Gil Fernández jamás hizo nada, en favor de los presos políticos cubanos, ni protestó contra las injusticias que se han cometido
En el ámbito nacional, el caso ha generado una comidilla bastante silenciosa pero latente sobre el rumbo de la administración económica y la transparencia de las instituciones estatales cubanas. Alejandro Gil Fernández jamás hizo nada, ningún movimiento en favor de los presos políticos cubanos, ni protestó contra las injusticias que se han cometido, y se le conoce por su obediencia ciega al régimen. «Ningún gobierno se ha puesto en contacto con la familia», declaró su hermana.
«Alejandro Gil Fernández es culpable de la miseria del pueblo cubano», ha añadido María Victoria, su hermana, pero además está siendo utilizado por el sistema, porque quién sabe si desafió al sistema, y los que conocen el comunismo y han vivido bajo su garra saben que nadie puede enfrentarlo sin sufrir graves consecuencias.
La situación de Alejandro Gil Fernández pone de relieve las complejidades y desafíos del sistema político cubano: el comunista. Mientras su juicio se desarrolló y concluyó a puerta cerrada, observadores esperan –sin mucho entusiasmo– que el caso sirva para impulsar un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la isla, pero no creen que Miguel Gil Fernández obtenga salvación frente a la notoria implacabilidad de esa tiranía, totalitaria y comunista.
