¿Quiénes son los ministros marroquíes que aparecen los papeles de la UCO del caso PSOE?

La opaca e interesada relación entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y nuestro problemático vecino del sur, Marruecos, no es ninguna novedad. Desde el caso Pegasus, en el que los servicios de Inteligencia marroquíes espiaron, entre otros, a la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el volantazo en política exterior al reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, territorio que llegó a ser la provincia número 53 de nuestro país, la influencia de Marruecos se ha dejado ver más que nunca durante los últimos años en la política española.

La última muestra de ello queda reflejada en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso PSOE hecho público este martes, en el que, el 28 de diciembre de 2018, Santos Cerdán, que en ese momento solo ostentaba el cargo de secretario de Coordinación Territorial del Partido Socialista, «envió a García [Koldo] la imagen de una conversación entre personas no identificadas donde se facilitaba la identidad de dos ministros del Gobierno de Marruecos: Abdelkader Amara, ministro de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua, y Aziz Rebbah, ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente».

El documento, además, continúa diciendo que Cerdán aseguró que el titular de la cartera de Energía del reino alauita era «de plena confianza». En definitiva, la trama se jactaba de poder controlar a ministros marroquíes y, de hecho, ese mismo mes el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, viajó hasta la localidad marroquí de Kenitra «a requerimiento de la embajada de Marruecos para ver un proyecto de puerto industrial», con el objetivo de lograr obras para Acciona. Todos estos planes los incluye la UCO dentro de un entramado corrupto en el que se llegaron a pedir mordidas de hasta un 2 %. Todo esto tuvo lugar entre 2018 y 2019, cuando al frente del Ejecutivo marroquí estaba Saadeddine Othmani, del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD).

Dos años después saltaba en España el caso Pegasus y, en 2022, Sánchez, de manera unilateral, envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo». Con todo, en los papeles de la UCO sobre el caso PSOE destacan dos nombres de ministros marroquíes: Abdelkader Amara y Aziz Rebbah. Amara, entonces ministro de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua, se desempeña desde el pasado mes de marzo como presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental del Reino de Marruecos, nombrado personalmente por Mohamed VI.

Su carrera ha girado principalmente en el ámbito de la política en el seno del partido PJD, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad bajo distintos ejecutivos, como ministro de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente entre 2013 y 2016, hasta ser ministro de Salud desde 2017 hasta 2018, e incluso hizo las veces de ministro interino de Economía y Finanzas del 9 al 19 de agosto de 2018. Pero lo que es aún más revelador es que Amara es miembro fundador de la Asociación de Parlamentarios Marroquíes contra la Corrupción.

Por su parte, Rebbah, a quien Cerdán describió como de «plena confianza», fue elegido en 2009 como alcalde de Kenitra –localidad marroquí que Ábalos visitó en 2018 para ver proyectos industriales– durante un período de seis años por la formación islamista PJD.

En 2012 fue ascendido a ministro de Equipamiento y Transporte y, ya en 2017, asumió el cargo de ministro de Energía, Minas y Desarrollo Sostenible. Durante su mandato como titular de la cartera de Equipamiento y Transporte, bajo el Gobierno de Abdelilah Benkirane, se vio inmerso en una fuerte polémica al hacerse pública la lista de beneficiarios de las licencias para operar un servicio de transporte público. Su revelación, que se trató de ocultar durante mucho tiempo, generó gran indignación entre los marroquíes, que denunciaron que estas licencias se emitían –y se emiten– bajo unos requerimientos vagos y ambiguos que tan solo benefician al sistema marroquí y a aquellos entornos cercanos al poder.