La comunidad somalí de Minnesota en el ojo de ICE

Me encuentro en Estados Unidos, debo decir que si bien se está trabajando duro contra la inmigración ilegal, lo que era necesario y urgente; también hay comunidades sumamente inquietas. Y no sólo por lo que se genera debido a su expansión y cada vez más problemática existencia, además porque no ignoran que se les ha ido la mano queriendo transformar Estados Unidos en lo que ellos desearían que fuera y no aceptándolo tal como es.

En los últimos tiempos, las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han generado una profunda preocupación en la comunidad somalí residente en Minnesota. La intensificación de operativos migratorios, así como el retiro de residencias permanentes y nacionalidades, ha puesto en jaque la estabilidad y el futuro de miles de personas que llegaron a este estado en busca de seguridad y mejores oportunidades. Pero que de manera estúpida convirtieron a Minnesota en una extensión de sus fantasías extremistas, religiosas y costumbristas, sin tener en cuenta de que esa transculturización en Estados Unidos no sucederá jamás al 100 % de forma violenta y a la cañona.

Minnesota alberga una de las comunidades somalíes más grandes fuera de África, resultado de oleadas migratorias desde la década de 1990, cuando muchos huyeron de la guerra civil y la inestabilidad en Somalia. Estas familias han contribuido significativamente al tejido social, económico y cultural del estado, estableciendo negocios, instituciones religiosas y organizaciones comunitarias. Y, ahí está el problema, que con lo relacionado con lo religioso y comunitario les dieron una oportunidad, les extendieron una mano, y se cogieron el brazo completo.

Desde 2017, ICE ha incrementado las redadas y detenciones en Minnesota, enfocándose particularmente en ciudadanos de países designados como de «alto riesgo» para la seguridad nacional, entre ellos Somalia. Las autoridades migratorias han revisado casos antiguos, solicitando reabrir expedientes de deportación y revocando permisos de residencia permanente concedidos años atrás. Donald Trump ha tomado cartas en el asunto, no quedaba de otra.

En muchos casos, los afectados han vivido en Estados Unidos durante décadas, con hijos nacidos en el país y sin antecedentes penales graves. Sin embargo, cambios en la interpretación de las leyes migratorias, especialmente en cuanto a delitos menores o errores en las solicitudes originales, más la indiscutible indisciplina, desobediencia violenta, han servido como base para iniciar procedimientos de expulsión.

Recuerden el caso de la diputada Ilhan Omar, que se casó con su hermano (lo negó, pero hasta Trump se lo reprochó) para brindarle la nacionalidad, y además se ha hecho súbitamente millonaria mediante el ejercicio exclusivo de la política. Una política extremista relativa a la religión y a su fobia contra Israel y contra todo lo que no sea islam.

Entre las medidas más controvertidas implementadas por ICE se encuentra el retiro de la residencia permanente legal (green card) a individuos de origen somalí. En algunos casos, también se ha procedido a la revocación de la nacionalidad estadounidense, bajo acusaciones de fraude migratorio o declaraciones falsas en el proceso de naturalización. Estoy de acuerdo. Se llama saneamiento de la sociedad, una sociedad enferma de racismo islamista contra cristianos y contra lo que no se les parezca e imite.

Este proceso, conocido como «denaturalización», suele basarse en investigaciones retroactivas de los antecedentes migratorios y penales del solicitante. Para muchos, representa un giro inesperado y devastador, ya que implica la pérdida de derechos fundamentales y la posibilidad de ser deportados a un país que no conocen o donde corren peligro. Bien, ellos mismos se lo buscaron al no desear integrarse y al querer imponer sus reglas religiosas y en algunos casos delincuenciales.

Las acciones de ICE han generado un clima de miedo y desconfianza entre los somalíes en Minnesota. Muchas familias han optado por limitar su interacción con instituciones públicas, temerosas de ser detectadas o denunciadas. Organizaciones comunitarias y de derechos civiles han denunciado casos de separación familiar, dificultades económicas y deterioro de la salud mental debido a la incertidumbre. O sea, vuelven a elegir la automarginación y el victimismo antinorteamericano.

La amenaza de deportación a Somalia, un país todavía afectado por la violencia y la inseguridad, representa un riesgo inminente para la vida de los deportados. Numerosos informes de organizaciones internacionales han advertido que los retornados suelen ser diana de persecuciones, extorsiones y abusos, lo que pone en entredicho la ética de estas políticas. Sólo debieron pensarlo, antes de transformar Estados Unidos en un infierno idéntico del que huyeron.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Minnesota han brindado apoyo legal y psicológico a los afectados, buscando frenar las deportaciones y revertir la revocación de residencias y nacionalidades. Asimismo, algunos tribunales federales han emitido fallos favorables a inmigrantes somalíes, argumentando que la deportación podría violar principios humanitarios. De nada valdrá, el votante medio en estos casos no se rige más que por su seguridad y confort, ni siquiera ya en partidos políticos cada vez más organizados en bandos; la mayoría ciudadana aprueba la medida.

No obstante, la situación sigue siendo incierta para miles de personas que aún enfrentan procesos administrativos y legales, a la espera de una resolución definitiva. Pagan justos por pecadores, como sucede con los casos de los cubanos embarcados con anterioridad por las administraciones de Obama y Biden, a los que les ofrecieron cambiar su ‘status’ de exiliados políticos por el de inmigrantes.

Las acciones de ICE en Minnesota han tenido y tendrán un impacto profundo y duradero en la comunidad somalí, poniendo en evidencia las tensiones entre las políticas de seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos, pero también los derechos humanos y civiles de los estadounidenses agredidos por los importados.

El retiro de residencias y nacionalidades no solamente afecta a individuos, sino que repercute en el tejido social y en la percepción de justicia e integración con integridad en Estados Unidos. El futuro de esta comunidad y de otras dependerá en gran medida de la evolución de las políticas migratorias y de la capacidad de la sociedad civil para defender los derechos de todos los residentes, sin importar su origen, sobre todo después de que estos respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses.