La UE acuerda crear centros en el extranjero para devolver inmigrantes pese al rechazo de España

Los Veintisiete han logrado este lunes un acuerdo que relaja las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la «conexión» entre el inmigrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como ya hizo Italia con centros en Albania.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó claro a su llegada a la reunión de ministros de la UE en Bruselas que España se opone a estos cambios, no sólo porque cuestiona su efectividad, sino por las dudas respecto a su compatibilidad con el Derecho comunitario e Internacional en materia de Derechos Humanos.

Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de inmigrantes.

Reunidos este lunes en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros han dado el primer paso para aprobarlas, pero antes de entrar en vigor deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo.

Además de la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los inmigrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, el paquete contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.

A esto se suma la posibilidad de enviar a los inmigrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere «seguros».

«Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo», subrayó este lunes el comisario europeo Magnus Brunner, artífice de este giro en la política migratoria del Viejo Continente.

España y Francia, escépticos

Las propuestas han desatado la indignación de la izquierda, que denuncian que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.

Bajo el impulso de Dinamarca, que ejerce la Presidencia rotatoria de la UE y lleva tiempo defendiendo estas medidas, los Estados miembros avanzan con determinación.

«Estamos avanzando rápidamente», declaró un diplomático europeo, que habló al igual que otros bajo condición de anonimato. Según él existe una «voluntad política ampliamente compartida» entre los Veintisiete.

Sin embargo, persisten las dudas en algunos países del bloque. El Gobierno español no cree que los «centros de retorno» sean efectivos, mientras que Francia cuestiona la legalidad y eficacia de ciertas propuestas.

20.000 euros por solicitante de asilo

Los Veintisiete alcanzaron también un acuerdo sobre un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo en Europa.

Con el fin de aliviar la carga de los países situados en las principales rutas migratorias, como Grecia e Italia, la Unión Europea exigirá próximamente que los demás Estados miembros acojan en su territorio a solicitantes de asilo. Caso contrario, deberán aportar una contribución financiera de 20.000 euros (unos 23.000 dólares) por cada solicitante a los países que soportan mayor presión.

Los países de la UE negociaron durante varias semanas sobre la manera de implementar este sistema, que entrará en vigor el próximo junio.

El debate sobre este tema ha sido especialmente complejo, pues son pocos los países dispuestos a recibir solicitantes de asilo de otros socios europeos. La distribución exacta decidida por los Veintisiete este lunes es confidencial.