Luís Montenegro, primer ministro de Portugal
El Constitucional portugués intenta frenar la ley de nacionalidad aprobada por el Gobierno junto a Chega
El Ejecutivo del presidente Luís Montenegro ya se encontró con escollos para sacar adelante la ley de Extranjeros
Sigue el constante tira y afloja en Portugal entre las reformas aprobadas por el Gobierno conservador de Luís Montenegro, con el apoyo de Chega!, y los intentos de veto que vienen tanto desde órganos jurisdiccionales como el Constitucional o el Supremo, hasta los deseos del presidente del país. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional ha anunciado que considera contrarios a la Carta Magna varios artículos de la nueva ley de nacionalidad, aprobada por el Parlamento con los votos de la alianza conservadora del Gobierno junto a Chega. Los magistrados se pronunciaron tras una solicitud presentada por el Partido Socialista (PS) para que revisara varios artículos del texto después de que recibiera el visto bueno de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).
El presidente del Tribunal Constitucional, José João Abrantes, explicó en una comparecencia ante los medios que el pleno de la corte halló inconstitucionales cuatro normas del decreto del Parlamento para alterar la ley de nacionalidad. De esas cuatro normas, la corte se pronunció por unanimidad sobre tres y por mayoría sobre una.
Una de las propuestas que la corte vio inconstitucional por unanimidad es la que busca impedir el acceso a la ciudadanía portuguesa a quien haya sido condenado por un delito a dos o más años de prisión en el país ibérico, al considerar que se pone en riesgo el vínculo de integración en la comunidad lusa.
Otras son el punto que establece que la consolidación de la nacionalidad no debe operar en situaciones de «fraude manifiesto» y el que señala que la concesión de la ciudadanía queda pendiente de la fecha de entrada en vigor de los cambios en la legislación para comprobar que se cumple con los requisitos.
La cuarta propuesta declarada inconstitucional, que fue aprobada por la mayoría de jueces del Constitucional y un voto de disenso, estipula la cancelación del registro de nacionalidad si se registran conductas opuestas a la integración en la comunidad portuguesa y sus instituciones.
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El tribunal también declaró inconstitucionales algunos puntos de una alteración del Código Penal, aprobada el 28 de octubre en el Parlamento, en paralelo al proyecto de ley de nacionalidad, que contempla la pérdida del pasaporte portugués para los condenados a penas de prisión igual o superiores a cuatro años por delitos contra la vida, la integridad física o infracciones terroristas, entre otros, cometidos en los diez años posteriores a la naturalización. Los magistrados consideraron que varios puntos de esta medida son contrarios a la Carta Magna.
El Parlamento aprobó a finales de octubre cambios en la Ley de Nacionalidad para dificultar la obtención del pasaporte luso, que incluyen nuevos requisitos para lograr la ciudadanía, además de dejar de otorgarla automáticamente a los hijos de migrantes nacidos en el país.
El texto recibió luz verde con 157 votos a favor, gracias al acuerdo entre los dos socios del Gobierno, el conservador PSD y el democristiano CDS-PP, y Chega, además del apoyo de Iniciativa Liberal y del regionalista JPP. Votó en contra toda la izquierda, sumando 64 votos. Inmediatamente después, la unicameral Asamblea de la República aprobó otro borrador para modificar el Código Penal para poder arrebatar la nacionalidad cuando se cometan delitos graves, que contó con los mismos votos a favor.
Después de esta aprobación, el PS presentó al alto tribunal una solicitud para que revisara la constitucionalidad de varios puntos.
El Ejecutivo del presidente Luís Montenegro ya se encontró con escollos para sacar adelante la ley de Extranjeros, con restricciones a la reagrupación familiar de migrantes, que finalmente fue promulgada aunque tuvo que pasar dos veces por el Parlamento, después de que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviara el texto al Constitucional.
