Delcy Rodríguez mantiene a más de 900 presos políticos en las cárceles de la dictadura bolivariana

Venezuela está en el centro del huracán Trump y en medio de las miradas del mundo. La operación Resolución Absoluta fue un éxito militar sin precedente. Los cuerpos especiales de Estados Unidos lograron «extraer» a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, antes de que pudieran refugiarse en el lugar seguro donde pernoctaban. La «casa de los pinos», como se conoce el bunker donde, para Estados Unidos, se iba a ocultar el jefe del Cartel de los Soles, fue identificada gracias a los colaboradores del sucesor de Hugo Chávez.

Delcy Rodríguez fue identificada por un experto caza criminales y veterano colaborador de la CIA, como la persona que facilitó los detalles claves que hicieron posible la captura de Maduro y ahora su paso por el banquillo en los tribunales de Nueva York.

Hoy Rodríguez, con el apoyo público del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, –y del resto de la cúpula de la dictadura– reemplaza a Maduro en la Presidencia chavista y parece aceptar las condiciones que le ha impuesto Donald Trump para poder mantenerse temporalmente en el poder y dar paso a un transición ordenado, próspera (con el petróleo y las inversiones extranjeras) y que en un futuro desemboque en elecciones democráticas.

Delcy, como a conoce el mundo, presidió ayer su primer consejo de ministros, el mismo día que los nuevos legisladores ocuparon sus escaños en la renovada Asamblea Nacional. La mujer del régimen que, de momento, garantiza la continuidad del régimen bajo la tutela y condiciones de la Casa Blanca tiene ahora la posibilidad, por no hablar de obligación, de liberar a los más de 900 presos políticos que penan en las mazmorras de una de las dictaduras más crueles del siglo XXI.

El yerno de Edmundo González Urrutia

Entre los secuestrados bajo la figura de detenidos figura Rafael Tudares, yerno del presidente electo y legítimo en el exilio, Edmundo González Urrutia. Condenado a 30 años en una parodia de juicio, distintas versiones apuntan a que estaría preso en el Rodeo, un penal en las afueras de Caracas, en el Estado de Miranda.

En este penal compartiría celda con Antonio Sequea, capitán de la Guardia Nacional, y uno de los líderes, en 2020, del contragolpe contra Maduro en lo que se dio en llamar la Operación Gadeón. El militar lleva cinco años sometido a suplicios y en unas condiciones infrahumanas.

El Foro Penal publicó las estadísticas de los presos políticos que sufren el azote de la dictadura bolivariana que ahora tiene a Delcy Rodríguez en primera línea de fuego. El 15 de diciembre de 2025, 782 hombres y 120 mujeres permanecían –y permanecen– recluidos en los calabozos y centros clandestinos de detención del régimen.

De estos, 728 son civiles y 174 militares. La mayoría, según el Foro Penal, organización civil de reconocido prestigio, son adultos (898) y el resto menores.

Los desaparecidos

El Foro Penal observa que en total son 902 los detenidos por razones políticas y de estos se desconoce el paradero de 62. En cuanto a la nacionalidad de los detenidos, 86 tienen pasaporte de otros países.

Antonio Ledezma, exalcalde Caracas exiliado en España, observa: «la privación de libertad en contextos autoritarios no cumple únicamente una función punitiva o de seguridad; opera fundamentalmente como un activo de reserva política. Los regímenes que enfrentan aislamiento internacional o crisis de legitimidad perciben a la población carcelaria de carácter político como una moneda de cambio».

Asimismo, y sin olvidar las excarcelaciones del régimen las pasadas navidades, de más de 80 personas, reflexiona: «la liberación en períodos de baja movilización social (vacaciones decembrinas) reduce el riesgo de que la salida de los líderes opositores genere una protesta inmediata y masiva en las calles».

En el informe del Foro Penal las estadísticas demuestran que de todos los que permanecen entre rejas, apenas 162 tienen sentencia condenatoria mientras 740 aguardan un juicio que ya saben que no será justo ni transparente, salvo que Delcy Rodríguez, en su condición de «presidenta interina» opte por su liberación.

El Foro Penal ha registrado, desde 2014, 18.612 arrestos improcedentes. El organismo ha prestado asistencia a 14.000 detenidos que hoy están fuera de prisión así como a otras víctimas de violaciones de derechos humanos. El Foro destaca que, «además de los presos políticos, más de 10.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad» en Venezuela.