Erfan Soltani, el símbolo de la brutal represión del régimen iraní: juicios exprés y penas de muerte

Desde hace una semana, concretamente el pasado 8 de enero, el mundo no puede saber lo que está ocurriendo en Irán. El régimen de los ayatolás sumió a la población en la completa oscuridad, con un bloque total del internet y las telecomunicaciones, cuando entendió que no iba a ser capaz de frenar las protestas que empezaron como una respuesta a la crisis económica y que, con el paso de los días, tomaron un cariz político. La tarde del 8 de enero, se perpetró el apagón digital para que la comunidad internacional no pudiera ser testigo de la violencia ejercida por las autoridades iraníes contra los manifestantes. Ese día, Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años, fue arrestado en su domicilio simplemente por haber participado en las manifestaciones.

Soltani, natural de Fardis (Karaj), se encuentra recluido desde entonces en la prisión central de Karaj, acusado de «colusión contra la seguridad interna del país y de actividades de propaganda contra el régimen». La Organización Hengaw para los Derechos Humanos, con sede en Noruega, ha denunciado que el joven ha sido privado de sus derechos más básicos, como el acceso a asistencia jurídica, el derecho a la defensa y otras garantías procesales fundamentales. Su familia también sufre las consecuencias de este arresto que, según informa Hengaw, «ha sido deliberadamente desinformada sobre el proceso judicial». Soltani fue condenado a pena de muerte, una sentencia que debía ser ejecutada este miércoles, y de la que sus seres queridos se enteraron cuatro días después del arresto, lo que da a entender que el joven ni siquiera tuvo derecho a un proceso judicial justo.

Sin embargo, este jueves, y según un comunicado del Poder judicial iraní difundido por los medios estatales, el joven ya no será condenado a muerte. El organismo, en un escueto comunicado, ha explicado que la pena de muerte no es aplicable a los cargos que enfrenta Soltani. Un cambio de criterio que se hace público tan solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara este miércoles, durante un evento en la Casa Blanca, que «fuentes muy importantes del otro lado», en referencia a Irán, le habían asegurado que la matanza de manifestantes se había detenido y que las ejecuciones no se aplicarían.

Trump se ha atribuido este cambio de postura y en su red social Truth Social ha compartido una noticia de Fox News que dice: «El manifestante iraní ya no será condenado a muerte tras las advertencias del presidente Trump. Lo mismo ocurre con otros», que el republicano ha calificado de «buenas noticias» y ha añadido que «¡ojalá continúen!». Durante los últimos días, el mandatario había amenazado con atacar la República Islámica si sus autoridades seguían reprimiendo brutalmente las protestas. «Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA! –Make Iran Great Again–», escribió este martes el presidente estadounidense en redes sociales.

El mensaje coincidía con una reunión entre altos cargos de su Administración en la que se estudiarían los posibles planes de actuación con respecto al país persa. El caso Soltani es tan solo uno de las miles de historias de iraníes arrestados en el marco de las protestas que han desafiado al régimen durante más de dos semanas. Estos se enfrentan a juicios «exprés», bajo acusaciones falsas. Este mismo martes, el ministro de Justicia de la República Islámica, Amin Hossein Rahimi, en un nuevo intento de infundir miedo aseguró que «cualquiera que haya estado presente en las calles desde el 8 de enero en adelante es considerado definitivamente un criminal». Organizaciones de derechos humanos elevan el número de detenidos a más de 18.000, durante los 17 días de protesta, muchos de ellos podrían enfrentarse a penas de muerte, y más de 3.400 fallecidos.

La organización de derechos humanos Hengaw ha advertido sobre la «naturaleza acelerada y opaca de los procedimientos» y subrayan su «profunda preocupación por el creciente uso de juicios sumarios y ejecuciones contra detenidos en las recientes protestas». El apagón al que está sometido Irán, denuncian, no permite conocer la situación real de Soltani, ni de muchos otros detenidos. La familia de este joven, que se ganaba la vida como empleado de una tienda de ropa, ha confirmado que habían sido notificados por las autoridades iraníes de que la ejecución había sido pospuesta, pero no han podido verlo, a pesar de que este miércoles se desplazaron hasta las inmediaciones de la prisión de Karaj, donde se encuentra encarcelado.