Redes sociales: la palabra es el precio de la libertad

Esta semana ha venido con espectáculo pirotécnico: Pedro Sánchez, el político más activo en redes del país, el mismo que lleva siete años intentando controlar todo relato público, ha entrado como un miura contra Elon Musk y las redes sociales. La anécdota es el detalle que lo hace posible: ocurrió en X. Si hubiera sido una nota oficial, no se habrían enterado ni en Antequera. Pero en X un presidente publica, el dueño responde y, para desgracia de Sánchez, todo el mundo se ha enterado.

Desde Dubái, Sánchez anunció su intención de prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, exigir verificación de edad y «recuperar el control» de la gobernanza digital. Añadió un elemento aún más autoritario: explorar fórmulas para hacer responsables a ejecutivos de las redes por ciertos contenidos, incluida la «incitación al odio». La ironía moral del episodio es difícil de ignorar. En España, una chica menor de 16 años puede abortar sin consentimiento de sus padres. Y el marco de autodeterminación de género permite que, a partir de los 14, una persona solicite por sí misma el cambio de sexo. Ahora bien: cuando el debate es si puedes ver vídeos o leer opiniones en una aplicación, de repente vuelves a ser un menor perpetuo bajo tutela estatal.

El timing de los anuncios no deja de ser interesante. Tras las críticas de Musk en X a Sánchez por su regularización masiva de ilegales, Sánchez, tan demócrata él, se lanzó contra el magnate. ¿Casualidad? No creo. Las pulsiones autoritarias del personaje, su obsesión por controlar el relato, así como su habilidad de desviar la atención con controversias fabricadas para escapar de bucles informativos que le son dañinos, son de sobra conocidos.

Tampoco se escapa la ironía de que Musk compró Twitter en su día para liberarla del yugo woke que, en connivencia con la administración Biden, había impuesto políticas de cancelación de opiniones disidentes de la verdad oficial. El detonante fueron las vacunas de la Covid, pero tras ello se descubrió un auténtico ministerio de la verdad Orwelliano para eliminar las opiniones diferentes (y casi siempre conservadoras).

Habiendo perdido el control del medio —hasta el políticamente correcto Zuckerberg reconoció que se habían pasado de frenada—, estatistas y zurdos por igual han entrado en pánico porque ya no controlan el pensamiento de los jóvenes. La desintermediación y democratización de la información les ha quitado el monopolio. Incluso sus intentos de crear sus propias redes sociales (Blue Sky) han resultado ser un auténtico fracaso.

Hasta aquí, el sainete. Pero detrás del ruido hay un debate serio: Toda Europa está empezando a tratar la libertad de expresión como un riesgo a «gestionar». Desde Londres hasta Berlín, siempre con la excusa de evitar la incitación al odio, todos los inseguros políticos europeos pretenden controlar el discurso en la plaza pública.

Como decían los Borg en Star Trek, «toda resistencia es fútil». La experiencia australiana demuestra que no se pueden poner puertas al campo. Un simple VPN, que todo chaval mayor de 10 años conoce, ayuda a evitar las prohibiciones.

La iniciativa de Sánchez no pretende protegernos, pretende controlar los contenidos que podemos ver, tanto críos como adultos

Además, esa misma tecno-oligarquía que provoca las soflamas de Sánchez, ya ha encontrado la solución a la legítima preocupación sobre los menores y las redes sociales. Los programas de control parental no solo funcionan, sino que son mucho más efectivos que todo el BOE. Pero no molan; ¿porqué? Porque no los controla el estado… Y ahí se le ve el plumero a la iniciativa de Sánchez. No pretende protegernos, pretende controlar los contenidos que podemos ver, tanto críos como adultos.

En Sobre la libertad, John Stuart Mill defendía la libertad de expresión no porque todo discurso sea noble, sino porque incluso el error cumple una función: obliga a la verdad a justificarse y evita que se convierta en dogma por simple costumbre. Si conviertes al Estado en árbitro de lo decible, cambias el debate por un permiso.

La tradición estadounidense ha convertido esa intuición en un estándar jurídico casi absoluto. En Brandenburg v. Ohio, el Supremo sostuvo que el Estado no puede castigar la apología de la violencia salvo que el discurso esté dirigido a incitar una acción ilegal inminente y sea probable que la produzca. Se protege incluso lo detestable por una razón muy adulta: el censor suele ser peor que lo que pretende censurar. En New York Times v. Sullivan, se blindó la crítica a los cargos públicos elevando el listón de la difamación a falsedad conocida o temerario desprecio por la verdad. La idea era evitar la autocensura por miedo a pleitos: sin crítica áspera, la democracia se convierte en el aplauso obligatorio en una convención del Partido Comunista Chino.

Y cuando el Supremo miró a las redes, habló como quien describe una plaza pública moderna. En Packingham v. North Carolina, describió el papel central de las redes para informarse, expresarse y participar en la vida cívica contemporánea, incluso desde el anonimato. A este edificio de libertad bien construido, se le añadió recientemente una pieza técnica clave: la Sección 230. En términos sencillos, evita que se trate a las plataformas como «editoras» de lo que en ellas se publica, reduciendo el incentivo a borrar por pánico jurídico. Si haces responsable al intermediario de millones de voces, lo conviertes en censor preventivo. Exactamente lo que pretende Sánchez.

El modelo europeo: el comisariado moral

Pero Europa tiene otro temperamento: ante cualquier problema social, hiperregula. Con las redes sociales, esa pulsión ha cristalizado en el Digital Services Act (DSA) y en una cultura administrativa de «mitigación de riesgos» que empuja a las plataformas a comportarse como extensiones del Estado.

El DSA impone obligaciones específicas de protección de menores a plataformas accesibles a menores. Fuera del ámbito legislativo, la Comisión ha publicado guías para la protección de menores —diseño adictivo, ciberacoso, contactos indeseados— que se convierten de facto en la vara de medir del cumplimiento. Todo suena razonable… hasta que te preguntas quién define lo «razonable» cuando el ambiente político está tan polarizado. Aquí Tocqueville vuelve a ser útil: la tiranía moderna no siempre llega con botas; puede llegar con formularios, comités y un paternalismo que te «cuida» tanto que te infantiliza. El ciudadano deja de pensar en derechos y empieza a pensar en permisos.

Finalmente, lo de hacer responsables a los dueños de redes por lo que publican los usuarios es un error conceptual de manual. En la vida real sería como culpar a Telefónica por las conversaciones de sus clientes. El intermediario puede cooperar, y debe hacerlo ante delitos claros. Pero no se puede convertir a la plataforma en una policía preventiva de millones de voces donde se borran contenidos por miedo. A diferencia de un editor de un periódico, la red no controla lo que los usuarios suben a la nube.

Si el problema es identificar a quienes cometen delitos a través de posts —pornografía infantil, amenazas, chantaje, estafas, apología del terrorismo cuando cruza la línea penal—, la ley ya cubre esos supuestos. Y sí: aquí aparece la idea incómoda del anonimato. El anonimato protege al disidente, pero también al depredador. La salida razonable no es abolirlo, sino permitir identificación bajo orden judicial para delitos graves, con estándares y control. No da un titular, pero es lo que distingue una democracia adulta de una sociedad tutelada.

La polarización: no la inventó Twitter; la amplificó

La última excusa en el argumentario de Sánchez es que el Gobierno tiene un deber de reducir/evitar la polarización. — léase, eliminar de la plaza pública las opiniones que difieren radicalmente de las suyas. Aquí Sánchez, creo que sin darse cuenta, ha identificado un problema real. Durante la revolución industrial Emile Durkheim ya habló de la anomia: la pérdida de normas y marcos comunes que dan cohesión. Cuando una sociedad abandona sus elementos de unión —durante siglos, fue la religión y una moral compartida; después, instituciones y rituales cívicos— no siempre los sustituye por algo común, sino por una moral a la carta. Cada cual elige el catecismo que le gusta, y cuestionarlo se convierte en pecado. Y se pierde el sentido de comunidad.

Es la nueva religión: no de Dios, sino del yo. Putnam, en Bowling Alone, describió el derrumbe del capital social: menos asociaciones, menos vida comunitaria, menos vínculos cotidianos. Las redes no inventaron ese vacío; llegaron cuando ya existía y lo que han hecho es magnificarlo. En este nuevo mundo es posible pertenecer al grupo que comulga con mis ideas, sin convivir con la sociedad en el sentido más amplio. ¿El Resultado neto? La tribalización: solo hablamos con los nuestros, evitamos el roce con el que piensa distinto y convertimos la opinión en dogma.

Las redes, además, amplifican lo marginal. Un dato ilustra la distorsión: el presidente de la NCAA (liga universitaria americana) declaró ante el Senado americano que había menos de diez atletas trans entre unos 510.000 deportistas universitarios. Estadísticamente es una irrelevancia… y, sin embargo, ocupa un espacio gigantesco en el debate público. Hay chalados con megáfono (en todos los bandos) colonizando la conversación con asuntos que apenas afectan al 0.001 % de la gente. Y el algoritmo, encantado: la indignación es rentable.

Aquí está el punto decisivo. En una sociedad donde media población desconfía de la otra media, darle al Gobierno de turno la capacidad de decidir qué se puede decir es una temeridad. Hoy mandan «los tuyos»; mañana mandan «los otros». El botón no desaparece: cambia de mano. Y nunca un sistema seguro de sí mismo necesitó recortar la libertad de expresión: quienes temen la disidencia son los que piden aplicar la tijera y no para protegernos. Es puro pánico a que el mundo descubra que el rey está desnudo.

Y eso nos devuelve al paternalismo estatal. España ya escuchó una frase ministerial que retrata el impulso: «No podemos pensar… que los hijos pertenecen a los padres». Sin entrar en metafísica, los padres sí tienen la responsabilidad primaria de educar. Educación digital, sí. Reglas en el colegio, también. Pero que el Estado decida el calendario moral de mis hijos —qué pueden ver, cuándo y cómo— es confundir ciudadanía con tutela. Y mucho menos cuando los que deciden son los chalados de los simposios de vulvas.

La solución a la polarización no es ponerles un bozal a las redes. Es más participación, más debate, más fricción. Solo tenemos que decidir si queremos ser adultos… o menores con DNI.

Mientras tanto, que Sánchez siga discutiendo con Musk en X. Con 250 millones de seguidores, cada rifirrafe con el «martenauta» es un servicio de relaciones públicas… pero al revés: sin querer, se ha asegurado de que todo el mundo lo vea exactamente como es. Y, mientras Musk no le cancele la cuenta (como le gustaría hacer a el), que cada cual saque sus conclusiones.