Ecuador se alinea con Estados Unidos en una nueva cooperación estratégica contra el narcotráfico

Ecuador ha dado un paso decisivo hacia una cooperación militar más estrecha con Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, un movimiento que refleja tanto la gravedad de la crisis de seguridad que atenaza al país andino como el creciente alineamiento geopolítico del Gobierno de Daniel Noboa con la estrategia regional de Washington.

Ambos países han anunciado operaciones conjuntas contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, consideradas por algunos analistas el mayor nivel de coordinación bilateral desde el cierre en 2009 de la base militar estadounidense en Manta, durante el Gobierno de Rafael Correa.

En las últimas semanas, fuerzas de seguridad de Ecuador y Estados Unidos han realizado operaciones conjuntas en la frontera con Colombia, enfocadas en desmantelar campamentos de disidencias de las FARC y redes de narcotráfico. Estas acciones incluyeron drones, embarcaciones y patrullas terrestres coordinadas para neutralizar estructuras delictivas en la región noreste del país, dentro de un plan bilateral de seguridad y control de rutas de drogas.

Los operativos, que podrían intensificarse a partir de este domingo, forman parte de una cooperación más amplia que incluye intercambio de inteligencia, coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía, y nuevas iniciativas institucionales como la reciente apertura de una oficina del FBI en Ecuador.

Ecuador cerró 2025 como el país con la tasa de homicidios intencionales más alta de la región

Para Noboa, la alianza responde a la necesidad urgente de contener una crisis de violencia que ha transformado al país en uno de los principales epicentros del crimen organizado en Hispanoamérica. Ecuador cerró 2025 como el país con la tasa de homicidios intencionales más alta de la región (50,0 por cada 100.000 habitantes), según datos del Ministerio del Interior, y se encuentra entre los seis más violentos del mundo. Aproximadamente el 70 % de la cocaína producida en Colombia y Perú sale hoy por puertos ecuatorianos, lo que sitúa al país como plataforma clave del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

Un alineamiento geopolítico

Más allá de la urgencia de seguridad doméstica, la cooperación con Washington refleja un claro alineamiento político de Noboa con la estrategia hemisférica impulsada por Estados Unidos contra el crimen transnacional.

Según la analista ecuatoriana Carolina Andrade, especialista en seguridad regional, esta nueva fase de cooperación debe entenderse en un contexto geopolítico más amplio:

«Hay una acción política estadounidense que busca alinear a los gobiernos latinoamericanos hacia sus propios objetivos de seguridad», señala.

Para Andrade, el trasfondo de esta alianza «es claramente geopolítico», vinculado a prioridades estratégicas como el combate al narcotráfico, el control de flujos financieros ilícitos y el tráfico de insumos utilizados para producir fentanilo. En ese marco, Ecuador aparece como un socio clave en la estrategia estadounidense en el Pacífico suramericano, donde el Comando Sur mantiene una cooperación cada vez más estrecha con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La aproximación de Noboa también refleja un giro hacia modelos de seguridad más duros, similares a los impulsados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele o por Donald Trump: «Esta alianza regional muestra un alineamiento político del Gobierno de Noboa con la visión de seguridad de Bukele y de Trump».

El mandatario, quien asumió la presidencia en noviembre de 2023 y actualmente cumple casi tres años en su segundo período consecutivo, sufre un descenso en su popularidad y tiene una aceptación inferior al 40 %, en buena medida porque no ha logrado revertir la inseguridad.

«No es intervencionismo»: la defensa de Noboa

En una reciente entrevista con Univisión, Noboa defendió la cooperación con EE.UU.: «No es intervencionismo».

Argumentó que las fuerzas estadounidenses coordinarán su trabajo con las Fuerzas Armadas nacionales y bajo las competencias del Estado ecuatoriano. Esta declaración busca despejar la percepción de pérdida de soberanía o presencia militar unilateral. Sin embargo, no todos los detalles han sido transparentados ante la Asamblea Nacional ni órganos de control, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y el respeto a la Constitución.

Operaciones conjuntas bajo interrogantes

El anuncio de nuevas operaciones coincide con medidas de seguridad recientes, como el toque de queda nocturno entre las 23:00 y las 5:00, que entraron en vigor ya este domingo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, provincias clave para el narcotráfico.

El Gobierno ha indicado que el toque de queda facilitará operaciones de seguridad coordinadas, aunque no ha precisado el papel de las fuerzas estadounidenses. Andrade advierte que el impacto podría ser limitado si no se acompaña de reformas estructurales. «El toque de queda puede tener un efecto psicológico o mediático, pero no necesariamente afecta las estructuras criminales», valora.

El desafío de las disidencias de las FARC

La presión del crimen organizado no proviene solo de bandas locales. En los últimos años, disidencias de las antiguas FARC colombianas, especialmente el grupo Comandos de la Frontera, han expandido su presencia hacia el interior de Ecuador.

«Las disidencias de las FARC representan una nueva amenaza adicional a los grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico», explica Andrade.

Estos grupos operan en provincias amazónicas y costeras, y coordinan actividades como narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, lo que pone en entredicho la capacidad del Estado de controlar fronteras y anticipar amenazas transnacionales mediante inteligencia y cooperación regional.

Debate político y constitucional

El giro hacia la cooperación militar con EE.UU. ha generado controversia política en el ámbito doméstico. En noviembre de 2025, los ecuatorianos rechazaron en referéndum la reforma constitucional impulsada por Noboa, que habría permitido la instalación de bases militares extranjeras.

A pesar de ello, el Gobierno anunció operaciones conjuntas, cuyos detalles no han sido plenamente explicados, lo que, según sostiene Andrade, «pone en entredicho incluso la constitucionalidad de estas acciones».

Ni la Asamblea Nacional ni las comisiones parlamentarias han recibido información detallada sobre el alcance de la cooperación, lo que genera cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas.

Un Gobierno bajo presión

Noboa ha defendido su estrategia de seguridad como respuesta necesaria ante el crimen organizado e insistido en que la cooperación con EE.UU. no implica pérdida de soberanía. Su política también ha incluido decisiones controvertidas, como el aumento de aranceles a Colombia, tras acusar al Gobierno de Bogotá de no hacer lo suficiente en materia de seguridad fronteriza, recordando la presión comercial de la era Trump.

Mientras tanto, el Gobierno parece decidido a profundizar su alianza con Washington como eje central de su estrategia contra el narcotráfico. Sin embargo, expertos advierten que la cooperación internacional por sí sola difícilmente resolverá una crisis con raíces más profundas.

«La realidad, el problema de concentración (de ilícitos) sobre la frontera (de Colombia) con Ecuador es un proceso de al menos 25 años», afirma en X, antes Twitter, el experto en seguridad y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), Daniel Pontón.

La cooperación con Estados Unidos busca brindar un respiro táctico frente a una crisis de décadas, con impactos en el ámbito geopolítico e interno, pero expertos advierten que persisten las dudas sobre cómo desmantelar de manera estructural a redes criminales consolidadas, sin perder soberanía ni comprometer la legalidad.