El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya
El gobernador mexicano acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico renuncia de manera «temporal»
Rubén Rocha Moya, muy cercano al expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que se aparta de su cargo como gobernador de Sinaloa mientras dure la investigación
El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes que pedirá la «licencia temporal» –en otras palabras que renunciara durante un tiempo– de su cargo tras la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) de México por las acusaciones vertidas por Estados Unidos en su contra y de otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.
«Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada», explicó Rocha Moya en un vídeo publicado en redes sociales.
En medio del sismo político entre ambos países, el gobernador del partido oficialista Morena reiteró que los señalamientos en su contra son «falsas y dolosas acusaciones». En ese sentido, aseguró que tiene «la conciencia tranquila» y que es su «vida de trabajo» la que respalda sus afirmaciones.
«No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos», sentenció al referirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
A lo largo del vídeo, el funcionario se declaró como inocente frente a las acusaciones divulgadas el pasado miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre las que se presumen presuntas conspiraciones con líderes del Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
«A mi pueblo y a mí familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de este país lo requieran», zanjó.
Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó la licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
La decisión de ambos funcionarios ocurrió antes de la media noche y de forma expedita en medio de un sismo político entre ambos países, un asunto que investigará la FGR después de haber solicitado «todas las pruebas, argumentos, informes y documentos» del caso.
