La Iglesia venezolana exige responsabilidades por la muerte bajo custodia estatal de Víctor Quero

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó este domingo su «profunda consternación y dolor» por la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, reconocida esta semana por el régimen venezolano después de meses de búsqueda desesperada por parte de su madre, Carmen Navas. La Iglesia exigió además que se determinen las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios implicados.

En un comunicado difundido con motivo del Día de la Madre, la CEV reclamó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo actuar «con verdadera autonomía e independencia» ante un caso que ha provocado una fuerte conmoción en Venezuela y nuevas denuncias sobre la situación de los presos políticos en el país.

«Es imperativo determinar las responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso», afirmó la organización eclesial.

La Conferencia Episcopal mostró también su solidaridad con Carmen Navas, cuya búsqueda de su hijo definió como «el viacrucis de tantas familias venezolanas». «Su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo», señaló el comunicado.

La Iglesia recordó asimismo que el Estado venezolano «tiene el deber moral y jurídico irrenunciable de garantizar la vida e integridad física de los privados de libertad» y denunció como una muestra de «falta de transparencia y probidad» que las autoridades continuaran ofreciendo información contradictoria sobre el paradero de Quero Navas cuando, según la versión oficial, ya había fallecido desde julio de 2025.

«El hecho de que se negara su paradero en recintos como El Rodeo I, mientras ya había fallecido, constituye una falta gravísima a la ética pública. Esta ocultación deliberada configura elementos de desaparición forzada, un delito que la justicia no puede ni debe ignorar», advirtió la CEV.

El pronunciamiento se produce después de que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmara el jueves la muerte de Quero Navas, quien, según la versión oficial, permanecía recluido en la cárcel de El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. El Gobierno aseguró que fue trasladado el 15 de julio a un hospital tras sufrir una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo» y que murió días después por una «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».

La confirmación oficial llegó casi diez meses después del fallecimiento y tras reiteradas denuncias de familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos que acusaban al régimen de ocultar información sobre el detenido.

La exhumación del cuerpo, realizada el viernes por orden de la Fiscalía, también fue objeto de atención por parte de la Iglesia venezolana, que pidió la participación de expertos internacionales para validar los hallazgos y esclarecer lo ocurrido.

«Es necesario determinar responsabilidades penales por la desaparición forzada y detener la crueldad institucional que revictimiza a la madre», subrayó la Conferencia Episcopal.

El mismo jueves, la Defensoría del Pueblo solicitó una investigación «exhaustiva e independiente», mientras que la Fiscalía anunció el inicio de averiguaciones penales sobre el caso.

La líder opositora María Corina Machado condenó la muerte de Quero Navas y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos «antes de que mueran más».

Según organizaciones no gubernamentales venezolanas, al menos 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014.