Polonia emite una orden de detención europea contra Pablo González, el periodista español acusado de espiar para Rusia

La causa judicial abierta en Polonia contra el periodista hispano-ruso Pablo González ha entrado en una nueva fase. Después de varios meses marcados por la imposibilidad de celebrar el juicio debido a la ausencia del acusado, las autoridades judiciales polacas han activado una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), un instrumento que permitirá solicitar su arresto en cualquier Estado miembro de la Unión Europea si entra en territorio comunitario.

El movimiento supone un endurecimiento de las medidas cautelares, pero no altera un aspecto esencial del procedimiento: Pablo González no ha sido condenado. La causa sigue en fase judicial y la cuestión de fondo –si actuó o no como colaborador de la Inteligencia militar rusa– continúa pendiente de resolución.

La situación procesal actual es consecuencia directa de lo ocurrido tras el intercambio internacional de prisioneros de agosto de 2024.

González, detenido por Polonia en febrero de 2022 acusado de espiar para el GRU ruso, permaneció alrededor de dos años y medio en prisión preventiva sin que llegara a celebrarse el juicio. Fue posteriormente incluido en el histórico intercambio de presos entre Rusia y varios países occidentales, tras el cual se trasladó a territorio ruso. La Fiscalía polaca mantuvo intacta la acusación penal y presentó formalmente el escrito de acusación por un presunto delito de espionaje castigado con entre tres y quince años de prisión según el Código Penal polaco.

Cuando el tribunal fijó las primeras vistas del juicio, González no compareció. Según explicó oficialmente la portavoz del Tribunal de Distrito de Varsovia, Anna Ptaszek, tampoco respondieron las citaciones remitidas a distintas direcciones conocidas en España, Polonia y Rusia. La legislación polaca exige que, tratándose de delitos graves, el acusado esté presente al menos en la sesión inicial, donde se leen formalmente los cargos y manifiesta si los acepta o los rechaza. Esa circunstancia impidió que el procedimiento pudiera desarrollarse con normalidad.

La decisión conocida ahora tiene su origen en una resolución anterior del Tribunal de Apelación de Varsovia.

Ese órgano acordó imponer tres meses de prisión preventiva, una medida que no respondía a una nueva detención –el acusado permanece fuera del alcance de la Justicia polaca–, sino al requisito legal indispensable para que pudiera emitirse posteriormente una orden internacional de búsqueda y detención. La portavoz del tribunal, la jueza Ewa Leszczyńska-Furtak, confirmó que la prisión preventiva se ejecutará «por un período de tres meses a partir de la fecha de su detención».

Con ese trámite completado, el Tribunal Regional de Varsovia ha activado ahora la Orden Europea de Detención y Entrega.

¿Qué implica una Orden Europea de Detención?

La OEDE no equivale a una condena ni constituye una declaración de culpabilidad.

Se trata de un mecanismo de cooperación judicial vigente entre los Estados miembros de la Unión Europea que permite a un país solicitar la detención y entrega de una persona reclamada para ser juzgada o para ejecutar una resolución judicial.

En la práctica, si Pablo González viajara a cualquier Estado miembro de la UE, las autoridades de ese país podrían proceder a su arresto y tramitar su entrega a Polonia conforme al procedimiento previsto en la normativa europea. Rusia, sin embargo, no está obligada a ejecutar una Orden Europea de Detención por no formar parte de este sistema de cooperación judicial.

El exministro de Justicia polaco Zbigniew Ćwiąkalski resumía recientemente esa situación señalando que González «no podrá abandonar Rusia en su propio beneficio», ya que, si entra en numerosos países europeos, podría ser detenido en ejecución de la orden emitida por Varsovia.

Uno de los aspectos que más atención ha despertado de la resolución judicial es la afirmación de que existe una «elevada» probabilidad de que el acusado sea condenado a una pena de prisión si finalmente resulta declarado culpable.

Esa expresión figura dentro del razonamiento utilizado por el tribunal para justificar la adopción de medidas cautelares y valorar el riesgo de fuga, no constituye un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del procedimiento ni sustituye a una sentencia. La culpabilidad o inocencia únicamente podrá determinarse cuando concluya el proceso judicial con todas las garantías previstas por la legislación polaca.

La Fiscalía sostiene que Pablo González –también identificado en la documentación judicial por su nombre ruso, Pável Rubtsov– habría participado entre 2016 y febrero de 2022 en actividades de Inteligencia para el GRU, aprovechando su trabajo como periodista para obtener y transmitir información cuya divulgación habría podido perjudicar a la República de Polonia y a la OTAN. Esas son las imputaciones que sustentan la acusación formal presentada por el Ministerio Público.

Por su parte, la defensa mantiene que las acusaciones carecen de fundamento y ha cuestionado tanto la prolongada prisión preventiva sufrida por González como la continuidad del procedimiento tras su salida de Polonia en el marco del intercambio internacional de presos.

Una causa todavía abierta

La decisión adoptada por la Justicia polaca no cierra el procedimiento ni acerca necesariamente una sentencia.

Lo que sí modifica es la posición procesal del acusado. Desde este momento, cualquier desplazamiento a un Estado miembro de la Unión Europea podría desembocar en su detención y eventual entrega a Polonia para responder ante el tribunal que instruye la causa.

Tres años después de la detención que abrió uno de los casos de espionaje más controvertidos vinculados a la invasión rusa de Ucrania, el proceso continúa sin una resolución sobre el fondo. La novedad de estos días no reside en un juicio ni en una condena, sino en la activación del principal instrumento judicial europeo destinado a garantizar que el acusado pueda comparecer ante los tribunales que siguen reclamando su presencia.