Marine Le Pen a su llegada al Tribunal de Apelaciones de París
Cronología del calvario judicial de Marine Le Pen que no garantiza su candidatura
La mujer que encarna toda la fuerza de la derecha en Francia conoce ya su destino inmediato en el tablero de la política: poder volver a intentar llegar al palacio del Eliseo.
La rebaja de la condena del Tribunal de Apelación de París, de cinco años a 15 meses de inhabilitación para ejerce cargos públicos, le permite competir en las urnas y podría dejar a su delfín, Jordan Bardella, en lista de espera para ocupar supuesto. pero nada está garantizado.
Le Pen, legalmente, podría presentarse, pero la condena incluye un año de prisión domiciliaria con pulsera electrónica. Este «detalle» la obliga a pedir permiso al juez si quiere hacer campaña electoral. Este escenario lo rechazó de plano esta semana al declarar que sólo competiría si lo podía hacer «en libertad».
La historia comenzó en 2015 con el cambio de destino de fondos europeos que debían emplearse para asuntos relativos a la Eurocámara, pero el Frente Nacional que lideraba entonces Jean-Marie Le Pen los usó para beneficio particular del partido. He aqui la cronología de los hechos
2015: el principio del fin
El caso comenzó en marzo de 2015, cuando la Eurocámara alertó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre posibles irregularidades en la contratación de asistentes parlamentarios del Frente Nacional.
Veinte asistentes financiados con fondos europeos, como recuerda Efe, fueron señalados por sospechas de trabajar total o parcialmente para el partido en lugar de ejercer funciones vinculadas al Parlamento Europeo. Paralelamente, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar.
2016: Bruselas pide recuperar los fondos
En 2016, la OLAF entregó su informe y el Parlamento Europeo inició procedimientos de recuperación de fondos. A Marine Le Pen se le reclamaron cerca de 340.000 euros correspondientes a dos asistentes parlamentarios: Catherine Griset y Thierry Légier, una cantidad que la dirigente terminó devolviendo en 2023.
En total, las instituciones europeas reclamaron alrededor de 1,1 millones de euros a varios eurodiputados del FN, entre ellos el patriarca Jean-Marie Le Pen y su mano derecha Bruno Gollnisch.
La investigación judicial se amplió por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
2017-2018: Le Pen y el partido imputados
En 2017 comenzaron las primeras imputaciones contra asistentes parlamentarios vinculados al FN. Ese mismo año, el exeurodiputado Aymeric Chauprade afirmó que Marine Le Pen había pedido a los nuevos representantes europeos del partido delegar en ella la contratación de asistentes, acusación que la dirigente negó.
Entre finales de 2017 y 2018, Marine Le Pen, el FN y varios dirigentes del partido, entre ellos Louis Aliot (su pareja durante una década), fueron imputados por abuso de confianza o complicidad, una calificación que posteriormente pasó a ser la de malversación de fondos públicos.
2018: embargo de fondos
En junio de 2018, los jueces ordenaron el embargo de dos millones de euros en subvenciones públicas destinadas al partido, que acababa de cambiar su nombre de Frente Nacional a Agrupación Nacional.
La formación denunció una maniobra política y recurrió la decisión. La justicia consideró entonces que existían indicios de un sistema organizado para utilizar fondos europeos en beneficio del partido. Posteriormente, el embargo fue reducido a un millón de euros.
En 2019 se incorporaron al procedimiento nuevos imputados, entre ellos Yann Le Pen, hermana de Marine Le Pen, y Jean-Marie Le Pen, fundador del FN.
2022-2024: el juicio
La investigación terminó en 2022. En diciembre de 2023, los jueces financieros ordenaron enviar a juicio a Marine Le Pen, al RN y a otras 25 personas.
El proceso se celebró entre septiembre y noviembre de 2024 ante el Tribunal Correccional de París. Jean-Marie Le Pen no fue juzgado por razones médicas y falleció en enero de 2025.
31 de marzo de 2025: inhabilitación
El Tribunal Correccional de París concluyó que existió un «sistema» destinado a pagar con fondos europeos a empleados que trabajaban para el partido. El perjuicio económico fue evaluado en unos 3,2 millones de euros, teniendo en cuenta las cantidades consideradas indebidamente abonadas y posteriormente reembolsadas.
Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes con posibilidad de cumplimiento con pulsera electrónica, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata.
La sentencia supuso un terremoto político, ya que la apartaba provisionalmente de una nueva candidatura presidencial. Le Pen recurrió la decisión junto a RN y otros once condenados, entre ellos Louis Aliot, Nicolas Bay y Bruno Gollnisch.
7 de julio de 2026: sentencia decisiva
El juicio en apelación se celebró entre enero y febrero de 2026 ante el Tribunal de Apelación de París. Durante el proceso, Marine Le Pen negó haber cometido delito alguno y defendió la legalidad de las contrataciones, aunque admitió posibles errores de gestión e insistió en que actuó de buena fe.
La Fiscalía solicitó mantener una pena de cinco años de inhabilitación, además de cuatro años de prisión, pero la revisión de la sentencia ha hecho caso omiso a su solicitud. Marine Le Pen vuelve a estar en condiciones de dar pelea por el Eliseo. Otra cosa es que, al no poder hacerlo libremente, dude si cederle el puesto a Jordan Bardella, su favorito.
