Fraude, corrupción y catástrofe humanitaria en Venezuela

La verdad, tarde o temprano, siempre termina por imponerse ante la mentira institucionalizada. Durante años hemos venido denunciando con vehemencia que el régimen chavista instaló en Venezuela una corporación criminal disfrazada de Gobierno; peor aún, una timadora revolución cuyo principal sostén institucional fue una maquinaria milimétricamente diseñada para, después de escalar al poder aprovechándose de las virtudes de la democracia, dar inicio a un siniestro plan para distorsionar, boicotear y secuestrar los procesos electorales.

Hoy, esta realidad ya no es solo el clamor de quienes resisten desde el alero de una oposición perseguida, sino una verdad desnuda, documentada con rigor ante la comunidad internacional. La desclasificación de documentos de la CIA expone de forma irrefutable los planos técnicos y complots orquestados desde Caracas para manipular digitalmente los resultados electorales; una alquimia tecnológica mediante la duplicación de sistemas y la alteración de actas, invisibles al ojo desnudo pero devastadoras para la voluntad popular.

Estos informes ponen al descubierto el engranaje fraudulento que fraguó las más descaradas trampas de nuestra historia contemporánea. Este perverso esquema no operaba de forma aislada, sino a través de un método de fraude combinado y continuo: no se trataba de irregularidades puntuales el día de la votación, sino de una sistemática política de Estado ejecutada por «comisarios políticos» que secuestraron progresivamente los poderes públicos. Bajo sus órdenes directas, procedieron al envenenamiento metódico del Registro Electoral Permanente y convirtieron el sistema de identificación ciudadana en un mercado de transacciones clientelares, otorgando la nacionalidad y la identidad venezolana a discreción y conveniencia del proyecto totalitario.

Para garantizar la impunidad de este asalto democrático, el régimen colocó pesadas amarras a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República, transformándolas en arietes de persecución judicial destinados a linchar moralmente e inhabilitar políticamente a cualquier liderazgo incómodo que la sala situacional de la dictadura decidiera extirpar. Todo esto ocurrió bajo la complicidad absoluta de un Tribunal Supremo de Justicia cuyas salas penal, electoral y constitucional quedaron reducidas a una corte de comparsas que bailan sumisamente al son que les toca la orquesta dictatorial.

Al carecer por completo de autonomía, instituciones como el TSJ, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Contraloría, los cuerpos policiales y los servicios de identificación actuaron en una perfecta y aciaga sincronía. Lograron así trucar la matemática electoral en comicios presidenciales, legislativos, regionales, municipales y referéndums. Estamos ante una corporación mafiosa en plena ejecución. Es el reflejo de un régimen que, bajo la premisa de «cuando pierde, arrebata», aplica la fórmula del despojo, el desacato o la usurpación cada vez que sufre un revés en las urnas que ellos mismos controlan, tal como nos ocurrió tras ganar legítimamente la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

Sin embargo, el robo de la soberanía popular fue solo el medio para alcanzar un fin aún más oscuro: el saqueo absoluto de la nación. El aparato estatal usurpado se convirtió en la franquicia perfecta para acometer los actos de corrupción más escandalosos del planeta. Desmantelaron y exprimieron hasta la asfixia los réditos de la industria petrolera, e inyectaron la voracidad de sus máquinas depredadoras en el Arco Minero y en el Amazonas, desatando un ecocidio feroz para arrebatar nuestro oro.

Al mismo tiempo, hipotecaron el presente y el porvenir de las próximas generaciones al asumir deudas externas opacas, injustificadas y de dimensiones colosales. Esos miles de millones de dólares, desviados hacia los bolsillos de la cúpula, provocaron de manera directa la parálisis y el colapso absoluto de la red de servicios públicos, desencadenando con ello la diáspora más grande, desgarradora y dolorosa en la historia del hemisferio occidental.

Venezuela quedó devastada. Las ruinas que hoy conmueven al mundo no son el resultado fortuito de un desastre natural –como el doblete sísmico del pasado 24 de junio–, sino la consecuencia directa de un catálogo de políticas maliciosas fríamente calculadas desde el primer día en que el proyecto totalitario tomó el poder. Lo hicieron tasajeando leyes a su conveniencia, imponiendo cepos cambiarios y controles de precios asfixiantes, violentando de forma flagrante la propiedad privada, amordazando la libertad de expresión y demoliendo el tejido institucional hasta hacer implosionar por completo el Estado de derecho.

Por estas razones, la ofensiva antinarcótica y antiterrorista desplegada por la comunidad internacional –liderada por los Estados Unidos– nunca fue un asunto de simple retórica diplomática o política exterior, sino una urgencia de seguridad hemisférica y de supervivencia humana. Venezuela dejó de ser una república soberana para convertirse en el epicentro de un poderoso cartel de drogas y en un enclave terrorista que amenazaba directamente la estabilidad de Occidente. Desmantelar ese andamiaje criminal, someter a sus cabecillas ante la justicia por narcoterrorismo y asfixiar las rutas que financiaban la opresión del pueblo ha sido el paso indispensable para neutralizar a unas mafias que operaban bajo el manto de la total impunidad.

Ante este panorama, la complacencia internacional no puede tener cabida. Es imperativo hacerle justicia a un pueblo que ha sufrido lo inimaginable bajo el yugo de una corporación que desmanteló los cimientos éticos y morales de nuestra república. Ya basta de hacerle el juego a los responsables directos de esta catástrofe humanitaria. Con las pruebas del fraude digital expuestas ante los ojos del mundo y las estructuras criminales en evidente retroceso, la hora de la reconstrucción, de la justicia y de la restitución democrática definitiva no admite más dilaciones.