Washington respalda la decisión de Venezuela de abandonar la CPI y los califica de «corrupto»

El Gobierno de Estados Unidos celebró la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional y aprovechó el anuncio para intensificar su postura contra el tribunal, al que calificó nuevamente de «corrupto», «sin valor» y carente de legitimidad.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Washington dio la bienvenida a la medida anunciada por la líder chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos estadounidenses para «desmantelar» la Corte.

El Gobierno estadounidense sostuvo además que la Corte «no es creíble, independiente ni legítima».

Washington cuestionó la efectividad del tribunal, señalando que la CPI ha estado investigando a Nicolás Maduro desde 2018 sin obtener resultados. El Departamento de Estado acusó a la institución de incurrir en una «extralimitación», «sesgo político» y «aplicación selectiva de la justicia» por destinar recursos a investigar a ciudadanos de países con sistemas judiciales competentes que nunca aceptaron su jurisdicción.

Asimismo, la Administración Trump destacó que Maduro, actualmente detenido en EE. UU., enfrenta la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió, e hizo un llamamiento global para que todos los Estados parte abandonen el Estatuto de Roma.

La salida de Venezuela de la Corte

La reacción de Estados Unidos se produjo un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma. El canciller venezolano, Félix Plasencia, y la presidenta encargada sostuvieron que la CPI ha actuado con un sesgo desproporcionado contra países del «sur global», en particular de África y Latinoamérica, respondiendo a intereses ajenos a la justicia.

Según detallaron, la decisión ya fue formalmente comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiterando que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto a la soberanía.

Por su parte, la CPI lamentó la postura venezolana y recordó que la retirada no tiene efecto inmediato. Conforme a las normas del Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año a partir de la notificación formal y estará obligada a continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos en curso.

Cabe destacar que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 permanece abierta desde 2018 y, aunque el anterior ejecutivo intentó frenarla, la Corte autorizó la reanudación de las pesquisas en 2023.