Péter Magyar, 100 días en el Gobierno húngaro: ¿qué ha cumplido?

Decenas de periodistas de todo el mundo nos agolpamos frente al Parlamento de Budapest, para obtener la primera imagen del nuevo primer ministro de un país que había permanecido bajo el mandato de un mismo hombre durante 16 años: Víktor Orbán. Ostentaba el lujo de ser el mandatario con más años en el poder de toda la Unión Europea.

Salía Víktor Orbán y entraba Péter Magyar, un joven que había salido de las filas de Fidesz. Tras una intensa y polarizada campaña electoral con injerencias internacionales, el partido de Tisza conseguía 141 de los 199 escaños del Parlamento húngaro en las elecciones del 12 de abril de este año. Obtuvo el 53,2 % de los votos, mientras que Fidesz-KDNP conseguía solo 52 escaños.

Péter Magyar llegó al poder con una mayoría que ningún Gobierno húngaro había tenido para desmontar el sistema que acababa de heredar. El 12 de abril, su partido, Tisza, obtuvo dos tercios del Parlamento. El 9 de mayo Magyar tomó posesión como primer ministro. Cien días después el balance es el de un gobierno que ha avanzado con enorme rapidez en la reconstrucción institucional, pero que todavía no puede presentar resultados equivalentes en la economía, los servicios públicos o el nivel de vida.

La transformación más visible se ha producido en aquello que Magyar prometió cambiar primero: el Estado.

Su gobierno ha puesto fin al régimen de excepción que había permitido durante años gobernar mediante decretos; ha creado ministerios independientes para Sanidad y Educación; limitado constitucionalmente a ocho años acumulados el mandato de un primer ministro –una reforma que impide a Orbán volver a ocupar el cargo– y ha abolido la Oficina de Protección de la Soberanía, una de las instituciones más características del sistema de Fidesz.

También se ha producido un giro decisivo en la lucha contra la corrupción. Hungría solicitó en mayo entrar en la Fiscalía Europea (EPPO) y la Comisión Europea confirmó en julio su incorporación. Será el vigésimo quinto Estado participante y la institución tendrá presencia permanente en Hungría para investigar delitos que afecten al presupuesto comunitario. Era una de las promesas más significativas de Magyar y una de las decisiones que más claramente lo separan de Orbán.

A ello se suma la creación de una nueva oficina nacional destinada a localizar y recuperar patrimonio público presuntamente perdido por corrupción. El gobierno ha remitido al parlamento el proyecto, aunque la existencia de la oficina no significa todavía que se haya recuperado el dinero. Paralelamente, las autoridades han llevado a la policía contratos de la época de Orbán por valor superior a 100.000 millones de forintos, unos 316 millones de dólares, relacionados con software educativo y sospechas de falta de competencia y precios excesivos.

La gran batalla con Bruselas

Aquí Magyar puede exhibir su mayor éxito internacional, aunque conviene medirlo con precisión.

La Comisión Europea acordó en mayo desbloquear 16.400 millones de euros de fondos comunitarios anteriormente congelados. El paquete comprende 10.000 millones del mecanismo de recuperación, 4.200 millones de fondos de cohesión y otros 2.200 millones ligados a reformas adicionales. No obstante, el dinero no llegó automáticamente a las arcas húngaras: el desembolso está condicionado al cumplimiento de hitos y reformas. En julio, además, el Consejo de la UE aprobó el nuevo plan húngaro de recuperación, que abre la posibilidad de recibir otros 10.000 millones, aproximadamente 6.500 millones en subvenciones y 3.500 millones en préstamos.

El cambio político respecto a Orbán es evidente. Durante los últimos años de su Gobierno, Hungría mantuvo un enfrentamiento recurrente con Bruselas por el Estado de derecho, la corrupción y la independencia judicial. Magyar ha convertido precisamente esas condiciones europeas en parte de su programa de Gobierno.

Pero los fondos siguen siendo uno de los principales frentes abiertos. El plan de recuperación debe ejecutarse bajo unos plazos extremadamente ajustados y buena parte de las reformas pendientes debe completarse antes de finales de agosto.

Promesas sin cumplir

La lista de promesas económicas y sociales incumplidas o aún en proceso es mucho más extensa que la de reformas institucionales.

No ha cumplido todavía su objetivo de situar el déficit público por debajo del 3 %. El Gobierno heredó unas cuentas especialmente deterioradas: la previsión manejada por las autoridades sitúa el déficit de 2026 en torno al 6,8 % del PIB. Magyar ha anunciado una revisión del presupuesto y mantiene como objetivo aproximarse a las condiciones necesarias para adoptar el euro hacia 2030, pero actualmente Hungría no cumple los criterios de Maastricht.

Tampoco se han materializado en estos primeros meses las grandes promesas de transformación de la sanidad: más financiación estructural, reducción de las listas de espera, nuevos hospitales y una mejora sustancial de los tiempos de respuesta de las ambulancias. La creación del Ministerio de Sanidad sí está hecha; la reforma del sistema, no.

En Educación ocurre algo parecido. Se ha creado un ministerio independiente y se han restablecido derechos sindicales y de huelga de los profesores, pero la promesa de aumentar un 25 % los salarios de los docentes no se han cumplido. El incremento adicional aprobado para 2026 queda todavía muy lejos de ese objetivo.

Tampoco están ejecutadas las grandes medidas fiscales anunciadas: reducción del impuesto sobre la renta de los trabajadores con salarios bajos, impuesto sobre los grandes patrimonios, IVA del 5 % para determinados alimentos y madera, ampliación del régimen KATA para pequeños empresarios o reducción sustancial de la burocracia empresarial. Son compromisos que siguen en fase de desarrollo.

En política social, el Gobierno sí ha puesto en marcha una ayuda escolar de 100.000 forintos (unos 274,77 euros) por niño para familias necesitadas, prevista para unos 400.000 menores. Es una medida concreta y ejecutable, pero está muy lejos de representar el conjunto de las promesas sociales de TISZA: duplicación de determinadas prestaciones familiares, aumento de las pensiones, nuevas plazas residenciales para mayores o incrementos salariales del 25 % en sectores sociales.

Cambiar a Orbán sin parecerse a Orbán

Es probablemente la contradicción más delicada de estos primeros cien días.

Magyar ha utilizado su mayoría de dos tercios para modificar la Constitución y retirar a figuras e instituciones asociadas al anterior sistema. En julio el Parlamento terminó anticipadamente el mandato del presidente Tamás Sulyok, elegido durante la etapa de Fidesz, y el 11 de agosto eligió como nuevo jefe del Estado a András Baka, antiguo presidente del Tribunal Supremo y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fidesz boicoteó la votación.

Magyar sostiene que está restaurando los controles democráticos eliminados durante los gobiernos de Orbán. La oposición sostiene exactamente lo contrario: que Tisza está utilizando su mayoría para sustituir rápidamente a los cargos y estructuras del antiguo sistema por los suyos.

Los datos permiten sostener ambas cosas en parte, pero no permiten afirmar que exista ya un nuevo régimen comparable al de Orbán. Sí permiten afirmar que la concentración de poder parlamentario de Magyar es extraordinariamente elevada y que algunas decisiones –especialmente la destitución anticipada del presidente– han provocado controversia sobre el procedimiento utilizado. Una encuesta de Publicus realizada en julio encontró que casi la mitad de los consultados consideraba correcta la forma de sustituir a Sulyok, mientras alrededor de tres de cada diez veía problemas de Estado de derecho en el procedimiento.

¿Qué dicen los húngaros?

La opinión pública ofrece una imagen menos triunfalista que la magnitud de la victoria electoral.

En mayo, el 72 % de los encuestados por Publicus consideraba a Magyar apto para ser primer ministro y esperaban que el país evolucionara positivamente con Tisza. En julio, el porcentaje que lo consideraba apto había bajado al 62 %. Al mismo tiempo, sin embargo, el porcentaje que consideraba que Hungría iba en la dirección correcta había subido del 54 % al 63 %. Tisza conservaba además una ventaja enorme: 52 % de apoyo entre todos los encuestados frente al 23 % de Fidesz.

Otra encuesta de Medián, realizada en junio, encontraba que el 72 % de los húngaros quería que Magyar siguiera desempeñando un papel político importante. Y existe una demanda muy concreta detrás de esa aceptación. En una encuesta de Publicus realizada en mayo, seis de cada diez húngaros señalaban como prioridades del nuevo Gobierno la sanidad, la educación, la economía y el aumento del nivel de vida. Ocho de cada diez consideraban necesario investigar los abusos del anterior Gobierno.

La conclusión es significativa: el electorado que llevó a Magyar al poder no votó solamente para expulsar a Orbán; espera ahora resultados materiales.

Orbán: en el punto de mira

Viktor Orbán ha sufrido la mayor derrota política de su carrera, pero no ha abandonado la política.

No ocupa un escaño en el nuevo Parlamento: después de perder las elecciones decidió no asumir el puesto que había obtenido y dijo que necesitaba dedicarse a reorganizar la derecha. En junio fue reelegido presidente de Fidesz con 729 votos de 737 delegados, sin candidato alternativo.

Desde entonces actúa como jefe de la oposición y ha comenzado a reconstruir Fidesz para sobrevivir fuera del Gobierno. El partido ha adoptado una estrategia de resistencia contra las reformas de Magyar y acusa al nuevo Ejecutivo de utilizar métodos autoritarios. Orbán continúa siendo, por tanto, un actor político relevante, aunque ha perdido el control del aparato estatal.

Su regreso como primer ministro, sin embargo, está jurídicamente bloqueado. La reforma constitucional aprobada en junio establece un máximo acumulado de ocho años en el cargo desde 1990. Como Orbán ha superado ampliamente ese límite, no puede volver a ser primer ministro bajo la normativa actualmente vigente.

Otra cuestión distinta sería la Presidencia de la República. El presidente húngaro es elegido por el Parlamento y no directamente por los ciudadanos; el cargo es de cinco años. La limitación de ocho años introducida por Magyar afecta al puesto de primer ministro, no constituye por sí misma una prohibición para que Orbán pudiera ser candidato a presidente de la República. No hay, sin embargo, evidencia contrastada de que Orbán esté preparando una candidatura presidencial.