«El primer ministro Péter Magyar ha provocado una crisis institucional al exigir mi dimisión»

El primer ministro, Péter Magyar, anuncia una nueva Hungría en construcción. El sucesor de Viktor Orbán promete levantar y diseñar un país a la medida de sus objetivos. El problema es que los cimientos que hay no parecen gustarle demasiado y está dispuesto a convertirlos en escombros.

Dicho de otro modo, la Constitución que protege el mandato de Tamás Sulyok, presidente de la República, le parece un estorbo y lo mismo le sucede con los cargos electos previos a su victoria en las urnas del 12 de abril. Exige la dimisión de todos, incluido el jefe del Estado y amenaza con imponer una reforma de la Carta Magna si no cumplen sus deseos.

Tamás Sulyok responde por escrito a la preguntas de El Debate y trata de arrojar luz sobre estos asuntos oscuros del flamante primer ministro.

–Las elecciones en Hungría del 12 de abril han puesto a Peter Magyar al frente de un nuevo Gobierno. ¿En qué medida afecta a su Presidencia?

–Desde el punto de vista constitucional, ni las elecciones generales ni un nuevo Gobierno deberían afectar al cargo del jefe del Estado. Es decir, en nuestro caso, al Presidente de la República. Según el orden constitucional húngaro, fruto de la transición democrática de 1990, el Presidente de la República colabora con el Primer Ministro y con el Gobierno de turno.

Por tanto, desde el primer momento estuve dispuesto a colaborar con el nuevo primer Ministro, Péter Magyar; sin embargo, al parecer, ni él ni su Gobierno lo aceptaron. Y desde el momento en que, ya como Primer Ministro, reiteró la exigencia de mi dimisión que había formulado anteriormente como candidato y como presidente de su partido, provocó una crisis constitucional. Como autoridad constitucional, pretende destituir al Presidente de la República, un cargo situado en la cúspide de los diferentes poderes del Estado.

En esta situación, no me quedó más remedio que no dimitir, ya que así lo exige el equilibrio constitucional.

–El primer ministro Magyar le acusa o teme que pueda bloquear su agenda de Gobierno. ¿Cuáles son las atribuciones/competencias del presidente en Hungría y quién le nombra en el cargo?

–En Hungría, el jefe del Estado, es decir, el Presidente de la República, es elegido de forma indirecta por el Parlamento. Sus competencias están definidas en la propia Constitución. Una de sus funciones es otorgar efecto constitucional a las decisiones políticas del Gobierno; en este marco, sanciona las leyes con su firma y nombra a los ministros y a los secretarios de Estado, que son propuestos por el Primer Ministro.

Por supuesto, esto no significa que el Presidente esté obligado a firmarlo todo automáticamente, ya que, en determinados casos, puede solicitar al Tribunal Constitucional que ejerza el control previo de constitucionalidad de las leyes aprobadas o, eventualmente, pedir al Parlamento que reconsidere políticamente la aprobación de una ley. Pero esto forma parte de la colaboración institucional ya mencionada, por lo que el diálogo se mantiene en todo momento.

–¿Cómo entiende la Presidencia de Hungría?

–Mi concepto del cargo de Presidente de la República se basa en el pilar del derecho y, como he mencionado anteriormente, desde el principio he hecho hincapié en la cooperación institucional. Es una idea equivocada pensar que obstaculizo las medidas del Gobierno. Puedo ejercer las facultades que me confiere el marco constitucional, pero no puedo abusar de ellas, ni lo he hecho. Hasta ahora he actuado, y seguiré actuando, conforme a los principios constitucionales húngaros fundamentados en los valores europeos.

Estoy comprometido con que Hungría acceda lo antes posible a los fondos europeos que le corresponden

–Entonces, ¿Por qué Magyar insiste en exigir su destitución?

–El Primer Ministro declaró públicamente en una entrevista que uno de los motivos por los cuales exigen mi destitución es que, al insistir en el cumplimiento de nuestros requisitos constitucionales, estaría obstaculizando el desbloqueo de los fondos europeos retenidos. Esta es una suposición descabellada. Ya he subrayado que, como leal servidor de mi país, estoy comprometido con que Hungría acceda lo antes posible a los fondos europeos que le corresponden. Como presidente no he obstaculizado ni una sola vez el funcionamiento adecuado y eficaz de los diferentes poderes del Estado. Sin embargo, me parece preocupante que alguien considere los requisitos constitucionales no como un criterio de referencia, sino como un obstáculo que el legislador debe eliminar.

El hecho de que haya sancionado todas las leyes aprobadas hasta la fecha por el Tisza (el partido de gobierno), que tiene mayoría en el Parlamento, desmiente cualquier alegación sobre una supuesta intención de bloqueo. Al mismo tiempo, también debo llamar la atención ante cualquier irregularidad constitucional que pueda producirse. De hecho, es mi obligación constitucional.

El Parlamento tiene la posibilidad de modificar la Constitución, pero este proceso no puede afectar al mandato del Presidente de la República

–Su mandato vence en 2029, pero Péter Magyar tiene una mayoría parlamentaria de dos tercios que, según él, le permitiría modificar la Constitución y destituirle. ¿Es posible y legal?

–Parece que actualmente existe una firme voluntad política de redefinir la figura del jefe del Estado. Por el momento, esta voluntad política no se ha plasmado en la legislación. Con la mayoría actual, el Parlamento tiene la posibilidad de modificar la Constitución, pero este proceso no puede afectar al mandato del Presidente de la República.

Por ahora, solo podemos hablar de una reforma constitucional secreta, ya que el Gobierno no ha facilitado información alguna sobre sus detalles; lo único que se sabe es que pretende destituir al jefe del Estado. Sin embargo, con este objetivo declarado nos encontramos ante un fenómeno que el derecho constitucional denomina «sistema de despojos», lo cual está prohibido.

–Ha recurrido a la Comisión Europea para la Democracia (Comisión de Venecia) ¿Ha aceptado revisar su caso?

–La Comisión de Venecia es un prestigioso órgano consultivo del Consejo de Europa. Dado que puede ofrecer orientaciones imparciales y claras en todas las cuestiones constitucionales, consideré que lo más lógico era recurrir a ella. Más aún teniendo en cuenta que Hungría es miembro fundador de esta Comisión y que hemos solicitado sus opiniones en numerosas ocasiones. Ante una crisis constitucional de esta naturaleza, es completamente natural que volvamos a hacerlo, y ello redunda también en interés de los electores húngaros.

La especial atención que suscitan estos acontecimientos queda patente en el hecho de que la Comisión de Venecia, apenas unos días después de recibir nuestra solicitud, ya indicó que examinaría el asunto mediante un procedimiento de urgencia. Los expertos de la Comisión están dispuestos a viajar a Hungría para informarse plenamente y obtener una visión completa de la situación. Por el momento, se está organizando dicha visita.

–El primer ministro le acusa de servir a los intereses de Viktor Orban y de no representar la unidad de Hungría. ¿Cómo lo argumenta?

–Debo rechazar esta acusación. Nunca he sido miembro de ningún partido ni he sido político. Como magistrado del Tribunal Constitucional tuve que hacer frente a una mayoría de dos tercios de Fidesz; ahora, como Presidente de la República, me enfrento a una mayoría de dos tercios de Tisza. Soy jurista y la imparcialidad ha sido siempre un requisito fundamental de todos los cargos que he desempeñado, tanto como magistrado del Tribunal Constitucional y posteriormente como presidente de dicho tribunal, como ahora en mi condición de Presidente de la República. Para mí, esto es algo básico, pero, visto lo visto, debo subrayar que siempre he adoptado mis decisiones institucionales sobre la base del derecho y nunca en función de simpatías personales.

–La clave es el derecho...

–El derecho constituye la base más adecuada para expresar la unidad de Hungría, la unidad de la nación. Y es que la unidad de la nación es un concepto que fácilmente puede ser malinterpretado. Dado que el cargo de presidente de la República es un cargo de naturaleza de derecho público, conviene abordarlo también desde la perspectiva del derecho. Una sociedad plural y fragmentada en torno a valores y perspectivas muy diversos se mantiene unida gracias al derecho, ya que este se aplica por igual a todos. El Presidente de la República se encuentra en la cúspide de la aplicación del derecho y, en este sentido, puede expresar la unidad de la nación mediante el ejercicio de sus competencias.

–Péter Magyar dice que no expresa la unidad de Hungría.

–El Primer Ministro afirma que no expreso la unidad de la nación porque no me he pronunciado sobre determinados asuntos. Puedo refutar estas afirmaciones punto por punto. En primer lugar, porque efectivamente me he pronunciado sobre varios de esos asuntos, lo puede comprobar en la hemeroteca. En segundo lugar, porque en algunos de ellos existen investigaciones en curso y sería claramente irresponsable por mi parte pronunciarme antes de que concluyan. Y, en tercer lugar, porque, lamentablemente, varios de estos asuntos han adquirido una marcada connotación política durante la campaña electoral.

Por lo demás, el Presidente de la República no tiene, en principio, la obligación de pronunciarse sobre asuntos concretos de la vida pública. Además, durante la campaña electoral debe velar de manera muy especial por que sus declaraciones no lo sitúen del lado de ningún partido, pues de lo contrario se vería comprometida su imparcialidad y, precisamente por ello, también se vería afectada la expresión de la unidad de la nación.

–Magyar instó y hasta puso de plazo el 31 de mayo para que la totalidad de los cargos de la Administración, instituciones y organismos del Estado, designados antes de su elección, dimitan. ¿Qué significa esto y puede perjudicar la entrega de fondos europeos?

–Sí, el Primer Ministro nos instó a dimitir con fecha límite el 31 de mayo, no solo a mí, sino también a otros altos cargos del Estado elegidos con independencia del Gobierno. Ni yo ni ninguno de los demás afectados hemos dimitido, ya que no existía motivo legal ni constitucional alguno para hacerlo. En modo alguno considero que nuestra permanencia en el cargo obstaculice el desbloqueo de los fondos europeos; al contrario, precisamente de este modo se preserva el Estado de derecho, que constituye una condición previa para dichos fondos.

–El primer ministro Magyar insiste en que el Poder Judicial debe someterse a una renovación forzosa y desde el presidente del Tribunal Supremo al del Tribunal Constitucional sin olvidar el fiscal general deben abandonar sus puestos. Como también el Presidente del Tribunal de Cuentas ¿Hay en Hungría un verdadero Estado de Derecho?

–El Tribunal Supremo (Curia), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General son órganos independientes del Gobierno. De hecho, esta arquitectura institucional constituye una garantía de la independencia de la administración de justicia, ya que los candidatos a presidir el Tribunal Supremo y la Fiscalía General son propuestos al Parlamento por el Presidente de la República, una autoridad constitucional independiente de todos los demás poderes del Estado.

-¿Hay antecedentes de una presión, embestida o como lo quiera calificar usted, similar a la que tiene de Magyar?

–Desde la transición política, todos los presidentes de la República, sin excepción, han sido objeto de críticas, pero hasta ahora todos los críticos han respetado la dignidad del cargo y de la institución.

–Una curiosidad, ¿Cuál fue el tono del primer ministro Magyar en la reunión que mantuvo con él y la ministra de Justicia en el Palacio Sandor el 1 de junio?

–Es evidente que cada uno tiene su propia personalidad y estilo, pero estas conversaciones se desarrollaron en un clima franco y centrado en los hechos. El Primer Ministro expuso sus argumentos políticos a favor de mi dimisión, y yo expuse los argumentos constitucionales que respaldan mi permanencia en el cargo. En eso quedamos. Por mi parte, puedo seguir garantizando mi voluntad de cooperación institucional constructiva.