Cisjordania, el corazón del conflicto árabe-israelí, nuevamente sacudida por la violencia

La vida en Judea y Samaria –Cisjordania– vive una creciente tensión en los últimos días. El principal desafío para Jerusalén es evitar que coincidan dos problemas: el terrorismo palestino y los extremistas judíos. Es justamente la principal zona en disputa entre ambos pueblos. Netanyahu ha ordenado reforzar los controles. Las FDI continúan actuando contra grupos terroristas y los mandos militares han advertido que el tema constituye un serio problema de seguridad interna.

El gobierno quiere la Policía asuma la responsabilidad de neutralizar a los grupos violentos, permitiendo al ejercito concentrarse en su función. Para Israel es importante mantener una distinción clara: el terrorismo palestino representa una amenaza organizada contra ciudadanos israelíes; la violencia ultranacionalista, aunque mucho más limitada, desafía la autoridad del Estado.

A esta situación se agrega la actividad política de Hamás, que ante posibles elecciones palestinas en noviembre intenta recuperar influencia. Israel teme que una organización que aun mantiene una estructura criminal pueda convertir esa influencia en legitimidad política.

La superficie total de la zona suma apenas 5.640 Km2, menor que Alicante, y se encuentra a pocos kilómetros de Jerusalén, Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion. La prioridad es impedir que se convierta en otra Gaza. La geografía explica la preocupación. Las montañas de Judea y Samaria dominan la llanura mediterránea, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica israelí. Una organización yihadista allí podría amenazar directamente el centro del país. Después del 7 de octubre, Israel no puede permitir que grupos armados alcancen esa capacidad. Por eso el Ejército y el Shin Bet mantienen operaciones continuas contra Hamás y la Yihad Islámica. Detenciones, confiscación de armas y operaciones de inteligencia impiden que surja una estructura criminal como ocurrió en Gaza.

La dimensión demográfica también es importante. En Cisjordania viven unos 3 millones de palestinos, concentrados principalmente en Hebrón, Nablus, Jenín, Tulkarem, Ramala y Jericó, además de numerosas aldeas. La población israelí judía se concentra sobre todo en el Área C, en ciudades como Ariel, Maale Adumim, Modiin Illit y Gush Etzion. La cifra actual supera el medio millón. En total los ciudadanos del país suma 10.5 millones de personas, de las cuales 75% son judíos, 18% musulmanes, 2% cristianos y 1.6% drusos.

Jerusalén, pieza clave

Jerusalén oriental debe contabilizarse aparte. Allí viven 370.000 árabes y 220.000 judíos. Para las estadísticas palestinas, los árabes de Jerusalén forman parte de Cisjordania; para las israelíes Jerusalén se contabiliza dentro de Israel. Por eso, cuando hablamos de tres millones de palestinos no estamos sumando a los de Jerusalén. Israel tiene su capital en la ciudad sagrada, y los palestinos reclaman la zona oriental para una capital propia. Una solución no aceptada oficialmente pero considerada hace tiempo por Israel es mantener los barrios judíos y la ciudad vieja amurallada –donde se encuentra el Muro del Templo, la Iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al Aksa– y ceder los barrios árabes del este en un posible acuerdo futuro.

En los Acuerdos de Oslo, Cisjordania quedó dividida en tres áreas. El esquema debía ser transitorio, pero continúa vigente. El Área A, cerca del 18%, incluye las principales ciudades palestinas. La AP ejerce allí competencias civiles y de seguridad, aunque Israel entra cuando existe una amenaza terrorista. El Área B, alrededor del 22%, combina administración civil palestina con responsabilidad israelí en seguridad. El Área C, aproximadamente el 60%, está bajo control civil y militar israelí. Allí se encuentran la mayoría de los asentamientos, importantes carreteras y zonas estratégicas para la defensa (ver mapas).

El modelo debía conducir a un acuerdo definitivo que nunca llegó. Hamás tomó Gaza en 2007, las negociaciones quedaron paralizadas y la AP perdió fuerza y legitimidad. El mapa de Oslo sobrevivió al proceso político que debía reemplazarlo. En este contexto apareció también el plan de paz de Donald Trump en 2020, acompañado por un nuevo mapa territorial. La propuesta contemplaba un Estado palestino en aproximadamente el 70% de Cisjordania, además de Gaza, mientras Israel conservaría los grandes de asentamientos y el control del valle del Jordán. El mapa reflejaba una cuestión central para Israel: la solución territorial le brindaba fronteras seguras. El plan contemplaba también la aspiración palestina de un Estado independiente o confederado con Jordania.

Si bien Abu Mazen lo rechazó –como planes anteriores en 2001 y 2008– sigue siendo una referencia importante, porque mostró hasta dónde podía llegar Washington en materia de concesiones territoriales a Israel y, al mismo tiempo, qué condiciones considera necesarias para la creación de una entidad palestina. También dejó claro que la geografía y la seguridad israelíes serán factores centrales en cualquier acuerdo futuro.

El renovado desafío de la violencia

Mientras Israel combate a las organizaciones terroristas, surgió otro problema: la violencia de extremistas judíos contra palestinos. El episodio de Qusra, al sur de Nablus, lo puso en primer plano. Colonos israelíes instalaron una tienda frente a viviendas palestinas y, según los testimonios hubo cortes de agua y electricidad. El comandante militar israelí de Judea y Samaria, general Avi Bluth, intervino y ordenó actuar contra los responsables. Soldados israelíes ocuparon temporalmente varias viviendas y algunas familias palestinas tuvieron que abandonarlas. El Ejército afirmó que sus órdenes eran proteger a los residentes y que no serían desplazados. La actuación, sin embargo, generó críticas. El embajador estadounidense Mike Huckabee –hombre de peso y gran defensor de Israel– calificó de «terroristas» a los responsables. Estados Unidos está transmitiendo un mensaje claro: la seguridad de Israel también exige que haga cumplir su propia ley.

Los ataques de extremistas pueden ser utilizados por Hamás y otros grupos para reclutar terroristas, justificar atentados y aumentar la tensión. Frenar esa violencia protege también a Israel. La reapertura de Ganim, antiguo asentamiento israelí desmantelado en 2005 cerca de Jenín, añadió una complicación política. Para la derecha, recuperar presencia en esos lugares responde a razones históricas, religiosas y nacionales. Para los responsables de seguridad, cualquier cambio debe medir sus consecuencias sobre la estabilidad.

Israel enfrenta pues una doble necesidad. Debe conservar libertad de acción para impedir que Judea y Samaria se conviertan en una plataforma terrorista, y también impedir que ciudadanos israelíes actúen al margen de la ley. No hay contradicción entre ambas políticas. El Estado que protege a sus ciudadanos del terrorismo debe garantizar que nadie utilice esa lucha para atacar a civiles del bando árabe.

Solución política para ambos pueblos

Cisjordania no es Gaza. La razón central es la presencia militar y de inteligencia israelí y su capacidad para actuar contra las células antes de que consoliden una infraestructura comparable. Después del 7 de octubre, Israel considera que perder esa capacidad supondría un riesgo que no puede asumir. Pero la seguridad no depende solo de soldados. Si aumenta la violencia entre palestinos y judíos, pueden crecer los atentados y las represalias. Israel necesita mantener su capacidad de prevención y, al mismo tiempo, impedir que los grupos radicales dicten la dinámica del territorio.

Cisjordania sigue sin una solución política definitiva. Su realidad demográfica y geográfica hace imposible ignorarla. Una amplia mayoría palestina vive en las ciudades y localidades árabes, mientras la población judía se concentra en el Área C. Jerusalén este tiene una dimensión propia. Para Israel la prioridad es clara: impedir que Hamás convierta la región en un frente de guerra, proteger el centro del país y hacer cumplir la ley frente a cualquier extremismo.

La meta es consolidar la seguridad israelí y también los derechos políticos palestinos. Para lograrlo se necesita inteligencia para anticipar el terrorismo, fuerza para neutralizarlo y un Estado de derecho que se aplique a todos. Si la tranquilidad se afirma, será inevitable acordar fronteras con una entidad árabe –estado desarmado, confederación–, porque Israel no desea gobernar tres millones de personas a las cuales no puede otorgar ciudadanía. Como dato interesante vale destacar que las encuestas entre la población palestina muestran que el 25% preferiría ser ciudadano israelí como solución definitiva, cifra que asciende al 37% en Jerusalén oriental.