Chile y Argentina, una relación tormentosa

Chile y Argentina están condenados por la geografía a convivir. Más de 5.000 kilómetros de frontera, una historia común, vínculos familiares, económicos y culturales extraordinariamente profundos y una extensa relación comercial deberían hacer de ambos países socios naturales. Y, sin embargo, la historia demuestra que la relación bilateral ha sido muchas veces una relación tormentosa.

Durante décadas pareció que se habían conseguido dejar atrás los viejos desencuentros territoriales. Pero conviene recordar que el camino hasta esa situación no fue sencillo.

En 1977, después de un procedimiento arbitral acordado por ambos países, se dio a conocer el Laudo Arbitral sobre el conflicto del Canal Beagle. El fallo, emitido por el tribunal arbitral y formalizado por la Corona británica, favoreció sustancialmente las posiciones chilenas sobre las islas en disputa. Argentina declaró el laudo «insanablemente nulo» en enero de 1978. La decisión provocó una grave crisis y llevó a ambos países al borde de un enfrentamiento armado.

La intervención posterior de la Santa Sede y la mediación papal permitieron evitar la guerra. Finalmente, el 29 de noviembre de 1984, Chile y Argentina firmaron el Tratado de Paz y Amistad, que puso término a la controversia y estableció un marco definitivo para las cuestiones territoriales y marítimas comprendidas en el acuerdo. El tratado fue ratificado posteriormente por ambos países.

Ese tratado abrió una etapa completamente distinta. Desde entonces, Chile y Argentina han desarrollado una cooperación que habría parecido difícil de imaginar cuatro décadas atrás. Precisamente por eso resulta preocupante que vuelvan a aparecer controversias en el extremo austral.

El episodio más reciente tiene como protagonista al Estrecho de Magallanes. En 2021, Argentina incorporó a su Directiva de Política de Defensa Nacional una definición que calificó el estrecho como un espacio compartido. Chile protestó porque esa formulación no se corresponde con el régimen jurídico establecido por los tratados bilaterales. Adicionalmente y en distintas oportunidades, autoridades argentinas civiles y militares, se han referido a Argentina como un país bioceánico.

El asunto no es menor. El Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, establecen el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes. De hecho, después de la reciente controversia, los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast volvieron a declarar conjuntamente que ambos tratados están plenamente vigentes y que establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho.

Entonces surge una pregunta inevitable: si ambos gobiernos reconocen que los tratados son definitivos, ¿por qué continúa vigente una disposición argentina que introduce una interpretación diferente?

El Gobierno argentino ha reafirmado que su posición oficial es la que establecen los tratados. Esa aclaración es importante y debe ser reconocida. Pero también es cierto que el decreto continúa sin ser corregido. Y mientras permanezca vigente, seguirá siendo una fuente innecesaria de desconfianza.

Aquí aparece un principio básico de las relaciones internacionales: los tratados no solamente deben cumplirse; también deben ser protegidos de interpretaciones que puedan generar dudas sobre lo que ambos Estados acordaron.

Hay demasiados intereses comunes para permitir que una controversia austral termine contaminando una relación que ha costado décadas construir. Ambos países necesitan trabajar conjuntamente en energía, minería, infraestructura, integración fronteriza, comercio, turismo, seguridad y, especialmente, en los asuntos antárticos.

Pero precisamente porque existen tantos intereses comunes, la confianza resulta indispensable. Y la confianza se construye con hechos.

Por eso sería conveniente que Buenos Aires diera un paso adicional y corrigiera definitivamente aquello que ha generado la controversia. No porque Chile necesite una concesión argentina, sino porque Argentina y Chile necesitan que sus propios documentos sean coherentes con los tratados internacionales que ambos reconocen como vigentes y definitivos.

Hay además un elemento que no debería despreciarse. En Chile comienza a percibirse nuevamente un sentimiento de molestia hacia Argentina que durante los últimos años parecía considerablemente superado. No se trata —todavía— de una ruptura del vínculo entre ambos pueblos, ni mucho menos. Chilenos y argentinos siguen manteniendo relaciones humanas, familiares y económicas extraordinariamente intensas. Pero las sociedades tienen memoria.

Chile recuerda la crisis del Beagle de 1978, cuando ambos países estuvieron al borde de una guerra. Recuerda también las posteriores controversias limítrofes y sabe que los grandes acuerdos alcanzados después de aquella crisis fueron precisamente los que permitieron transformar una relación de desconfianza en otra de cooperación.

Por eso resulta especialmente importante no volver a abrir heridas que parecían cicatrizadas.

La controversia actual tampoco puede analizarse separadamente de la creciente importancia estratégica del extremo austral. El Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle, el pasaje de Drake, la Antártica y las rutas marítimas australes han adquirido una importancia geopolítica cada vez mayor. Recursos naturales, nuevas rutas marítimas, energía y presencia antártica convierten al extremo sur de América en un espacio de creciente interés internacional.

Otro aspecto guarda relación con el libre tráfico marítimo entre Punta Arenas y las Islas Falklands/Malvinas, que Argentina sistemáticamente ha impedido. Chile tiene todo el derecho de abastecer a las islas con productos desde Punta Arenas, como lo hizo por más de 150 años.

Chile y Argentina deberían entender que esa nueva realidad ofrece una oportunidad extraordinaria para cooperar, no una razón para reabrir antiguas disputas.

La relación entre ambos países ha demostrado que es posible pasar de la amenaza de una guerra a una asociación estratégica. Esa transformación constituye uno de los mayores logros diplomáticos de la historia reciente de América del Sur.

No debería ponerse en riesgo por un decreto.

Argentina y Chile tienen mucho más que ganar cooperando que enfrentándose. Pero para que esa cooperación sea sólida debe existir algo que ninguna carretera, puerto, gasoducto o proyecto minero puede sustituir: confianza.

Y la confianza, una vez perdida, cuesta mucho más reconstruirla.