El absentismo y la cultura del deber

Vivimos una época en la que hablamos con frecuencia de derechos. Y es natural que así sea. Las sociedades modernas han avanzado precisamente porque han ampliado la protección de las personas frente a la enfermedad, el desempleo, la vejez o la discapacidad. Ese progreso constituye uno de los mayores logros de la civilización occidental.

Sin embargo, mientras los derechos ocupan un lugar central en el debate público, existe una palabra que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario colectivo: el deber.

No es una cuestión semántica. Es una cuestión de equilibrio.

Toda sociedad democrática descansa sobre un pacto implícito: los ciudadanos financian, mediante su trabajo y sus impuestos, un sistema que protege a quienes atraviesan momentos de dificultad. Ese pacto solo puede sostenerse si existe una convicción compartida de que los beneficios serán utilizados con honestidad y de que cada persona cumplirá con la responsabilidad que le corresponde.

Cuando esa confianza comienza a debilitarse, también empieza a resquebrajarse el Estado de bienestar.

Durante mi travesía a caballo desde Bucalemu hasta Puerto Williams recorrí más de tres mil kilómetros por Chile. En ese viaje aprendí que las comunidades más sólidas no son necesariamente las más ricas. Son aquellas donde la palabra dada conserva valor, donde el compromiso se respeta y donde el trabajo cotidiano forma parte de una ética compartida.

Esa experiencia me llevó a una convicción que hoy considero aún más vigente: el desarrollo de un país no depende únicamente de sus recursos naturales, de su tecnología o de sus indicadores económicos. Depende, sobre todo, de la confianza entre sus ciudadanos.

Por eso el creciente debate sobre el absentismo laboral merece una reflexión más profunda que la simple contabilización de días perdidos o de recursos gastados.

No me refiero, por supuesto, a quienes enfrentan una enfermedad real. La licencia médica constituye un derecho que debe protegerse sin vacilaciones. Sería un grave error instalar una cultura de sospecha sobre millones de trabajadores que utilizan ese instrumento de manera legítima.

El problema aparece cuando un beneficio concebido para proteger a las personas comienza a ser utilizado de forma indebida o cuando los mecanismos de control resultan insuficientes para preservar su credibilidad.

En España, como en otros países europeos, el absentismo laboral se ha convertido en un asunto de creciente preocupación pública. El debate involucra a empresarios, sindicatos, autoridades y expertos, que discrepan sobre las causas y las soluciones. Entre los temas discutidos figura la percepción de que determinadas bajas laborales podrían concentrarse con mayor frecuencia al inicio o al final de la semana laboral. Esa percepción requiere siempre ser contrastada con evidencia estadística rigurosa antes de extraer conclusiones. Pero el hecho verdaderamente relevante es otro: el absentismo ha dejado de ser un asunto administrativo para transformarse en un desafío económico, institucional y cultural.

Chile tampoco es ajeno a esa realidad. El aumento sostenido de las licencias médicas, especialmente en algunos sectores, y los casos de utilización fraudulenta detectados por los organismos fiscalizadores han abierto un debate necesario sobre la eficacia de los controles y sobre la responsabilidad de quienes participan en el sistema.

Sería un error reducir esta discusión a una confrontación entre empleadores y trabajadores o entre sector público y privado. Esa simplificación impide comprender el verdadero problema.

Cada licencia obtenida fraudulentamente tiene un costo económico, pero también un costo moral. Significa un médico cuya palabra pierde credibilidad. Un trabajador honesto que pasa a ser observado con desconfianza. Un servicio público que funciona con mayor dificultad. Un contribuyente que comienza a dudar del uso que se da a sus impuestos. Y, sobre todo, una sociedad que lentamente deja de creer en sus propias instituciones.

Las grandes democracias no se sostienen únicamente por la calidad de sus leyes. Se sostienen porque la inmensa mayoría de las personas cumple las reglas incluso cuando nadie las vigila. Esa es la diferencia entre una sociedad basada exclusivamente en el control y otra fundada en la confianza.

Naturalmente, el Estado debe fortalecer la fiscalización. La inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y los modernos sistemas de auditoría permiten hoy detectar patrones anómalos con una eficacia impensable hace apenas una década. Sería irresponsable renunciar a esas herramientas.

Pero ninguna innovación tecnológica sustituirá aquello que aprendemos en la familia, en la escuela y en la vida: que cumplir con el deber constituye una obligación ética antes que una imposición legal.

Durante demasiado tiempo hemos entendido el progreso únicamente como la ampliación de derechos. Tal vez haya llegado el momento de recordar que esos derechos solo pueden perdurar cuando descansan sobre una cultura igualmente sólida de responsabilidades.

No existe Estado de bienestar sin ciudadanos responsables. No existe solidaridad cuando el abuso termina normalizándose.. No existe confianza cuando las reglas dejan de aplicarse por igual.

La prosperidad de una nación no depende solamente de cuánto produce su economía. Depende también del carácter de sus ciudadanos y de la fortaleza moral de sus instituciones. Quizás esa sea una de las grandes lecciones de nuestro tiempo.

Los países no comienzan a declinar cuando escasean los recursos. Comienzan a hacerlo cuando el deber deja de ser un valor compartido y la responsabilidad pasa a considerarse una opción personal.

Proteger el derecho a una licencia médica legítima y combatir con decisión el fraude no son objetivos contrapuestos. Son dos caras de una misma responsabilidad: preservar la confianza que hace posible la convivencia democrática.

Porque, al final, el verdadero patrimonio de una nación no son sus edificios, sus carreteras ni sus indicadores económicos. Es la confianza.

Y la confianza, una vez perdida, exige generaciones para recuperarse.