La peor censura sigue viva en Venezuela
Nadie debe engañarse al respecto: mantener a un solo preso político o a un medio de comunicación bloqueado significa que la cacareada apertura no se ha producido, puesto que en ambos casos se trata de la violación de derechos constitucionales irrenunciables.
Cadenas físicas e intelectuales, la censura en Venezuela, como las torturas y los secuestros, permanecen
Los hechos que están ocurriendo en Venezuela en las últimas semanas son de compleja interpretación. En la escena nacional se producen señales en un sentido y en su contrario. Por ejemplo, la promesa de decisiones que apuntan hacia una posible apertura en el ejercicio de los derechos democráticos, garantizados por la Constitución vigente. En esa categoría está inscrita la iniciativa de negociaciones tuteladas por Estados Unidos, en las que Dinorah Figuera es la responsable negociadora de la oposición democrática venezolana.
Pero, al mismo tiempo, el aparato represivo del gobierno se mantiene intacto, tal como acaba de denunciar el jueves 17 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas en Venezuela, en un categórico comunicado. Allí señalan que las instituciones responsables de la represión siguen actuando, bajo condiciones de total impunidad, y advierten que las violaciones a los derechos humanos se siguen produciendo. El informe incluye la lista de 18 funcionarios señalados por su responsabilidad directa en detenciones ilegales, torturas y asesinatos, y que tienen en común nada menos que esto: forman parte del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
La brutal e insólita detención de Javier Oropeza, periodista y exalcalde de la ciudad de Carora, que también se produjo el jueves 17, confirmó con dolorosa rotundidad lo señalado por la Misión de la ONU.
Oropeza había regresado de España, después de dos años de exilio. Al llegar al país se presentó en el tribunal correspondiente y su causa fue sobreseída –de forma definitiva–. En el segundo día de estancia en su país, al salir de la sede del diario El Informador, en Barquisimeto, donde había sido entrevistado, fue secuestrado por agentes del Sebin. Su esposa fue golpeada. Oropeza tuvo la fortuna de que muchas personas grabaron con sus móviles, en el lugar de los hechos, el secuestro, que fue denunciado al minuto en medios de comunicación y redes sociales. La respuesta ciudadana y de la dirigencia opositora fue instantánea. El dirigente campesino y opositor, Carlos Alberto Azuaje, también él expreso político, encabezó una movilización ampliamente reportada por sus seguidores. La campaña desatada, que exigía la liberación inmediata de Oropeza cruzó las fronteras y llegó hasta la mismísima Casa Blanca. La dictadura ilegal e ilegítima fue obligada a liberarlo a las pocas horas de su detención.
El hecho de que haya sido levantado el bloqueo en internet a un limitado grupo constituido por medios de comunicación internacionales –Agencia Efe, Diario El Tiempo (Colombia), Revista Semana (Colombia)–, y a portales informativos venezolanos –entre ellos Crónica Uno, Alberto News, El Carabobeño y Runrunes–, y que otros como El Nacional, La Patilla, Infobae y otros doscientos sitios web permanezcan bajo condiciones de censura, resulta una medida muy reveladora, que guarda significativas semejanzas con la situación de los presos políticos.
¿Qué los hace semejantes? Que no son medidas universales sino perversamente parciales. Nadie debe engañarse al respecto: mantener a un solo preso político o a un medio de comunicación bloqueado significa que la cacareada apertura no se ha producido, puesto que en ambos casos se trata de la violación de derechos constitucionales irrenunciables.
No son aceptables soluciones parciales a realidades que desconocen los derechos políticos declarados en la Constitución. No son aceptables medidas que benefician a unos y perpetúan las condenas injustificadas a otros. No son aceptables medidas que roban el derecho de periodistas y editores a ejercer libremente su profesión. No son aceptables que se mantengan al menos 344 presos políticos, entre civiles y militares, como un mecanismo para mantener a la sociedad bajo el peso aplastante de la amenaza que dice: en cualquier momento puedes ser secuestrado, desaparecido y encarcelado. La represión sigue viva y activa. Represores y torturadores no han modificado sus rutinas.
¿A dónde nos conducen estas realidades? Nos recuerdan el deber de luchar por nuestros derechos políticos, dentro y fuera de Venezuela, en cada oportunidad. La liberación de Javier Oropeza es el más inmediato de los ejemplos: fue tan formidable y extendida la presión ejercida en el seno de la opinión pública, que no les quedó otro remedio que excarcelarlo.
Toca continuar en la pelea legal, política y comunicacional por el cumplimiento del artículo 62 de la Constitución vigente, que garantiza la participación de cada uno de nosotros en los asuntos públicos.
Toca continuar movilizados y aumentar la presión para que los artículos 63 y 64, que garantizan que el derecho al voto se cumpla dentro de los plazos establecidos en la ley, de forma transparente y justa.
Toca que lo dispuesto en el artículo 66, que autoriza a los electores a exigir la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, sea realidad y cesen de inmediato los secretos ilegales, la opacidad extrema, las mentiras descaradas de los voceros de la dictadura ilegal e ilegítima.
Toca reivindicar el derecho explícitamente expuesto en el artículo 67, a fundar organizaciones políticas o a sumarse a cualquiera de las existentes, o a postular candidatos independientes a los cargos de elección pública.
Y toca, por supuesto, tal como lo señala el artículo 68, imponer en las calles el derecho a manifestar pacíficamente, una y otra vez, en cada oportunidad donde familias y comunidades vean vulneradas sus condiciones de vida, de movimiento, de acceso a los servicios públicos, al empleo, al trabajo, a una vida digna y con esperanza de un futuro mejor.
