Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Una jueza frena las amenazas de Trump a los funcionarios electorales a días de las elecciones de medio mandato
La magistrada prohíbe al Departamento de Justicia presionar a las autoridades para retirar votantes del censo o apartar papeletas por dudas sobre su nacionalidad, en un nuevo revés judicial para la Administración republicana
Una jueza federal de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que deje de amenazar con procesamientos penales a los funcionarios electorales estatales y locales que se nieguen a seguir sus instrucciones sobre la elegibilidad de los votantes. La resolución, dictada este viernes en California, supone un nuevo revés judicial para la Administración republicana a apenas unos días de las elecciones de medio mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre.
La magistrada Trina Thompson, del tribunal federal del distrito norte de California, ha prohibido al Departamento de Justicia exigir a las autoridades electorales que eliminen votantes de los registros, rechacen papeletas o separen determinados sufragios por las dudas expresadas por el Ejecutivo sobre la nacionalidad de quienes figuran en los censos.
Donald Trump, presidente de los EE.UU.
La decisión responde a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otras organizaciones, que denunciaron las presiones ejercidas por el Gobierno sobre los trabajadores encargados de administrar los comicios. La jueza también ha ordenado al Departamento de Justicia que se ponga en contacto con aquellos funcionarios que recibieron advertencias de posibles procesamientos para comunicarles que esas amenazas no pueden llevarse a cabo.
Thompson justificó su decisión en la necesidad de garantizar que los responsables electorales puedan desempeñar sus funciones conforme a la legislación federal y a los procedimientos establecidos. La orden tiene carácter temporal y permanecerá vigente hasta el próximo 16 de noviembre, después de la celebración de las elecciones.
La disputa por los votos de California
El enfrentamiento judicial se enmarca en la ofensiva de la Administración Trump para revisar los registros electorales y comprobar que quienes participan en los comicios cumplen los requisitos legales. El Gobierno sostiene que las autoridades estatales deben impedir que personas sin ciudadanía estadounidense puedan votar, algo que está prohibido en las elecciones federales.
Uno de los principales focos de esta disputa se encuentra en California. El Departamento de Justicia sostiene que alrededor de 20.000 personas que podrían no ser ciudadanos estadounidenses figuran en los registros electorales del estado y ha reclamado que sus papeletas no sean contabilizadas.
Sin embargo, el juez federal David Carter rechazó esta semana la petición del Ejecutivo para obligar a las autoridades californianas a apartar esos votos. El magistrado consideró que la medida chocaba con los principios constitucionales que reconocen a los estados competencias sobre la administración de sus elecciones. El tribunal de apelaciones también rechazó intervenir para permitir la suspensión de esas papeletas.
Las autoridades de California, por su parte, han cuestionado la fiabilidad de los datos empleados por el Gobierno federal para identificar a los supuestos votantes no ciudadanos.
La nueva resolución de Thompson amplía así el frente judicial contra las actuaciones del Ejecutivo en materia electoral. Con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina, la disputa enfrenta a la Administración federal con las autoridades encargadas de organizar los comicios y vuelve a situar la gestión del sistema electoral estadounidense en el centro de la confrontación política.
