Polonia, dividida por la crisis de su Tribunal Constitucional

Polonia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión institucional de los últimos años. La disputa por el control y la composición del Tribunal Constitucional se ha trasladado a las calles de Varsovia, al Palacio Presidencial y a los principales centros de decisión política del país. Este martes, una manifestación frente a la residencia oficial del presidente Karol Nawrocki convirtió el conflicto judicial en una nueva demostración de la profunda fractura política polaca.

La movilización, organizada por el Comité para la Defensa de la Democracia (KOD) bajo el lema «Una luz para el Tribunal», reunió a ciudadanos que acudieron con banderas polacas, velas y linternas. El carácter pacífico y silencioso de la concentración pretendía expresar el rechazo a las actuaciones que, a juicio de los convocantes, están debilitando la independencia judicial y sometiendo a los magistrados a presiones políticas. Los participantes denunciaron las intimidaciones contra los jueces y reclamaron que el Tribunal pueda desarrollar sus funciones sin interferencias. Entre las reivindicaciones figuraban el rechazo a la violencia contra los miembros de la institución y a las actuaciones de los responsables políticos que, según los manifestantes, contribuyen a agravar el enfrentamiento.

La protesta no fue un episodio aislado. Se celebraron concentraciones similares en Cracovia, Gdansk, Breslavia, Poznan y otras ciudades polacas. En paralelo, frente a la sede del propio Tribunal Constitucional, también en Varsovia, se mantiene la concentración de signo contrario, protagonizada por simpatizantes del partido Ley y Justicia (PiS), y sectores conservadores que cuestionan la legitimidad de las decisiones adoptadas por los nuevos magistrados. La imagen de dos movilizaciones enfrentadas en sus planteamientos refleja hasta qué punto la controversia ha dejado de ser exclusivamente jurídica. Lo que está en juego es quién tiene autoridad para determinar la composición del máximo órgano de control constitucional y bajo qué condiciones pueden ejercer sus funciones los jueces elegidos por el Parlamento.

El Gobierno de Donald Tusk considera que la elección parlamentaria es la fuente constitucional de legitimidad de los nuevos jueces y que el presidente no puede impedir su incorporación mediante su negativa a recibir el juramento. Nawrocki y los sectores próximos al PiS sostienen, por el contrario, que el procedimiento seguido no cumple los requisitos legales y que el juramento debe producirse ante el jefe del Estado.

El último detonante fue la decisión de la magistrada Anna Korwin-Piotrowska, que invocó su condición de jueza con mayor antigüedad anunciando la suspensión temporal de las funciones del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Ambos habían sido designados durante la etapa de Gobierno del PiS.

La misma magistrada convocaba este martes a la Asamblea General de Magistrados del Tribunal Constitucional con el principal objetivo de abordar el proyecto de ingresos y gastos del Tribunal para 2027. La cuestión presupuestaria no era menor: la falta de aprobación del plan por la Asamblea General podía comprometer la tramitación de las partidas destinadas al funcionamiento de la institución. A la convocatoria acudieron ocho magistrados de los quince que integran el Tribunal.

La reunión abordó también la responsabilidad disciplinaria de los dos magistrados suspendidos. Se sortearon las composiciones de los órganos disciplinarios que deberán ocuparse de los expedientes relativos a Święczkowski y Sochański. Sin embargo, la celebración de la Asamblea no puso fin a la controversia. El entorno del presidente del Tribunal y representantes de la Presidencia de la República cuestionaron tanto la competencia de Korwin-Piotrowska para convocarla como la existencia del cuórum. Por tanto, sus decisiones no han quedado al margen de la disputa sobre la legitimidad de las actuaciones institucionales.

La importancia de esta reunión reside en que los magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria han comenzado a adoptar decisiones sobre el funcionamiento efectivo del Tribunal, pese a que continúa abierto el conflicto sobre su incorporación y la validez de los procedimientos.

En medio de esta confrontación, Tusk y Nawrocki protagonizaron otro episodio relevante este martes en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (RBN), convocada por el presidente y celebrada en el palacio presidencial. Aunque la agenda incluía principalmente la seguridad de Polonia y la posibilidad de establecer una base militar estadounidense permanente en el país, la crisis del Tribunal Constitucional terminó ocupando el lugar principal de la reunión. Nawrocki responsabilizó al Gobierno de haber provocado una situación institucional excepcional con sus actuaciones del viernes anterior y sostuvo que no podía ignorarse la gravedad de la crisis constitucional. Tusk, por su parte, aprovechó el encuentro para plantear una reunión bilateral con el jefe del Estado. Y anunció que estaba dispuesto a sentarse con Nawrocki durante esta misma semana, sin otros interlocutores.

El primer ministro reconoció que ambos probablemente mantendrían sus diferencias sobre numerosas cuestiones, pero defendió que existía una responsabilidad compartida en materia de seguridad nacional y estabilidad institucional. La respuesta de la Presidencia fue favorable en cuanto a la disposición al encuentro.

Mientras el presidente del Sejm, Włodzimierz Czarzasty, ha defendido expresamente la legitimidad de los ocho jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria y sostenido que, las decisiones adoptadas por la Cámara deben respetarse y que los magistrados elegidos tienen que poder ejercer sus funciones. Czarzasty rechaza también la posibilidad de un reinicio general de la composición del Tribunal mediante la elección de una nueva plantilla de jueces por una mayoría política reforzada. Su posición es que la salida pasa por reconocer los nombramientos realizados por el Parlamento, no por negociar una nueva composición institucional.

La disputa ha despertado también preocupación internacional. La Comisión Europea ha señalado que corresponde al Parlamento polaco elegir a los miembros del Tribunal, aunque ha insistido en que las autoridades nacionales deben garantizar que la institución funcione conforme a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea. La Comisión Internacional de Juristas, por su parte, reclamó este pasado martes que la crisis se resuelva respetando plenamente el Estado de derecho y la independencia judicial.

Problema de fondo

El problema de fondo es que las dos partes invocan la legalidad constitucional para justificar actuaciones incompatibles entre sí. Mientras el Gobierno sostiene que está recuperando la independencia de una institución politizada durante los años de gobierno del PiS, el presidente y sus aliados consideran que el Ejecutivo está alterando las reglas institucionales para hacerse con el control del Tribunal.

La manifestación de este martes ante el palacio presidencial, la reunión de los ocho magistrados y el ofrecimiento de Tusk para entrevistarse con Nawrocki han colocado el conflicto en una nueva fase. Por ahora, la apertura al diálogo no ha resuelto la disputa sobre los nombramientos, las competencias presidenciales ni la validez de las decisiones adoptadas por la nueva Asamblea General.

Polonia se enfrenta así a una contradicción especialmente delicada: el órgano encargado de determinar si las leyes respetan la Constitución se encuentra inmerso en una disputa sobre quién tiene legitimidad para integrarlo y dirigirlo. Y mientras esa cuestión permanezca sin una solución institucional aceptada por las partes, la crisis amenaza con seguir proyectándose sobre el conjunto del sistema político polaco.