Sudán, bajo sospecha: del dossier sobre armas químicas y la presión en La Haya

La guerra de Sudán, que ya ha desplazado a más de 13 millones de personas, según la ONU, suma una acusación de especial gravedad: que el Ejército regular, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, utilizó bombas de cloro como arma química. Las denuncias, que el Gobierno sudanés rechaza, han pasado en año y medio de los despachos de Washington a las páginas de los grandes diarios y a las reuniones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en La Haya.

El punto de partida es estadounidense. El Departamento de Estado concluyó formalmente en abril de 2025 que el Gobierno de Sudán usó armas químicas en 2024 y, tras notificarlo al Congreso en mayo, impuso sanciones en junio. Washington no ha precisado públicamente el agente ni los lugares exactos. Después, una investigación de France 24 situó dos ataques con barriles de cloro lanzados desde el aire contra la refinería de Al Jaili, al norte de Jartum, los días 5 y 13 de septiembre de 2024, durante los combates con las Fuerzas de Apoyo Rápido.

El dossier de septiembre

Los nuevos materiales llegaron en septiembre. Según informaron el New York Times y el Washington Post, documentos, vídeos y comunicaciones interceptadas describirían un programa de fabricación de municiones de cloro, con un arsenal de hasta 290 unidades y envíos de cloro destinados al agua potable desviados con ese fin.

La Unión Europea ha reclamado transparencia a las autoridades de Sudán mientras expertos internacionales señalan la existencia de pruebas sobre el presunto empleo de gas cloro durante la guerra.

La posición europea adquiere especial relevancia porque el expediente no se ha cerrado después de las respuestas presentadas por Sudán. Las sospechas continúan bajo consideración de los mecanismos previstos en la Convención sobre las Armas Químicas.

El Consejo Ejecutivo de la OPAQ, integrado por 41 Estados, supervisa la aplicación del tratado internacional que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y utilización de este tipo de armamento.

Las acusaciones han cobrado fuerza después de que un grupo de especialistas en armas químicas, seguridad nacional y no proliferación respaldara la necesidad de investigar las actuaciones de las Fuerzas Armadas sudanesas.

Entre ellos figura Gregory Koblentz, director del programa de estudios de biodefensa de la Universidad George Mason, que ha participado en una iniciativa difundida por el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación.

Los especialistas señalan que existen informaciones y materiales que respaldarían las denuncias sobre la utilización de cilindros cargados con cloro en al menos dos ataques registrados en septiembre de 2024.

También mencionan la presunta fabricación de bombas aéreas preparadas para dispersar esta sustancia tóxica.

La documentación conocida incluiría aproximadamente 150 archivos entre documentos, fotografías, vídeos y grabaciones de audio. Según las informaciones publicadas, esos materiales describirían actividades de desarrollo y producción de municiones químicas durante un periodo de seis meses de 2024.

La existencia de este expediente ha reforzado las peticiones de que la OPAQ pueda desplegar mecanismos de investigación y verificación capaces de determinar la autenticidad de las pruebas y establecer si se ha vulnerado la Convención sobre las Armas Químicas.

Entre los firmantes de la iniciativa internacional figuran también Robert Mikulak, antiguo representante estadounidense ante la OPAQ; Paul Walker, presidente de la Coalición de la Convención sobre las Armas Químicas, y Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas.

Los expertos han pedido a Estados Unidos que garantice los recursos necesarios para que la organización internacional pueda desarrollar sus labores de inspección.

África reclama una investigación independiente

La preocupación no se limita a los países occidentales. Sudáfrica ha defendido ante la organización internacional la necesidad de investigar las acusaciones mediante procedimientos imparciales, objetivos y basados en pruebas verificables.

Pretoria ha instado a las autoridades sudanesas a continuar las investigaciones y a solicitar asistencia técnica especializada para esclarecer los hechos.

Por su parte, Mauritania, Chad y Benín presentaron en junio de 2025 solicitudes formales de aclaración sobre las denuncias relativas a las armas químicas, una iniciativa respaldada por Guinea-Bisáu.

Estas actuaciones se enmarcan en el artículo IX de la Convención sobre las Armas Químicas, que permite a los Estados firmantes solicitar explicaciones cuando existen dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de otro país.

El mecanismo contempla diferentes procedimientos de esclarecimiento y verificación, aunque la apertura de un expediente no supone automáticamente que se haya demostrado una infracción.

Una guerra que amenaza la estabilidad regional

Las denuncias aparecen en un contexto de profunda crisis humanitaria. Desde abril de 2023, Sudán permanece sumido en una guerra entre el Ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un enfrentamiento que ha provocado desplazamientos masivos, destrucción de infraestructuras y una grave emergencia alimentaria.

Expertos africanos advierten de que la prolongación del conflicto amenaza con desintegrar las instituciones del Estado y extender la inestabilidad hacia el Cuerno de África y otros países de la región.

El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene a Sudán en su agenda con reuniones periódicas. Según Security Council Report, organización independiente que sigue la labor del órgano, el 16 de octubre estaba prevista la sesión informativa que el secretario general presenta cada 120 días, seguida de consultas a puerta cerrada. El 8 de octubre el Consejo tenía previsto votar la renovación, solo por dos meses y hasta el 11 de diciembre, del régimen de sanciones 1591, que incluye sanciones selectivas y un embargo de armas. En septiembre ya se había prorrogado por un solo mes.

Las autoridades militares sudanesas rechazan las acusaciones sobre el empleo de armamento químico. Sin embargo, la insistencia de distintos Estados y especialistas internacionales en solicitar una investigación mantiene abierta una cuestión especialmente delicada para el futuro del país.

La OPAQ deberá desempeñar un papel fundamental si se activan los procedimientos de verificación correspondientes. Su intervención permitiría determinar si las denuncias tienen fundamento y, en caso afirmativo, contribuir a establecer las responsabilidades derivadas del uso de armamento prohibido.

Hasta entonces, la comunidad internacional afronta el desafío de esclarecer unas acusaciones de enorme gravedad sin convertir las sospechas en conclusiones antes de que las pruebas hayan sido examinadas de manera independiente.