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16 de junio de 2024

Alex Fergusson
AnálisisAlex FergussonEl Debate en América

La política de saqueo extractivista en Venezuela se consolida, mientras el pueblo muere de hambre

Esta red de corrupción es capaz de generar más de dos mil millones de dólares anuales solo con las actividades asociadas al contrabando de combustible y a la explotación minera

Actualizada 04:30

Nicolás Maduro con casco y trabajadores de PDVSA

Nicolás Maduro con casco y trabajadores de PDVSAPresidencia

El año 2016 marcó el inicio del auge de una agresiva política oficial de saqueo extractivista de las riquezas del suelo venezolano, la mayoría de las veces por vías ilegales, como consecuencia de la quiebra a la que la corrupción sometió a nuestra principal empresa y fuente de recursos, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de las empresas básicas del hierro y el aluminio.

Un informe de la organización Transparencia Internacional, puso en evidencia el creciente papel que están jugando las actividades económicas ilícitas, muchas de ellas ligadas a actividades de extracción de recursos naturales, como fuente de dinero fresco y no sujeto a contraloría, que mantienen financieramente al Gobierno nacional.

Con ellas se ha creado una estrecha interdependencia entre la delincuencia organizada, y los grupos de poder dentro del sistema político y económico, con los que están altamente vinculados.

Esta relación funciona por medio de una compleja estructura que recibe apoyo y garantía de impunidad por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, lo cual era previsible en vista de que la aplicación de las políticas populistas, y la corrupción, quebraran la economía en menos de diez años.

La creación, en 2016, del Proyecto de Zona de Desarrollo Estratégico, conocido como El Arco Minero del Orinoco, dio un impulso a este proceso y favoreció el acceso de grupos paramilitares colombiano (ELN y Disidentes de las FARC) así como a bandas criminales y grupos corruptos de la Fuerza Armada Nacional, a los valiosos recursos contenidos en un área ubicada al norte del Estado Bolívar, con una extensión de 111.845 km2, es decir, cerca del 12 % del territorio nacional, así como en el Estado Amazonas.

Estos recursos incluyen el oro aluvional y de minas y los diamantes, que abundan en la zona, así como el hierro y el aluminio (bauxita) cuya explotación dependía de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), hoy prácticamente sin capacidad de producción.

El proyecto del Arco Minero, incorporó también para su explotación, los minerales no metálicos existentes (sílice, piedras semipreciosas, mármol, granito, caolín y dolomita, un mineral rico en magnesio y calcio), y luego el cobre, el cinabrio (fuente del mercurio), el coltán y el uranio. Por supuesto, no podría faltar la madera.

Asociado a ello, esta red de corrupción es capaz de generar más de dos mil millones de dólares anuales solo con las actividades asociadas al contrabando de combustible y otros bienes, requeridos para la explotación minera, y 3.500 millones por la venta ilegal del oro y diamantes.

Esta red de corrupción es capaz de generar más de dos mil millones de dólares anuales

El oro vendido ilegalmente, ha sido el salvavidas de Gobierno en estos años, desde antes de la brutal caída de la producción petrolera y de las sanciones económicas.

Esa explotación es una caja negra por descifrar, aunque las autoridades locales en el Arco Minero del Orinoco estiman la producción de oro en unas tres toneladas mensuales, provenientes de cerca de 330 áreas mineras que contiene unos 3.800 punto de extracción, la mayoría ilegales y alberga a casi 20.000 mineros, sometidos a un régimen de esclavitud moderna.

Según las estimaciones de los expertos, solo la cuarta parte ingresa formalmente a las cuentas nacionales; el resto es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad.

Las principales cantidades salen por vía aérea y van a Colombia, pero también se incluye a Turquía, Bélgica y Holanda.

Lo mismo ocurre con la explotación ilegal de coltán, extraído por concesiones no formales, otorgadas por grupos irregulares de civiles y militares, particularmente, a la guerrilla colombiana instalada en el área.

Solo los montos de los negocios ilícitos que ha sido posible contabilizar, representan entre el 20 y el 25 % del PIB del país, calculado en unos 45 mil millones de dólares.

Como si esto fuera poco, también sabemos de otro negocio ilícito que es el otorgamiento de concesiones para la explotación del paisaje (un recurso intangible que tampoco se salvó de la vorágine extractivista) a través del turismo en Parques Nacionales como Los Roques, Canaima, Morrocoy y la Isla de Margarita, a otros países como Irán, Qatar, Rusia y sus satélites.

Ahora somos sorprendidos por la información del inicio de la explotación irregular de los yacimientos de rodio, que ha sido encontrado en Venezuela en cantidades importantes, y cuyo valor actual está ocho veces por encima del precio del oro.

El hallazgo ha sido mantenido oculto por el Gobierno

Se trata de un metal de alto consumo por el sector automotor, utilizado en catalizadores de gasolina para disminuir emisiones tóxicas. La industria farmacéutica también lo demanda.

El hallazgo ha sido mantenido oculto por el Gobierno, pero se sabe que está siendo extraído en cantidades importantes (unas 20 mil toneladas de arena para ser refinadas, de las que se calcula saldrían cuatro toneladas de rodio).

Los protagonistas de este nuevo asalto extractivista son pocos, pero los mismo. Lo dirigen quienes vienen saqueando las riquezas mineras de Venezuela, aliados con empresarios de distinto calibre y apoyados por el ELN y la élite militar.

En resumen, tenemos hoy, un país que ha abierto muchas oportunidades a la red de corrupción y a su impunidad, pues no hay rendición de cuentas, ni información. Es el Estado perfecto para los que quieren hacer dinero rápido.

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