Los radares particulares deben contar también con homologación oficial
Práctica
Así funcionan en España los radares privados con los que algunos conductores franceses ganan 1.500 euros/mes
Tanto en el Reino Unido como en Francia ya se permite que los particulares participen en las labores de control del tráfico rodado y denuncien infracciones
Hace sólo unos días que una empresa francesa publicaba en redes sociales que desde primeros de enero hay 400 nuevos radares móviles montados en coches patrullando por Francia.
Hasta aquí todo normal, de no ser porque en el segundo párrafo especifica que la mayor parte de ellos ni van a bordo de coches patrulla ni los manipulan policías, pues están en manos de conductores privados.
Conductores privados
En Francia cientos de conductores trabajan de esta forma desde hace ya años con un resultado excepcional desde el punto de vista de la policía, pues tal y como reconocen las autoridades galas es más sencillo que pasen desapercibidos, lo que les permite detectar infracciones con facilidad.
El conductor manejando un radar particular en Cazalegas fue muy sonado
El departamento de tráfico francés ha contratado a cuatro empresas que son las encargadas de seleccionar a los conductores adecuados para esta labor, pues lógicamente no sirve cualquiera.
Buenos conductores
En este caso se debe tratar de buenos conductores que tengan un mínimo de 10 puntos del carnet de conducir sobre un máximo de 12, que es lo permitido en el país.
Este tipo de conductores debe estar todo el día patrullando las carreteras, o al menos el máximo de horas posible, pues no cobran por sanción, lo que sería ilegal, sino por kilómetro recorrido en esta labor de patrullaje. En este caso los conductores llegan a facturar en torno a los 1.500 euros mensuales por un trabajo que no es demasiado estresante.
Los equipos privados deben disponer de las correspondientes homologaciones
En España el mecanismo no es exactamente así, pero lo cierto es que tal y como se demostró con lo ocurrido en el pueblo de Cazalegas, Toledo, hay particulares y empresas que viven de ello.
Cazalegas, un ejemplo real
En este caso no es la DGT quien externaliza este servicio, sino que son ayuntamientos los que lo hacen, recordemos que los consistorios tienen transferido el control del tráfico en sus calles así como la capacidad sancionadora.
Una cámara de control de tráfico privada en Torremocha, Madrid
Lo que hacen es contratar los servicios de empresas que se dedican a controlar el tráfico mediante cámaras y a poner radares. Los ayuntamientos se limitan a externalizar el servicio y luego a firmar las sanciones impuestas por estas compañías para darles soporte jurídico, compañías que además cuentan con un departamento jurídico encargado de cobrar las multas por vía ejecutiva.
Al 50 % de comisión
En este caso suelen ir a un 50 % de comisión, con lo que todo son beneficios para la alcaldía. El problema en Cazalegas es que el radar móvil estaba siendo controlado por un particular desde el interior de su coche, algo que está específicamente prohibido, pues si hay un radar móvil de estas características debe manejarlo un agente de la autoridad.
Esto supone un defecto de forma que podría invalidar todas las sanciones puestas por ese equipo durante el horario en que estuvo en funcionamiento. Si ese mismo equipo hubiera sido autónomo (una cámara fija con radar) y contara con los controles pertinentes del centro español de metrología las multas serían perfectamente legales.
