Las ZBE se han convertido en una pesadilla para todos los conductores
Sanciones
Ni los ayuntamientos ni Bruselas: por qué el Gobierno es el único responsable de las Zonas de Bajas Emisiones y de las multas
Pese al intento por evitar responsabilidades, las Zonas de Bajas Emisiones son fruto del Gobierno de Sánchez y cuentan con la complicidad de la DGT
Durante toda la legislatura, el Gobierno de Sánchez ha jugado a hacer responsable a Bruselas de las medidas y decisiones menos populares que ha ido tomando, es una huida hacia adelante en la que responsabiliza siempre a la Unión Europea de la aplicación de medidas que son poco populares.
En este caso nos referimos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) unas limitaciones a la circulación que han mandado al desguace a millones de coches sin etiqueta porque los propietarios no pueden usarlos en las ciudades en las que viven. A esto hay que sumarle ciento de miles de multas por un importe cercado a los mil millones de euros, un verdadero despropósito porque los tribunales han dictaminado ya en varias ocasiones que no son legales.
Millones de euros en multas
Pese a ello, ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona se niegan a devolver el importe de las sanciones, un verdadero despropósito. En cualquier caso la situación es un tanto contradictoria, porque Bruselas en ningún momento habló de la puesta en marcha de Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en las ciudades de la UE.
Madrid y Barcelona han aplicado las ZBE al pie de la letra
Lo que sí puso en marcha Bruselas es un mecanismo de control de la calidad del aire de las ciudades comunitarias, un sistema de control que comenzará en 2027 y que se repetirá cada tres años, lo que significa que Bruselas no va a preguntar por las Zonas de Bajas Emisiones, sino que se va a interesar por el estado del aire y si no está lo suficientemente limpio permite tomar las medidas que los ayuntamientos consideren oportunas.
Todos contra el coche
Estas medidas pueden afectar por ejemplo a las calefacciones o al tráfico de los vehículos pesados, lo que significa que no debe afectar obligatoriamente al tráfico rodado de coches. De hecho, el Gobierno no tiene ninguna medida para obligar a los ayuntamientos a aplicar y multar por las ZBE, de manera que el Gobierno de Sánchez lleva años intentando poner en marcha un mecanismo sancionador para las ciudades que no pongan en funcionamiento las ZBE.
Las ZBE se han convertido en una vía extraordinaria de ingresos para los ayuntamientos
El problema es que de las 150 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que debería activar las ZBE ni la mitad lo han hecho y muchas lo han hecho pero no multan a los conductores, por lo que el Gobierno de Sánchez está intentando regular un mecanismo sancionador para que las multas sean efectivas, pero con estas zonas judicializadas parece complicado.
De hecho, el Gobierno amenaza a los pueblos y ciudades que no las aplique con la retirada de determinadas subvenciones al transporte y con que tengan que devolver buena parte de los fondos europeos Next Generation recibidos durante los últimos años, aunque esto podría quedar fuera de sus capacidades normativas.
