El asesino que vivía en Marbella

Hama, ciudad de la parte occidental de Siria, poblada por alrededor de 900.000 habitantes, se había convertido a principios de los ochenta, en el principal foco de resistencia al omnímodo poder –advenido a raíz del golpe de Estado de 1970– del clan al-Asad. Así era porque la urbe era de mayoría suní, mientras que el presidente y los suyos eran alauíes. Por si no fuera suficiente, encabezaban el aguante los Hermanos Musulmanes, enemigos declarados de los regímenes árabes laicos, empezando por el sirio.

Un intento de asesinato del presidente Hafez el-Asad en junio de 1980 había desembocado en una primera ola represiva en Hama cuyo balance rondaba el millar de muertos. Nada que ver, sin embargo, con lo que ocurriría dos años más tarde, cuando el presidente de Siria decidió que había llegado el momento de acabar de una vez por todas con los Hermanos Musulmanes. Designó como encargado de ejecutar la sangrienta tarea a su hermano menor, Rifaat, al mando de las fuerzas paramilitares.

Narra Thomas Friedman en De Beirut a Jerusalén que, en la noche del 3 de febrero de 1982, Rifaat decidió que solo la fuerza blindada podía aplastar la rebelión. Para ello aunó fuerzas con el Ejército regular y, en la mañana del 4 de febrero, los paramilitares al mando de Rifaat y los tanques de la 21 División Mecanizada penetraron en las calles de Hama. El plan inicial contemplaba bombardeos encaminados a acabar con los Hermanos Musulmanes y sus fieles. Al comprobar que no bastaba, Rifaat el-Asad ordenó arrasar la ciudad entera de forma indiscriminada.

El resultado fue una masacre de entre 5 y 40.000 civiles muertos y 20.000 desaparecidos. Los complejos equilibrios políticos de Oriente Próximo hicieron que Rifaat al-Asad gozara de total impunidad hasta 2024. Ese año, la Justicia suiza lo acusó de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, amparándose en la amplia competencia de su país para perseguir a criminales de guerra internacionales basándose en la residencia, aunque fuera breve, de las personas en Suiza. «Como comandante de operaciones en Hama, el Sr. Assad ‘ordenó asesinatos, actos de tortura, actos de crueldad y encarcelamientos ilegales’, según la acusación». Pero nunca enfrentó un solo día de prisión por ordenar la masacre de Hama.

Tampoco por los delitos económicos que le fueron imputados en España, Francia y Suiza, países en los que vivió a cuerpo de rey antes y después de abandonar Siria, tras perder luchas de poder contra su hermano y su sobrino. En España, Marbella se convirtió en su base de operaciones: desde allí montó un inextricable entramado societario por medio de testaferros que le permitió amasar activos inmobiliarios por valor de 700 millones de euros.

Según The Objective, «la Fiscalía [española] solicitó para el exvicepresidente de Siria ocho años de prisión y una multa de 2,7 millones de euros. Estaba acusado de delitos de blanqueo de capitales como jefe. El resto de los acusados fueron calificados como partícipes. El Ministerio Público pidió para ellos seis años de cárcel y una multa de 2,1 millones, pero el juicio se suspendió inicialmente por sus achaques de salud y finalmente no se llevó a cabo». Impunidad, una vez más.