660 millones para una infantil... solo pública
El Consejo de Ministros ha aprobado una primera partida para una inversión total de 660 millones de euros para la creación en tres años de más de 65.000 nuevas plazas de Infantil de 0 a 3 años, en centros de titularidad pública
Cuando la propuesta se engola con referencias a la conciliación laboral o familiar o incluso alguno deja entrever que pueda favorecer la natalidad (ante el yermo absoluto, el vacío, la nada, en cuanto a preocupación y a medidas para frenar el dramático invierno demográfico), puede llegar a engañar y parecer una medida buena, y hasta incuestionable. ¿Qué desalmado puede criticar eso? Pero en este Gobierno ideologizado e ideologizante, todo tiene un doble fondo, una segunda intención, un objetivo espurio.
Y es que con esta ristra de millones se pretende que la totalidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años, que cada vez se convierte más en la puerta de acceso a la socialización y la educación de los niños, sea solo en centros de titularidad de la Administración pública. Así que se trata solo de un paso más, firme y decidido, hacia su ya indisimulado deseo de una escuela pública única, como modelo excluyente, es decir, solo la pública, el monopolio estatal. Adiós a la libertad de enseñanza.
De este modo, se crearán esas plazas en centros de titularidad pública, posiblemente, incluso, por encima de las necesidades de nuestra penosa natalidad, con el fin de que haya suficientes para atender a la totalidad del alumnado en edad de 0 a 3 años. En ningún caso la Administración contempla conveniar o concertar con los centros privados que ya existen y funcionan y tienen sus alumnos, y cuya financiación resultaría enormemente más barata que la creación de nuevos centros y, además, permitiría la elección de las familias entre diferentes modelos, sino que, por el contrario, provocarán, con «competencia desleal», acabar con ellos.
Ni esta decisión es sorpresiva ni nuestras afirmaciones son escandalosas o exageradas. De hecho, esta actuación responde directamente a lo decidido en la reciente LOMLOE. En su art. 15.1 sobre oferta de plazas y gratuidad en la Infantil la misma dice expresamente: «Las Administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años». Es explícito: «todas» las solicitudes de cero a tres años, toda la población infantil.
Pero, lejos de vincular esa propuesta, de escuela pública única, al primer ciclo de infantil, esta opción se amplía a todos los niveles educativos. No hay más que leerse la ley. El art. 109 de la LOMLOE, dedicado a la programación de puestos escolares, es decir, a que la Administración fije dónde estarán las plazas, eliminó la demanda social como criterio a tener en cuenta (no era el único, ni siquiera el más importante, solo uno más entre tantos otros). Con ello la Administración se asegura una planificación unilateral y dirigista, en la que ni siquiera tiene que tener en cuenta las opciones o las elecciones de las familias.
Ese mismo artículo se inventa un «derecho a la educación pública». Frente al derecho a la educación, único reconocido constitucionalmente, y que supone que la Administración debe garantizar plazas escolares suficientes para todos los alumnos en edad escolar, lo que se produce con la existencia de plazas gratuitas bastantes (y, por tanto, públicas y concertadas), el Gobierno pretende engañarnos y hacernos creer que ese derecho a la educación exclusivamente se garantiza en plazas de su titularidad. Se pretende un torticero cambio de la Constitución, mediante su normativa de desarrollo. Garantizar la educación, en su papel de programador, no es lo mismo que prestar la educación, en su papel de titular de centros.
El artículo 109 LOMLOE vuelve a reflejar su propuesta de escuela pública única cuando dice que «las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes esencialmente en las zonas de nueva población». Es decir, que la Administración no garantiza «plazas escolares suficientes» o «plazas gratuitas suficientes», con su programación, sino «plazas públicas suficientes». Particularmente en zonas de expansión de las ciudades, olvídense de alternativa a la pública.
Y si no quedara suficientemente claro, dicho artículo concluye con «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». Es decir, que las Administraciones públicas taxativamente deberán aumentar las plazas en centros de su titularidad, porque sí, sin vinculación con necesidades educativas (que falten plazas en la zona) o demanda social (que las familias pidan esas plazas). El incremento de esas plazas públicas, que no son necesarias y que nadie ha pedido, conllevará indefectiblemente la reducción de unidades concertadas, como sucedió tradicionalmente en las comunidades autónomas que gobernó el PSOE, como Andalucía y Extremadura, o se está produciendo recientemente en aquellas dirigidas por la coalición de PSOE y Unidas Podemos, como Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja.
Definitivamente, la lluvia de millones no pretende conciliar familiarmente ni mejorar la natalidad, sino cumplir la amenaza de la LOMLOE; implantar una escuela pública única, un monopolio de la Administración pública, cercenando la concertada y con ello la opción de elegir entre modelos educativos distintos, que quedará exclusivamente para quien tenga recursos económicos y pueda pagarse un centro privado. Es decir, acabar con la libertad de enseñanza. Y pretende hacerlo desde abajo, desde la primera entrada a la educación… Hay que acabar con esta LOMLOE.
- Jesús Muñoz de Priego Alvear es abogado especialista en Derecho Educativo, Coordinador de enLibertad y portavoz nacional de Más Plurales
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