Rita y Camps: víctimas de procesos políticos
Cabe preguntarse por la responsabilidad de esos jueces y fiscales que dilatan sin una convincente justificación procesos más políticos que judiciales
Siempre recordaré el momento en que Rita Barberá se descalzaba de un puntapié y sus zapatos volando por la sala contigua al despacho de la alcaldía. Solía hacerlo bien entrada la madrugada del 20 de marzo, pasado el día grande de Fallas, San José, e inmediatamente después de que el jefe de bomberos de Valencia la telefoneara y comunicara que la Nit de la Cremá había concluido felizmente, sin incendios ni incidentes pirotécnicos. Para alguien que había organizado consecutivamente como alcaldesa veinte ediciones de una de las fiestas más internacionales y populares de España en las que el fuego y la pólvora dan sentido y protagonismo esencial al ambiente lúdico de la capital del Turia, ese momento, justo ese instante en que recibía la buena nueva del jefe de bomberos, era el más deseado y celebrado por ella tras la esperada y, también a la vez, melancólica noche de los valencianos por la conclusión de sus Fallas. La contención, presión y responsabilidad que soportaba los días anteriores por el miedo a cualquier imprevisto relacionado con la pirotecnia, se tornaba en liberación y relajo para disfrutar de la mejor copa entre amigos mientras los equipos de limpieza recogían las cenizas de la cremá y dejaban impoluta la ciudad.
Acompañé a Rita algunos días de San José y comprobé in situ, junto a otros colegas, la enorme popularidad que tenía entre los valencianos cada vez que se asomaba a la plaza del Ayuntamiento desde uno de los balcones consistoriales para saludar antes de la mascletá y era recibida, entre aplausos, por miles de gargantas al grito de «¡que bote Rita!» y Rita, por supuesto, botaba una y otra vez. Valencia no ha conocido en su dilatada historia mejor regidora que Rita Barberá. El progreso y la transformación cultural, económica, social, arquitectónica, vanguardista y de modernidad, experimentado por Valencia durante sus más de veinte años en la alcaldía es lo que realmente no soportó la izquierda revanchista y sectaria de Compromis y PSOE, incapaz de derrotarla en las urnas y decidida a echarla mediante procesos políticos en los tribunales.
Rita murió sola, víctima de la «pena de telediario», en la habitación de un hotel madrileño frente a las Cortes, un día después de declarar en el Supremo por un asunto de «pitufeo» de 1.000 euros que no dejaba de ser una nimiedad en comparación con ese océano de corrupción, dilapidación y despilfarro de millones e inmoralidad, fomentado por el PSOE en Andalucía. Cinco años después de su muerte, la Audiencia de Valencia ha archivado el caso tras acreditar «la notoria ausencia de indicios que justifiquen la comisión de un delito de blanqueo», pero Rita ya no puede celebrarlo y su brillante trayectoria política al frente del Ayuntamiento había sido dinamitada por la «mera sospecha» de un supuesto ilícito de blanqueo que señalados fiscales anticorrupción y jueces de instrucción, tras seis años de investigación, ¡seis años!, no pudieron demostrar porque nunca existió tal delito.
Cabe preguntarse por la responsabilidad de esos jueces y fiscales que dilatan sin una convincente justificación procesos más políticos que judiciales y que terminan archivados como este, que ha arruinado social y económicamente a muchos de los exconcejales y exasesores del PP en el ayuntamiento valenciano. Y todo ello con la connivencia de Compromis y PSOE que utilizaron los tribunales ejerciendo la acusación popular para liquidar al adversario político y ocupar las instituciones en Valencia. Cómplices también de esa estrategia fueron los medios informativos que llevaron hasta el paroxismo televisivo la difusión reiterada y permanente de este asunto de supuesto «pitufeo» sin el menor respeto a la presunción de inocencia de los investigados que padecieron la situación en medio de una indefensión absoluta.
Me pregunto, otra vez, quién reparará las injusticias sufridas por Rita Barberá y tantos otros como Francisco Camps, cuya honorabilidad quedó cuestionada por una deliberada persecución política, mediática y judicial impulsada por esos partidos y algún exfiscal anticorrupción que consiguieron el propósito de apartarle de la vida política valenciana a pesar de que las nueve causas abiertas contra él hayan sido archivadas o quedara absuelto por un jurado popular y después por el Tribunal Supremo, como en el caso de los trajes al que, curiosamente, el periódico El País le dedicó ¡160 portadas! A Camps sólo le falta que le atribuyan la muerte de Manolete.
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