La educación en la encrucijada Francisco López Rupérez

La jornada escolar y el interés superior del menor

La igualdad de oportunidades en educación se ha convertido en una cuestión principal, en un desafío para la concepción de las políticas educativas y para su implementación

La cuestión de la igualdad de oportunidades en educación se ha convertido, en los países desarrollados, en una cuestión principal, en un desafío para la concepción de las políticas educativas y para su implementación. Y ello es así porque el derecho fundamental a la educación ha de estar acompañado, necesariamente, de una igualdad efectiva de oportunidades que vaya más allá de la igualdad formal de acceso, garantizada por la escolarización. Pero, además, porque una sociedad avanzada no se puede permitir los costes de la ignorancia. Basta con analizar la importancia creciente que el programa PISA de la OCDE ha ido atribuyendo a la cuestión de la equidad, y a su medida, para darse cuenta del avance de ese movimiento. De modo que, en el plano internacional, se consideran políticas y sistemas educativos de éxito aquellos que son capaces de conciliar la excelencia en los resultados con la equidad en su distribución.

En este mismo orden de ideas, el tipo de jornada escolar –continua o partida–, por su impacto en la vida de los niños y de los adolescentes, no puede trivializarse como una cuestión menor. Cuando se habla de jornada escolar se ha de aceptar –la experiencia así lo demuestra– que alrededor de esa realidad se produce un cruce de intereses, con frecuencia contrapuestos. Administraciones, padres y profesores concurren sobre esta problemática desde posiciones no siempre fácilmente conciliables.

Recientemente, EsadeEcPol ha publicado un estudio completo y riguroso, realizado por los investigadores Marta Ferrero, Lucas Gortázar y Ángel Martínez, bajo el titulo Jornada escolar continua: cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo. En él se revisa la investigación disponible al respecto y se aportan, sobre una base empírica, nuevos argumentos relativos al impacto negativo sobre el empleo de los padres, principalmente de las madres.

La cronobiología y la cronopsicología tienen mucho que decir cuando hablamos de horarios escolares. De conformidad con los resultados científicos disponibles, de entre los distintos tipos de ciclos biológicos identificados por la ciencia son los llamados ciclos circadianos –que, como su nombre indica, tienen un periodo de cerca de un día– los que resultan más relevantes para la problemática de la jornada escolar. Y es que, como ha revelado la investigación, el estado de ánimo, el nivel de atención y el rendimiento en pruebas verbales, de estructuración espacial y de operaciones aritméticas evolucionan de manera sincrónica con el ciclo.

Aunque existen algunas variaciones en función de los individuos y de la edad, estudios empíricos han puesto de manifiesto que el máximo de rendimiento cognitivo se produce en la infancia en torno a las 11:30 de la mañana, para luego decaer hasta alcanzar un mínimo a las 13:40 y volver otra vez a aumentar en el horario de tarde hasta otro nuevo máximo, en torno a las 16:30 horas.

Tanto desde el Consejo Escolar del Estado, como desde el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid este fue, en las dos pasadas décadas, un tema objeto de discusión y de análisis público. Sin embargo, y de conformidad con la información actualizada que aporta el estudio antes citado, la frecuencia de la jornada continua y la consiguiente extensión de sus efectos desincronizadores no han hecho desde entonces más que crecer, con desigualdades francas al respecto entre las diferentes comunidades autónomas.

Una de las informaciones más interesantes que aporta el estudio tiene que ver con el impacto de la jornada continua en materia de equidad. En este sentido cabe destacar los siguientes hechos: cuanto mayor es el nivel de renta de las familias, mayor es el porcentaje de las que escolarizan a sus hijos en centros con jornada partida, relación que se hace extrema en comunidades como la de Madrid con una amplia oferta de centros de titularidad privada; los porcentajes de centros públicos acogidos al régimen de jornada continua, varían en el conjunto de las comunidades autónomas entre menos de un 20 por ciento y un 100 por cien.

Estamos pues, con toda probabilidad, ante una fuente manifiesta de inequidad dentro del sistema educativo español que es necesario abordar y corregir, sin menoscabo de la libertad de elección de las familias. De lo contrario, el interés primordial del niño quedará ignorado y enmascarado tras la madeja de argumentos invocados por otros agentes. Todos los sectores implicados deberían ponerse de acuerdo a la hora de priorizar ese interés superior del menor como elemento modulador de los conflictos entre unos y otros. Y en esta situación, las administraciones educativas –incluida la del Estado–, en su condición de titulares de los centros públicos y de garantes de la equidad del sistema, no pueden mirar para otro lado; poseen una responsabilidad singular a la hora de tomar la iniciativa y paliar las amenazas ciertas a la igualdad efectiva de oportunidades en educación que esta situación comporta.