El pacto infame de un autócrata sin límites con un golpista prófugo
No cabe mayor golpe a la independencia judicial y a la separación de poderes, ni mayor deslegitimación de nuestro ordenamiento jurídico
Me dicen, no sin ironía, que la vaselina ha debido agotarse en Bruselas tras la estancia de Santos Cerdán, el «señor Lobo» de Sánchez, pendiente durante días de la venia del delincuente a la investidura de su jefe. No ha tenido inconveniente en humillarse tantas veces hiciera falta con tal de firmarle al prófugo un acuerdo infame que supone rendir nuestra democracia y el Estado de derecho a los intereses de golpistas y malversadores.
Sánchez ha comprado los siete votos de Junts a cambio de negociar un referéndum de independencia con verificadores internacionales y de concederle inmunidad al prófugo y a su cohorte de corruptos y blanqueadores de dinero del narcotráfico. Se aprobará una amnistía, que es anticonstitucional, pero sobre todo se aprobará una ley de impunidad para los golpistas, terroristas y malversadores del procés que dinamita el ordenamiento jurídico de España.
Una indignidad, una infamia, que rompe la unidad de los españoles ante la ley y que exige ser denunciada con contundencia en la Unión Europea y rechazada en las calles todos los días.
Que España, con Sánchez, se aleja cada día más de ser una democracia para devenir en una autocracia lo aclara la RAE en su Diccionario: «Autocracia es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad».
La definición retrata la deriva de Sánchez que no ha dudado en traspasar todos los límites para conseguir sus fines personales pactando una ley fuera del cauce constitucional con el único objetivo de seguir en el poder.
Antes, el autócrata, sometió primero a su vasallaje a la Fiscalía General del Estado y ocupó después con 'sanchistas' de probada lealtad el Tribunal Constitucional en una estrategia calcada del 'chavismo' venezolano y de cualquier régimen iliberal de las Américas.
No ha podido aún, sin embargo, controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acabar totalmente con la separación de poderes y poner a Montesquieu a sus pies. De tal forma que el CGPJ simboliza, con su resistencia, esa aldea gala de Asterix que hace frente al acoso permanente del autócrata y del PSOE mientras rechaza la ley de amnistía cuyos efectos, advierte, suponen la abolición del Estado de derecho.
En un gesto de dignidad y decencia política que no se ve en nuestros predios, el primer ministro socialista de Portugal, António Costa, presentó su dimisión después de que la Fiscalía ordenara investigarle junto a varios miembros de su Gabinete por presuntos delitos de corrupción. ¿Alguien se imagina a la servil Fiscalía General del Estado de nuestro país ordenando una investigación contra Sánchez e irrumpiendo en los despachos de Presidencia de la Moncloa?
Muy al contrario la Fiscalía de España, a diferencia de la portuguesa, se pone en evidencia con tal de no contradecir los deseos y conveniencias del autócrata como se ha demostrado con la imputación de Puigdemont por terrorismo por parte de la Audiencia Nacional y rectificando la posición inicial que era coincidente con la del magistrado.
Pasadas las elecciones del 23-J, comprobado que Sánchez necesitaba los siete votos del prófugo para seguir en la Moncloa, esa misma fiscalía consideró que fue un error apoyar la investigación a Tsunamic Democratic y a Puigdemont por terrorismo.
Los cambios de opinión en función de las necesidades e intereses de Sánchez impregnan de indecencia el proceder del personaje y de todos los que de forma cómplice como la Fiscalía colaboran para que siga en el Gobierno.
Con el pacto de la infamia suscrito con el delincuente y prófugo de Waterloo, Sánchez ha conseguido algo inaudito: poner en su contra a todas las asociaciones de jueces y fiscales. Un acuerdo en el que ambos suscriben que el Congreso, la mayoría Frankenstein, podrá investigar y juzgar la labor de los jueces y determinar si actuaron por motivos espurios políticos y no jurídicos contra los independentistas antes y después del ilegal referéndum de 2017.
Puigdemont lo exige y Sánchez ha aceptado que los jueces y fiscales que actuaron contra el desafío separatista prevaricaron al procesar por razones políticas y no jurídicas a quienes delinquieron contra la legalidad constitucional. No cabe mayor golpe a la independencia judicial y a la separación de poderes, ni mayor deslegitimación de nuestro ordenamiento jurídico.
Llevar a la calle de forma pacífica pero contundente toda la indignación que Sánchez está generando con sus cesiones al separatismo por interés personal, tras perder las elecciones, no lo olvidemos, es una obligación ética y moral que nos atañe a todos en defensa de una libertad y de una democracia cada vez más amenazada en España. Y los jueces, el Tribunal Supremo, que pongan pie en pared a la hora de aplicar la amnistía.
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