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21 de febrero de 2024

Aire libreIgnacio Sánchez Cámara

Manuel García Morente y la «memoria histórica»

La Transición no pretendió reescribir la historia ni distribuir errores y aciertos, sino promover, y lograr, la reconciliación nacional

Actualizada 01:30

Es imposible legislar sobre la «memoria histórica» porque sencillamente no existe. Las leyes sobre la memoria histórica y democrática constituyen un desvarío totalitario. La memoria es personal. Recuerdo lo que recuerdo y como lo recuerdo. También puedo valorar personalmente (no arbitrariamente) los hechos del pasado. Puede haber una memoria compartida por grupos que han vivido o conocido acontecimientos del pasado. Por ejemplo, la memoria de muchos católicos sobre la persecución religiosa durante la Segunda República, de muchos republicanos durante el franquismo o la de las víctimas del terrorismo. El análisis de los hechos del pasado y su interpretación y valoración corresponde a los historiadores, pero no a los gobernantes. La política es incompetente para dirimir e imponer cuestiones de verdad. La verdad no depende del sufragio universal ni de los intereses del poder. Además, el Estado ni siquiera puede imponer la memoria. Solo puede castigar las opiniones que se opongan a la suya. Es la práctica común de los regímenes totalitarios. Para ellos es delictiva la emisión de toda opinión que se oponga a la tiranía.
El lunes pasado se celebró, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, una Jornada sobre la vida y la obra de Manuel García Morente (1886-1942). El filósofo español fue un excelente profesor y traductor y escribió algunos libros y artículos admirables. Además, fue el decano de la extraordinaria Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid durante la República, período en el que alcanzó su máxima altura intelectual. Baste mencionar, y solo en el ámbito del pensamiento filosófico, entre otros, a Ortega, Zubiri, Gaos y Zambrano. García Morente exhibió a un nivel inusual las virtudes intelectuales y morales del profesor. Su acción pública se inspiró en los ideales educativos de Francisco Giner y la Institución Libre de Enseñanza. Fue agnóstico hasta su conversión en París al catolicismo en 1937. Más tarde regresó a España y se ordenó sacerdote. Hablemos un poco de «memoria histórica». El Gobierno del Frente popular lo destituyó como decano. Un amigo, al parecer Julián Besteiro, le alertó de que su vida corría peligro. Con muchas vacilaciones huyó a París para salvar su vida (de la amenaza de los milicianos del Frente popular), abandonando a su familia, especialmente a sus dos hijas. Esto le produjo graves problemas de conciencia y, después de unos meses angustiosos, se convirtió al catolicismo, acontecimiento que narra en «El hecho extraordinario», texto de una carta enviada a su amigo José María García Lahiguera, más tarde publicado. No fue un hecho aislado. Su gran amigo Ortega y Gasset sufrió una situación semejante. Quien quiera hacerse una idea del horror del Madrid del Frente popular puede, entre otros muchos, acudir al testimonio de la novela de Wenceslao Fernández Flórez, «Una isla en el mar rojo» o al de Miguel Ortega en su libro «Ortega y Gasset, mi padre». Si el final de la guerra hubiera sido otro, el exilio de católicos, conservadores, liberales y monárquicos, que hubieran podido salvar sus vidas, habría resultado masivo.
Es natural que algunos españoles entiendan que el Gobierno del Frente popular era legítimo, que no hubo falsificación del resultado electoral y que la guerra civil fue una lucha entre la democracia y el fascismo. Interpretación que llevaría a entender que Largo Caballero o Negrín eran demócratas mientras que Ortega y García Morente eran fascistas. Lo que no puede un Gobierno es asumir esa tesis sectaria y tratar de imponerla a toda la nación. Entre otras cosas es una falta de respeto a la verdad y a la memoria, esta sí, de millones de españoles. La Transición no pretendió reescribir la historia ni distribuir errores y aciertos, sino promover, y lograr, la reconciliación nacional. Y esto fue posible porque la inmensa mayoría de los ciudadanos adoptó una posición de dignidad moral y política que el actual Gobierno está destrozando. Ni él ni el Parlamento están legitimados para imponer una determinada interpretación de los hechos históricos, ni siquiera en el caso, que no lo es, de que la suya fuera la correcta.
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