La Justicia contra el Gobierno
Entre el enérgico rechazo de la amnistía y su ardiente defensa sólo ha sucedido un hecho relevante: el resultado de las elecciones generales
El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que permitirá la investidura de Sánchez, es contrario a la Constitución y conduce a la destrucción del Estado de Derecho.
En primer lugar, entraña el reconocimiento de Cataluña como nación, cuando la Carta Magna sólo admite una única nación, la española. También prevé la apertura de una negociación entre el Gobierno y la Generalidad, es decir, entre España y Cataluña, entre la nación española y la catalana. El todo puede negociar con la parte, pero nunca como si de dos partes iguales se tratara. El presidente del Gobierno también lo es de Cataluña. La negociación, tal y como se plantea, se realizaría entre dos naciones enfrentadas en un conflicto. Además, al margen del eufemismo que se elija, se acuerda la creación de la figura de un mediador o supervisor internacional para fiscalizar el cumplimiento de una sola de las partes, el Gobierno español. Esto contradice también la Constitución en cuanto niega el reconocimiento de una sola nación. Es lo más parecido a una negociación entre dos estados.
En segundo lugar, prevé la aprobación de una inconstitucional ley de amnistía y el establecimiento de un sistema de control parlamentario para impedir la «judicialización de la política», es decir, un mecanismo para el control gubernamental de la Judicatura. Dicho con otras palabras, la supresión de la división de poderes y, con ella, la destrucción del Estado de Derecho. El Gobierno deja de estar sometido a la ley para convertirse en la expresión única de la ley. Descanse en paz Montesquieu y viva Carl Schmitt. La reacción del Poder judicial no ha podido ser ni más rápida ni más contundente ni más unánime. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, sin una sola excepción, han emitido su más severa crítica al acuerdo alcanzado. También lo ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, que no está caducado sino prorrogado en sus funciones legales y legítimas. El Gobierno «progresista» se queda sólo con la compañía de la extrema izquierda, el nacionalismo y el separatismo.
Además de las concesiones ya anunciadas, el acuerdo prevé otras, entre ellas la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales. Una vez más, es reconocida su condición de nación y, de hecho, su soberanía. La Constitución afirma, por el contrario, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en alguna de sus partes. Por si quedara alguna duda el texto afirma: «Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al (sic) Estatut (que tiene carácter de ley orgánica) representa legítimamente al pueblo de Catalunya». No. La representación legítima de los catalanes se encuentra en el Parlamento español, y España es la patria común e indivisible de todos los españoles (por lo tanto, también de los catalanes). Además, los acuerdos vulneran el principio constitucional que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley.
La cuestión jurídica no ofrece ninguna duda: el acuerdo es contrario a Derecho e inconstitucional. Así lo han declarado todas las asociaciones de jueces y fiscales. Supongo que esto acaso haga reflexionar a la ministra de Defensa, notable jurista. Pero además se trata de una infamia política y moral. El Gobierno aprueba algo contrario a lo que había declarado antes y durante la campaña electoral. Hay un flagrante incumplimiento del programa en un aspecto fundamental y una traición a su electorado y al conjunto de los españoles. Entre el enérgico rechazo de la amnistía y su ardiente defensa sólo ha sucedido un hecho relevante: el resultado de las elecciones generales. Sánchez necesita los votos de Junts. El canje es evidente: Constitución y Estado de Derecho a cambio de votos y poder. El presidente en funciones será investido, pero ingresará de pleno derecho en la «historia universal de la infamia» (Borges).
Según el Evangelio de Lucas, al final de la parábola del administrador infiel, dijo Jesús de Nazaret estas palabras: «Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz».
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