¿Para qué quiere Sánchez Telefónica, RTVE, Correos e Indra si no es para perpetuarse?

De cómo concibe Sánchez la gestión del poder y en qué prefiere emplearlo da cuenta la decisión que adoptó, a miles de kilómetros de distancia y mientras cenaba en privado con Begoña Gómez en algún restaurante cuco de la India.

Desde al menos la víspera tuvo algo más que indicios razonables de la «catástrofe climática» que se cernía sobre España y, desde luego, conocía la obligación de activar la Ley de Seguridad Nacional que hubiera coordinado todos los recursos públicos para paliar los estragos de la dana y, a continuación, iniciar la dura tarea de atención de las víctimas y reparación del paraje devastado.

Le hubiese bastado con aprobar un Real Decreto que, sin permiso de nadie por debajo, declarase la «situación de interés nacional», un recurso legal razonable para atender situaciones que el mismo presidente había incluido en su agenda personal de prioridades para la Seguridad Nacional e incluso ensayado con un simulacro de inundaciones masivas en Huesca idénticas a las de Valencia.

Lejos de traducir en una respuesta práctica sus propio discurso sobre las consecuencias del cambio climático, que le permite viajar por todo el mundo como heraldo del apocalipsis para luego desentenderse de los efectos de un episodio concreto de ese fenómeno; Sánchez se hizo el loco y reservó el martes 29 de octubre para aprobar un decreto bien distinto: el del asalto definitivo a RTVE, cambiando las mayorías de elección de sus consejeros para que, en resumen, se acabara con los contrapesos y el órgano de administración del ente público estuviera en sus manos y la de sus socios.

Una operación caciquil idéntica a la que perpetró con el Poder Judicial durante años, con intentonas de repetir en el gobierno de los jueces el esquema falaz de la «mayoría social» del Congreso (ese contubernio heterogéneo que solo se amalgama por la compra de votos a cambio de concesiones ilegales) y leyes para que, al no conseguirlo, estuviera paralizado hasta que se rindiera.

Esa concepción patrimonial del Estado, que se subordina al partido como este lo hace a continuación a sí mismo, es la seña de identidad más definitoria del sanchismo, como lo es de cualquier régimen con aspiraciones autoritarias.

Consiste en anular el mecanismo de equilibrio entre poderes, la especialización de cada uno de ellos en una materia y la convivencia entre todos ellos con una sociedad civil articulada individual y colectivamente a través de empresas, asociaciones y los propios ciudadanos como activos del sector privado para, a continuación, someterlo todo al Mando Único que paradójicamente se desprecia cuando de verdad hace falta, sea por una pandemia o por un diluvio histórico.

Y eso es lo que ha vuelto a hacer con una operación de asalto a Telefónica, que se suma a las ya perpetradas en Indra, Hispasat, Correos, RTVE, el Instituto Nacional de Estadística o el CIS: todo aquello que opera en la creación de estados de ánimo en la opinión pública, en la certificación de cifras y estadísticas y de un modo u otro en el funcionamiento del sistema electoral está, ahora mismo, a las órdenes de Pedro Sánchez, un bandolero del Estado de derecho con la placa de comisario arrendada a los delincuentes.

Y sus perversas intenciones se resumen en la escalada legislativa contra la Justicia y la prensa cuando la primera instruye casos de corrupción galopante en su entorno y la segunda informa de ello o publica novedades indiciarias de inapelables delitos.

Hace poco más de un año, el Gobierno justificó una inversión millonaria con dinero público en Telefónica para frenar a Arabia Saudí en su intento de lograr una posición mayoritaria en la compañía de telecomunicaciones, algo que podría haber logrado sin desembolso alguno y sin convertirse en accionista hegemónico, activando los mecanismos legales previstos para proteger activos estratégicos de la Nación sin expropiarlos al mismo tiempo.

De hasta qué punto eso era un invento da cuenta la escandalosa evidencia de que, al final, los jeques han duplicado sus acciones y Sánchez ha utilizado la excusa árabe para penetrar en la empresa, destituir a su presidente tras citarlo en la Moncloa como hacía Franco en El Pardo y situar al frente de ella, con poderes ejecutivos, a un significado socialista con trienios de servicios a la causa.

Cuando un político coloca a acólitos de obediencia ciega al frente de organismos y empresas que participan en el recuento electoral, en la creación de estados de opinión, en las comunicaciones y gestiones virtuales, en la custodia del voto por correo y en la instancia capaz incluso de anular lo sustantivo de condenas como la de los ERE, que para eso está Pumpido en el Constitucional, preguntarse cuál es el plan y dar por supuesto que no es democrático no es una opción, sino una obligación indelegable.

Son demasiadas casualidades sincronizadas entre sí como para no tener las peores sospechas: ya que Sánchez no puede sobrevivir política y quizá penalmente en el mundo real, quizá se esté fabricando uno a la carta donde todos tengan la misma orden: ayudarle a blanquear sus abusos y dar apariencia de veracidad a un atraco democrático a mano armada.