Modus no operandi

Todas las semanas hay muchísimas declaraciones impactantes en la política española, tan hecha de jaleo y toreo de salón o, mejor dicho, de balcón y canutazo. Pero ninguna me ha impresionado más en los últimos tiempos que una reflexión, en apariencia muy sensata, de Jorge Azcón, líder del PP aragonés. Tenía que gustarme, pues mi postura es que el PP y Vox se han de entender, pero no porque Vox regale los votos al PP, sino por un acuerdo sensato, proporcional, valiente y mutuamente respetuoso. En esa línea hablaba Azcón. Y, sin embargo, me produjo un escalofrío.

Su discurso era, oh, que por supuesto que ellos podían entenderse con Vox, siempre que pidiese cosas que están dentro de la legalidad y en el ámbito de competencias autonómicas. Y se marcó unos ejemplos. Pocas veces tan ilustrativos. Véanse. No podía Vox empeñarse en limpiar los cauces de los ríos. Había que esperar a la autorización de la confederación hidrográfica. Tampoco podía pretender que el Gobierno de Aragón se enfrentase a la inseguridad ciudadana, porque eso no es competencia de la Comunidad Autónoma. Jorge Azcón llamaba, con muy buen tono, a que Vox se conformase con el «mínimo común denominador», esto es, con bajar los impuestos y con lo que importa: las inversiones.

Y tan mínimo, diría uno. Claro que hay que bajar los impuestos. Pero lo mollar es el máximo común innominado. La parrafada de Azcón funcionaba como un mitin de Abascal. Algo no va bien en la política española si el extremismo de Vox es querer limpiar los ríos y limpiar las calles, uf, los ríos, qué radicalismo, ay, las calles, qué populismo.

La legalidad se ha convertido en la «fermosa cobertura» para que los políticos no arreglen los problemas reales de los ciudadanos. Las competencias son las cómplices de la incompetencia. Tras el embobamiento con la burocracia se emboscan los que embaucan. Del «vuelva usted mañana» hemos pasado a llamar «extremista» al que quiere arreglar las cosas de una vez y dejar de marear al ciudadano como si estuviese preso en el castillo de Kafka, andando por el laberinto competencial y amarrado a un entramado legislativo paralizante.

Si la función de los políticos no es arreglar los cauces de ríos y la seguridad en las calles, sino recordarnos, primero, que no tienen arreglo y, segundo, que si lo pedimos, somos unos insensatos, entonces la política empieza a ser el problema. ¿No pueden los legisladores cambiar las leyes que prohíben arreglar lo más evidente y que hicieron ellos? Si de verdad hubiese impedimentos legales, ¿no está en su mano liderar el movimiento ciudadano que los denuncie?

La realidad es todavía peor. Porque ni la ley, ni los conflictos competenciales, ni la burocracia, ni las instituciones, ni el mínimo común denominador han paralizado a los nacionalistas, que, por saltarse a la torera, con perdón, se han saltado hasta la Carta Magna. Ni tampoco al PSOE, que tiene el comodín de Conde-Pumpido para que todo lo que haga Pedro Sánchez se ajuste como un guante a la legislación y a las competencias. Solo los ciudadanos estamos presos de un Estado de Derecho que resulta un retorcido laberinto.

Ignoro si el PP en general y Jorge Azcón en particular se creen estos límites legales o los usan como excusa para poder dedicarse a gestionar mejor la economía en el cómodo marco que deciden la izquierda y los nacionalistas. Es bueno, sin embargo, que la existencia de Vox les haya colocado en la tesitura de explicarnos su modus operandi, que es, como advierte el título de esta columna pasmada, un modus no operandi. O con la ayuda de un Vox muy loco, empeñado hasta en limpiar los cauces o, sencillamente, por el hartazgo ciudadano de vernos atrapados en una inoperancia carísima, puntillosa y cumplidora de la ley, esto tiene que cambiar. Los políticos no pueden resignarse tan tranquilos a nuestros problemas.