Peramato y Cándido desprecian la credibilidad de Fiscalía y Constitucional
Y luego se enoja don Cándido por las críticas que recibe dada su natural disposición a ponerse de hinojos, desautorizar, enmendar y suplantar al Supremo para satisfacer demandas de amnistías o indultos a corruptos que siempre, casualmente, favorecen a Sánchez y sus afines
Teresa Peramato apuntó maneras sobre sus verdades intenciones continuistas al frente de la deteriorada institución, desde el momento en que fue elegida por Sánchez para relevar al frente de la Fiscalía General del Estado al condenado e inhabilitado Álvaro García Ortiz. Tanto es así que no ha tardado mucho en mostrar sus credenciales en favor del sentenciado y perpetrar una cabildada para recuperar a su admirado, amigo y antecesor en el cargo, Álvaro.
En su toma de posesión, Peramato expresó su admiración y respeto por el condenado por el Tribunal Supremo y semanas después, esas muestras de cariño y reconocimiento las volcó en un cuestionado decreto, conocido ahora, que fue dictado de forma arbitraria y con un evidente abuso de poder, con el único fin de salvar la carrera fiscal de García Ortiz, a pesar de haber sido condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general del Estado y a una multa de 7.200 euros por el delito de revelación de secreto.
Con ocultismo, sin la transparencia exigible dada la personalidad del sujeto beneficiado, para que no trascendiera públicamente su decisión, la fiscal general decretó el pasado 23 de diciembre el nombramiento del inhabilitado García Ortiz como fiscal de la Sección Social del Tribunal Supremo, obviando la condena de ese mismo tribunal. Interpreta Peramato que el alto tribunal en su sentencia delimita el fallo a impedir que García Ortíz ejerza durante dos años como fiscal general del Estado, pero no incluye que tenga que dejar la carrera fiscal sin que pueda desempeñarla en otros ámbitos de la Administración de Justicia. Con un par.
Todo un golpe al sentido común y un ejercicio de arbitrariedad institucional y de corporativismo obsceno además de una burla a la exigencia ética que ella debería asumir y defender como máxima representante del Ministerio Público.
Peramato premia a su antecesor en el cargo en un alarde reprobable de solidaridad corporativa y desafía la lógica de la condena que el Supremo le impuso, ya que si fue culpable por violar su deber de confidencialidad en razón del cargo, ¿cómo puede seguir ejerciendo la carrera de fiscal sin adulterar la condena que se le impuso? Con su «decretazo» la nueva fiscal general ha transmitido que la institución que dirige es impermeable a las consecuencias de actos censurados y condenados por la propia justicia.
El nombramiento será recurrido y muy probablemente impugnado por el Supremo, en su sala de lo contencioso-administrativo, pero el hecho de que la fiscal general del Estado se lo ocultara, incluso, a los representantes de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, con los que se reunió para abordar el descrédito y deterioro de la institución durante el mandato de su antecesor, evidencia su mala conciencia y su aparente despreocupación por la cuestionada reputación del Ministerio Público en vista de su arbitrario proceder para salvar la carrera de 'don Alvarone', a pesar de estar condenado. Cosa que no se permitiría a ningún otro fiscal en el mismo supuesto de ser inhabilitado.
Teresa Peramato, con este nombramiento, ha ejercido el mismo despotismo que caracterizó a sus antecesores Dolores Delgado y García Ortiz al frente del ministerio público, premiando a fiscales afines ideológicamente y por amistad en perjuicio de otros que reunían más méritos y estaban mejor posicionados en el escalafón. Y ese comportamiento sectario y corporativo es el que acaba de avalar y respaldar la mayoría sanchista que lidera Conde-Pumpido en el desacreditado Tribunal Constitucional al enmendarle nuevamente la plana al Tribunal Supremo y revocar su sentencia sobre uno de esos 'dedazos' de Dolores Delgado. Es lo que tiene la colonización de las instituciones del Estado por parte de Sánchez. Sus peones trabajan coordinadamente y se protegen en contra de la aplicación imparcial de las reglas democráticas, del pluralismo y, a veces, de la lógica jurídica, incluso.
Cándido y sus 'mariachis' han otorgado un poder casi ilimitado al jefe del Ministerio Público para que haga de su capa un sayo con los nombramientos y designe a quien le salga de su entrepierna, interpretando los méritos y capacidad de los candidatos con criterios subjetivos de afinidad, amistad o ideología. Todo lo contrario de lo que influyentes teóricos del derecho, como Raz, predicaron en el sentido de que «la autoridad moral y legal de las instituciones jurídicas está directamente vinculada a su capacidad para que las normas aplicadas se perciban como justas e imparciales, no como instrumentos de protección corporativa», y añadiría que también de partido y por tendencia política.
Y luego se enoja don Cándido por las críticas que recibe dada su natural disposición a ponerse de hinojos, desautorizar, enmendar y suplantar al Supremo para satisfacer demandas de amnistías, indultos a corruptos o 'dedazos', con tendenciosas y partidistas sentencias del Constitucional que siempre, casualmente, favorecen a Sánchez y sus afines.