El wikileaks de Tejero

Saber lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando algunos fuimos sacados del colegio precipitadamente por un acontecimiento al que pronto llamaríamos histórico y confinados en casa por nuestros padres mientras no se separaban del transistor, no tiene por qué ser una mala noticia. Hay muchos historiadores que lo han pedido para, con un material riguroso, estudiar nuestro más inmediato pasado y arrojar luz sobre lo que sucedió entre bambalinas. Hasta Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta de Rajoy y antaño responsable del CNI, se mostró favorable en 2014 a difundir los documentos. Antes, ya se habían publicado archivos sobre los GAL, la represión en Argentina y Chile, y más recientemente sobre el atentado yihadista de Barcelona. Pero en la España de Sánchez hasta lo razonable siempre tiene que hacerse con artes trapaceras y con objetivos tenebrosos. Primero, esta iniciativa debería llevar el sello del consenso y no solo el interés cainita y felón de los socios de Pedro. Después, hay que tener claro que la desclasificación intenta esconder el desastre de que la Ley de Información Clasificada socialista, que data de 2022, está varada en el Congreso porque a su amigo Puigdemont le parece insuficiente. También aquí, como con la regularización de inmigrantes o el presupuesto de Defensa, el Ejecutivo orilla al Parlamento y demuestra la parálisis de una legislatura que nunca debió comenzar.

Sus socios proetarras y separatistas intentan que la desclasificación deje inerme al Estado y, en el lado derecho del hemiciclo, nadie se fía de Pedro, al que los centenares de asesores que pagamos todos fabrican cada semana una cortina de humo: la del intento de golpe de Estado no podía ser una excepción. Es una pena que nada en España pueda ser gestionado con altura de miras. Lo normal es saludar con interés que se pongan a disposición de los historiadores una información confidencial, la que queda sin conocer, que ha sido pasto de descabelladas teorías de la conspiración que solo han conseguido desgastar la figura del Rey Juan Carlos. Lo que finalmente pasará es que tendremos otro wikileaks, con debates encendidos y la vocación siempre de dividir. Porque puestos a desclasificar, estaría interesante que supiéramos los detalles de los negocios familiares de la mujer del presidente o los oscuros intereses de Zapatero en Venezuela. Pero esos documentos siguen sin ver la luz.

Casi medio siglo después, conoceremos el contenido grabado durante toda la noche del 23-F por el Centro Nacional de Inteligencia a través de las cámaras internas del salón de Plenos o las conversaciones entre Tejero y Milans o las imágenes de cómo quedó el hemiciclo tras el secuestro de los diputados o las llamadas que se hicieron o recibieron desde el edificio de las Cortes en esas horas frenéticas. Hace unos años pudimos leer, gracias a la generosidad de Adolfo Suárez Illana, las cartas y notas manuscritas de su padre que aclararon su actuación desde la Presidencia del Gobierno. Ese es el camino. El acceso de la opinión pública a los documentos que guarda el CNI debería ser la única forma de conocer la verdad histórica y de desmontar mentiras de la izquierda sostenidas en el tiempo. Porque, en contra de lo que dijo ayer la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con el raca raca de la ultraderecha, es la izquierda la que ha especulado sobre esas horas para desgastar al Monarca que, paradójicamente, fue el que paró el golpe. Ahora no me extrañaría que quisiera también arrojar dudas sobre el papel de Felipe González, al que quiere matar políticamente Pedro.

Ahora tendremos a los sabuesos de la izquierda intentando encontrar un resquicio por el que colar su odio a España. Se usará a Tejero como maniobra de distracción para no hablar de lo que sí nos afecta en el presente. Lo lógico, no obstante, es que se establecieran unos criterios inamovibles que no dependiesen de la discrecionalidad de ningún político y sirviesen de guía a los investigadores que accedan a los archivos públicos que aún hoy siguen cerrados, como ocurre en muchos países de nuestro entorno. Así se evitaría que la Historia se convirtiese en un arma ideológica, como tan acostumbrados nos tienen Sánchez y antes Zapatero.

Y un apunte final: que Su Sanchidad diga que la memoria no puede estar bajo llave y que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre suena a broma. Aquel que no para de reabrir, para enfrentarnos, las fosas del pasado, quien se niega a dar detalle hasta de sus viajes en Falcon, quien no es capaz de convocar ruedas de prensa abiertas o quien se niega a contestar a los jueces cuando es requerido como testigo no debería dar lecciones de nada. Y mucho menos de transparencia.