El desbarre de Sánchez en China

Pedro Sánchez ha culminado el martes 14 de abril en Pekín su cuarta visita oficial a China en cuatro años. La cadencia más alta registrada por cualquier líder occidental en su relación con el régimen del Partido Comunista Chino (PCCh). Acabó con una reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente Xi Jinping, un almuerzo de Estado y la firma de diecinueve acuerdos. Cuatro visitas en cuatro años: no es diplomacia de Estado, es devoción.

Lo ocurrido en Pekín trasciende lo anecdótico y merece un análisis detenido. Durante el encuentro, Xi Jinping colocó públicamente a España en «el lado correcto de la historia». Sánchez hizo suya la expresión con manifiesta complacencia, como si el halago de un régimen que persigue minorías, destruye libertades y amenaza a sus vecinos constituyese un galardón. Ambos mandatarios coincidieron en rechazar la «ley de la selva» en las relaciones internacionales –ataque evidente a la política exterior de Trump– y el presidente chino celebró que la relación hispano-china ha aportado «estabilidad entre China y la Unión Europea». Sánchez, por su parte, apostó por un «nuevo orden multipolar» y defendió el viaje señalando que «nadie debe ofenderse» por él, en evidente referencia a Washington.

El primer problema grave de la visita es de naturaleza estrictamente diplomática. El comunicado oficial chino emitido tras la reunión introduce una distinción de enorme calado político: mientras la posición española oficial reconoce la «política de una sola China», el texto de Pekín afirma que «España está comprometida con el principio de una sola China». La diferencia es abismal. La «política de una sola China» que mantienen la UE, los Estados Unidos y el consenso diplomático internacional reconoce que Pekín afirma la soberanía sobre Taiwán, sin que ello implique que terceros estados la avalen ni que acepten el uso de la fuerza para hacerla efectiva. El «principio», en el lenguaje diplomático chino, implica la aceptación de que Taiwán es parte inalienable de la República Popular China y de que su «reunificación» –incluida la posibilidad del uso de la fuerza– es una «causa histórica imparable». La Moncloa intentó matizar la distinción. Sin éxito convincente. Y es que cuando se va a Pekín con Napoleonchu por todo escudero, te meten goles por todos lados. O, aún peor, no te los meten sino que te los dejas meter.

Para calibrar lo que significa en la práctica esa fórmula china, basta recordar lo ocurrido con Hong Kong. La promesa de «un Estado, dos sistemas» se incumplió de forma flagrante y despiadada: la destrucción sistemática de las libertades civiles, la represión del movimiento prodemocrático y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 han convertido a la ciudad en un territorio sin libertad de prensa, sin autonomía judicial real y sin oposición política. Aceptar que el comunicado chino sitúe a España comprometida con el «principio» de una sola China equivale a avalar implícitamente la narrativa de la reunificación forzosa. Eso vulnera el consenso europeo y la posición de la UE.

El segundo problema es de naturaleza filosófica y geopolítica a la vez. Hablar del «lado correcto de la historia» no es inocente. Es un argumento que los regímenes autoritarios utilizan sistemáticamente para legitimar su expansionismo: la Historia, en esta visión, tiene un destino predeterminado al que hay que «sumarse» o quedar en el lado equivocado. Que un presidente de Gobierno democrático y liberal suscriba esa narrativa sin el menor rubor es un disparate de proporciones históricas. El «lado correcto de la historia» lo ocupan las democracias liberales que defienden el Estado de derecho, la soberanía de los pueblos y la libertad individual frente a cualquier forma de totalitarismo. No lo ocupa el régimen que persigue a los uigures en campos de reeducación, que destruyó la libertad en Hong Kong, que amenaza militarmente a Taiwán y que financia el aparato propagandístico y de espionaje más sofisticado del mundo.

El tercer problema es estratégico y toca al núcleo de la razón de Estado española. España preside el debate en la OTAN sobre el flanco sur y ocupa un lugar de primer orden en el Mediterráneo Occidental. Las bases de Rota y Morón son pilares logísticos irrenunciables de la proyección en el Atlántico y el Mediterráneo. Un Gobierno que niega el uso de esas bases en territorio nacional para operaciones de sus aliados más directos –los Estados Unidos– mientras abraza los marcos conceptuales de la potencia que más abiertamente trabaja por erosionar la preponderancia occidental, protagoniza una incoherencia que no puede sostenerse desde las premisas de la más elemental razón de Estado. Es cuestión de coherencia.

Hay que ser precisos en el análisis para no caer en el error contrario. España debe mantener relaciones con China que es la segunda economía del mundo, el principal socio comercial de la UE y un actor imprescindible en cualquier proceso de paz en Oriente Medio. Nada de esto está en discusión. Lo que está en discusión es la naturaleza y el tono de esa relación.

Llevarse bien con China no significa plegarse a China. Buscar inversiones chinas no exige adoptar los métodos del Partido Comunista Chino. El déficit comercial bilateral de España con China supera los 42.000 millones de euros –con importaciones que se acercan a los 50.000 millones y exportaciones marginales–, una asimetría que el propio Sánchez reconoció en la Universidad Tsinghua como «insostenible». El reconocimiento es correcto. Lo que resulta incomprensible es que se haga desde la posición del peticionario que simultáneamente otorga regalos geopolíticos gratuitos a quien tiene la sartén por el mango.

Lo de Sánchez en Pekín no fue diplomacia. Fue –para decirlo sin adornos– convertirse en la comparsa más entusiasta de Xi Jinping en Europa Occidental. España merece una política exterior a la altura de su historia, su posición geográfica y sus compromisos atlánticos y europeos. Eso requiere interlocución con China, sí –pero desde la dignidad de quien sabe quién es y qué defiende.