Si me das a elegir, me quedo con Robles

Al título de este artículo debería haber añadido una adversativa, pero lo haría interminable en términos periodísticos: «Si me das a elegir, me quedo con Robles, pero debería dimitir ya». Creo que no se puede denunciar ante el Congreso que los servicios de Inteligencia españoles, especialmente el CNI, informaron –aunque no fuera en documento manuscrito– de la entrada masiva de, al menos, 80.000 inmigrantes en Ceuta, como ha hecho la ministra de Defensa, y ser inmediatamente desmentida por tu mismo Gobierno, en boca de Marlaska y de la Delegación del Gobierno, que depende de Ángel Víctor Torres, y permanecer un segundo más sentada en ese Consejo de Ministros. Es incompatible: por decencia, coherencia, responsabilidad y vergüenza.

En el país de los ciegos, es verdad que el tuerto es el rey, pero no por ello debemos distraernos a la hora de poner en valor que Robles es la única ministra que dice la verdad –se lo reconoce hasta su archienemiga, Irene Montero, que tampoco su apoyo es un título de distinción. Ha sido la única, también, que ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla, instando que «no se tocan», frente al obsceno servilismo de sus compañeros con el régimen alauí y, sobre todo, es la única que ha mostrado un ápice de empatía y cariño por nuestros sufridos compatriotas. No era la primera vez. Mientras todo el Gobierno durante la pandemia se ponía de perfil, acusaba a las autonomías y no era capaz ni siquiera de contar el número de víctimas de la Covid, ella lloró en la morgue del Palacio de Hielo por quienes habían perdido la vida a causa de la infección y de la incuria del Ejecutivo.

Todo eso es verdad. Pero lo de ahora es, si cabe, más peligroso: si una de las ministras de Estado señala que Sánchez y su Gobierno tuvieron conocimiento oficial e indubitado de que miles de nadadores se lanzaban al agua desde el 27 de julio –«ya se planteó la situación» con Interior, dijo el martes en el Congreso– hasta el 31 y el Consejo de Ministros no tomó ni una decisión, que hubiera como poco evitado la muerte de 150 personas y desde luego abortado una invasión civil de nuestro territorio, es que Moncloa ha incurrido en lo más parecido a un delito de traición, penado en el artículo 582 del Código Penal español, cuya tipificación penal es esta: «El español que facilite al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento». Es por ello que esta magistrada devenida en política no puede aguantar ni un minuto más formando parte de ese órgano colegiado al que, con su confesión en el Congreso, ha situado al otro lado de la ley.

Así que más allá del morbo periodístico por el enfrentamiento entre Robles y Marlaska –junto a Luis Planas, los dos únicos ministros que continúan desde la llegada de Sánchez al poder en 2018–, que se evidenció en sendas comparecencias casi simultáneas, está en juego la seguridad de los españoles. Porque sobre los hombros de estos dos jueces reside nuestro orden público, nuestras Fuerzas Armadas, los Cuerpos policiales, los servicios de Inteligencia y, en definitiva, la seguridad y protección de nuestras vidas. Por tanto, estos reproches no pueden circunscribirse a los roces de Pimpinella entre dos ministros que no se soportan. Las palabras de la titular de Defensa son profundamente inquietantes. La concreción de sus explicaciones, aunque limitada por el deber de secreto, debería poner a la ministra en una situación insoportable. Porque, en el fondo, de su información se deduce que está rodeada de mentirosos, irresponsables, canallas y sujetos potencialmente peligrosos para la seguridad de España.

Mientras la dictadura marroquí llama a «liberar las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla», y en la primera empieza a esbozarse lo más parecido a un estallido social, justificable por la situación de abandono y vulneración de sus derechos a la que está sometida la población ceutí, España se asoma a una situación ingobernable en uno de sus territorios más sensibles. Como toda solución, el Gobierno ha depositado en manos de Ángel Víctor Torres, que está en todos los sumarios judiciales, el mando único y ha convocado un Consejo de Seguridad Nacional que solo ha servido para que Sánchez se hiciera una foto tras sus vacaciones con la procesada Gómez. Entre las funciones de este órgano está dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación para garantizar nuestra seguridad. Pero si sus 18 miembros solo pudieron tener intervenciones de cinco minutos cada uno, ya me contarán ustedes para qué sirvió. Sin la presidencia del Rey, el ejercicio de identificar cada uno de los cargos que lo integran –Marlaska, Yolanda, Elma...– da escalofríos. Es tanto cómo diseñar un cónclave dedicado a garantizar el bienestar de un país en el que sientes a Freddy Kruger, Hannibal Lecter, la niña de El exorcista, Regan MacNeil, y Jack el Destripador.

Pedro Sánchez se ha agarrado a este instrumento para vender la especie de que hay un problema de seguridad nacional. Y si lo hay hoy, que han pasado 28 días desde la arremetida alauí, ¿qué no habría el mismo día en que todo el mundo comprobó cómo la frontera española y europea con Marruecos tenía la misma protección –cinco agentes terrestres y cinco buzos– que una playa de recreo de cualquier parte del litoral español? Este órgano lo ha reunido el veraneante de La Mareta en 31 ocasiones y en todas no fue más que una maniobra de distracción propuesta por alguno de los centenares de asesores en Moncloa. Se convocó por el apagón eléctrico, por la pandemia, por la invasión rusa a Ucrania, incluso por la anterior crisis migratoria en Ceuta en 2021 (y, por cierto, se reunió solo 48 horas después de la entrada masiva de 10.000 personas). Nunca ha servido de nada que no sea una foto con la que alimentar el relato de que un Gobierno de desahogados hace algo.

Pero volvamos al principio. Margarita no debe quedarse un minuto más. No ya porque Sánchez la llame «la pájara» y fantasee con que «duerme vestida con el uniforme», sino porque sabe, como buena magistrada, que denunciar la comisión de un delito y permanecer al lado de los presuntos delincuentes la convierte en algo muy parecido a un cómplice.