Un pato en la cabeza

Ya lo dijo el pobre Montesquieu: una cosa no es justa por el mero hecho de ser legal. Ha de ser justa para ser legal. Puede parecer lo mismo, pero el orden de los factores sí altera el producto: en Marruecos es legal aplicarle el Código Penal a un homosexual y castigarle con penas de hasta tres años de cárcel. Y en España, es legal ‘okupar’ una vivienda en determinadas circunstancias, según una ley que también obliga al arrendador a no cortar los suministros de su vivienda incautada. Pronto quizá tenga que abonarle una pizza a domicilio, no seamos rábanos con el vulnerable.

Ninguna de las dos cosas son justas y, sin embargo, son legales. También lo es asaltar un país e instalarse en la misma playa con tiendas de campaña, mercadillos y fogatas, cinco minutos después de que a una familia la hayan multado por dejarse puesta la sombrilla al irse a comer para no perder el sitio.

Las leyes, en fin, son un producto de su tiempo, de la cultura imperante, de la presión social, de los caprichos ideológicos y de un sinfín de circunstancias que no las hacen necesariamente justas pero sí vinculantes: en Minessota no se puede cruzar la frontera con un pato en la cabeza, pero si gobernaran los patos quizá prohibirían rebasar la aduana con un humano bajo los genitales, que por cierto en el caso de estas aves son un sacacorchos del tamaño propio de un tigre. Vaya con el pato, y parecía tonto.

Las leyes también dicen, más o menos, que si al menos 80.000 personas invaden un país ajeno no se les puede devolver por donde han venido en el tiempo en que un pato hace sus cosas con la pata, que es breve, y que además hay que darles cobijo, comida, atención sanitaria y dedicarle un montón de funcionarios a saber, con su ayuda o sin ella, de dónde han venido, si huyen o no de algo o si simplemente quieren estar aquí porque se vive mejor y con frecuencia del cuento.

También acaban provocando un fenómeno curioso: si el invadido protesta, porque de repente no puede salir a la calle, sus playas están ocupadas, los niños se quedan sin vacaciones y sobre todo las mujeres tienen miedo; acaba siendo un radical, un xenófobo o un fascista.

Y eso es lo que ocurre en Ceuta: a sus habitantes les han secuestrado en su propia ciudad o les han confinado en sus casas, con el temor a sufrir algún tipo de delito que no parece fabulado teniendo en cuenta que la Policía recibe doscientas denuncias, avisos o llamadas diarias; que los Cuerpos de Seguridad y el Ejército confirman la tensión delictiva cotidiana y que jueces y médicos gestionan, desbordados, las consecuencias de todo el fenómeno.

Lo único que, dicen, separa que ante un acto de guerra así se responda como impone el sentido común, que es la devolución de cada asaltante con la excepción temporal de los menores de edad hasta saber su procedencia y circunstancias familiares, es la ley. Una ley como la del célebre pato de Minessota.

Aquí opera en sentido contrario y cada ceutí está obligado a llevar a un marroquí en la cabeza, entre risas del Rey Mohamed VI y agradecimientos de Pedro Sánchez, que es a la defensa de España lo que Boabdil en su día a la de Granada. El sinsentido, que a este paso va a acabar provocando muertos, se completa con una miríada de dudas sobre las verdaderas razones de tanta laxitud y sobre la propia interpretación de la legislación, que permite con un poco de creatividad hacer lo correcto, sin pisotearla, si se tuviera un poco de valor y algo menos de indecencia para ver cómo explotar una tragedia. Otra vez.

Pero en todo caso conocemos ya el efecto concreto de saltársela, a la espera de que cambie: nueve años de inhabilitación. A eso se enfrentaría, como mucho, Pedro Sánchez, si tomara la decisión de repatriar a los asaltantes, en el caso de que alguien se atreviera a condenarle y no encontrara las manera de legalizar lo correcto como en otras ocasiones lo ha hecho con lo ilegal: se puede blanquear una amnistía fraudulenta o anular la condena de los ERE estirando las leyes en beneficio político del Señor de la Mareta; pero no por lo visto para liberar de su cautiverio a toda una ciudad indefensa a cuyos habitantes, encima, ahora tratan de violentos. Poco hacen, los pobres, y ojalá España les dé las herramientas para que no vayan a más, a la desesperada.

En fin, que menos cuentos: cuando se quiere, se puede. Y cuando hacer lo correcto penaliza, alguien sensato lo hace, asume las consecuencias y entiende que nada hay más importante que proteger el bien común, bien fácil de reconocer en el caso de Ceuta: basta con ponerse del lado del niño que lleva todo el verano sin poder bañarse en su playa y no del que defeca en ella. Con un pato en la cabeza.