Objetivo de Bolaños y Albares: deslegitimar el 29-N

Félix Bolaños y José Manuel Albares han incumplido una orden judicial. Ambos, con estatura directamente proporcional a su talla moral, han hecho todo lo posible para dificultar que el Tribunal Supremo tenga la información suficiente sobre los nuevos nacionalizados por la mal llamada «ley de nietos». Por el momento, la Sala Tercera solo ha recibido 91 expedientes consulares que cumplen los requisitos legales frente a los 163.020 registrados gracias al coladero de la instrucción de la investigada Sofía Puente. Estos dos ministros sanchistas de casi primera hora, con un pasado jalonado de coces continuas al Estado de derecho, se han negado de forma contumaz a contribuir a la limpieza del proceso electoral alegando un exceso de trabajo en los centros consulares sudamericanos. Como si fueran dos escolares tramposos, han argüido unas excusas pueriles con el propósito de que los casi 200.000 «nuevos españoles» puedan votar y, si es posible, bien: es decir, al PSOE. El Ejecutivo ha tenido un mes y medio para responder a lo ordenado y su negativa se ha hecho desde la mala fe para intentar dejar sin efecto la suspensión cautelar. Es palmario que Exteriores y los consulados han arrastrado los pies a la hora de discriminar los registros fraudulentos de los legales. Dicen en el Ministerio que se están dando «una paliza».

Dos ministros –conviene repetirlo porque es de no creer– han caído en un desacato ante el Alto Tribunal, que ha perdido la paciencia y emitido un ultimátum recordando las responsabilidades penales de los dos miembros del Gobierno. Precisamente ninguno de ellos es ejemplo de dignidad política y lealtad institucional. Están jugando a que, una vez que se celebren las elecciones generales, se presente una cascada de impugnaciones electorales por los nacionalizados espuriamente y los que no hayan podido participar en los comicios. Todo será bueno para enturbiar un resultado electoral que, todo hace pensar, sacará del poder al Gobierno socialista.

Los autos del Supremo no solo se detienen en el sabotaje de los dos ministros, responsables de los órganos electorales y consulares competentes, sino que exigen las condiciones para tratar los votos emitidos fuera de nuestras fronteras por personas excluidas del censo, que deberán ser custodiados separadamente. Solo así se podía culminar la etapa más ominosa de nuestra historia. Con la adulteración del cuerpo electoral y la sombra de sospecha sobre el censo que elige cada cuatro años a nuestros gobernantes. Sánchez nunca se marca límites.

De nuevo, son los jueces los que sí aplican escrúpulos legales a un Gobierno que siempre va al choque de forma irresponsable, llevado por la soberbia de su presidente, que cree tener la legitimidad que le otorga «la calle», que se ha apropiado de la representación de los derechos de los ciudadanos. Estos, según su doctrina, son «despreciados» por los jueces y por el propio Parlamento. Vamos, lo que viene siendo una autocracia de libro.

Albares y Bolaños se enfrentan a una multa coercitiva o a una, en su caso, deducción de testimonio, que acarrearía una investigación penal. Ellos son la correa de transmisión de Sofía Puente, con la que empezó todo, la hermana del ministro de Transportes, que alteró la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa que consideraba exiliados a los españoles que abandonaron nuestro país de 1936 a diciembre de 1955 sin necesidad de exigirles que acreditaran haber sufrido persecución ideológica. Ya ni Cándido Conde-Pumpido –«Et tu, Brute?»– ha secundado esta triquiñuela, en la que ha participado el Defensor Gabilondo. Afortunadamente, todavía queda Estado y altura jurídica. Poca, pero algo nos queda. El objetivo de los insumisos ministros es deslegitimar el 29-N. ¿Será porque creen que les será aciago?