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El que cuenta las sílabasGabriel Albiac

Una modesta proposición electoral (irrealizable)

La representación política no puede ser un oficio. Es una dignidad. Y un honor. Como tal, no es admisible que nadie pueda ver incrementado su patrimonio bajo la coartada del respetable velo filantrópico del bien común. No hay una ofensa mayor que ésa para la dignidad ciudadana

La peste de la política española son los políticos. Me explico.

Es una obviedad moral que la representatividad –en todos sus niveles, pero aún más en el parlamento– se sostiene éticamente sólo sobre el principio firme de que ningún representante pueda llegar a obtener beneficio ni perjuicio económicos del ejercicio de su cargo. Dado el peculiar talante de los humanos, tan sencillo axioma exige un dispositivo que minuciosamente vele por la preservación de esa regla, en sí, tan sencilla.

Una elemental contabilidad sería exigible, como condición previo para depurar el sistema político más corrupto (junto el belga) de la Unión Europea. Bastaría con presentar las declaraciones de Hacienda de todos los aspirantes a electo, durante los diez años previos al inicio del cargo al cual aspiran. Eso los dividiría en tres categorías.

–En una primera, quedarían incluidos los que nunca tributaron a Hacienda por nada que no fuera un empleo político.

–Entre los restantes, se haría imprescindible establecer un elemental baremo. Que agruparía a los aspirantes en dos niveles. A) Aquellos cuyas declaraciones revelasen ingresos iguales o superiores a los percibidos en el ejercicio del cargo al cual aspiran. B) Aquellos cuyos ingresos sean inferiores a los que percibirían una vez elegidos.

–Se establecería, con toda claridad, el estado patrimonial de todos los integrantes de ambos grupos. Y se fijarían penas del mayor rigor para quienes intentasen falsearlo.

Poseeríamos entonces el mapa básico del interés –o de los intereses– que los diversos aspirantes puedan tener al legítimo sueldo público. Y podríamos pasar a corregir sus violaciones de un modo racional.

La representación política no puede ser un oficio. Es una dignidad. Y un honor. Como tal, no es admisible que nadie pueda ver incrementado su patrimonio bajo la coartada del respetable velo filantrópico del bien común. No hay una ofensa mayor que ésa para la dignidad ciudadana. Sobre tal principio, y con la ayuda de los datos económicos recopilados, se procedería así.

Condición previa: sabemos, desde Aristóteles –en rigor, sospechamos desde mucho antes– que la corrupción es hija del tiempo. Todos los cargos, pues, sin excepción de ningún tipo, habrían necesariamente de ser ejercidos durante una sola legislatura. Improrrogable. Garantizando, naturalmente, al electo en cuestión el retorno sin perjuicio alguno a su anterior empleo, cuando el honor público finalice.

Para todos, sin excepción, operaría, un criterio salarial único: durante el ejercicio del honor público, el Estado garantizaría a cada uno de ellos el cobro exacto de la media salarial percibida durante sus últimos diez años de actividad laboral no política. Ni un céntimo más, ni uno menos. Se saldría –necesariamente– del breve tránsito a través de la representación política, exactamente en la misma situación económica con la que se entró. De no ser así, la presunta existencia de un tráfico delictivo debería ser judicialmente investigada.

Por supuesto que estas sencillas normas de salud pública no solucionarían por completo la faraónica red de tentaciones cleptómanas que se teje, como musgo venenoso, en torno al fastuoso blindaje y negocio del Estado. Pero, unidas a una justicia especialmente rigurosa con aquellos sobre quienes reposa transitoriamente el bienestar común, podrían, al menos, barrer lo más asqueroso de ese descomunal tonelaje de fango que acumula la política moderna.

Serían sólo los prolegómenos para una sociedad no incurablemente corrupta. ¿Poca cosa? Puede. Pero estoy seguro de que, con esta modestísima propuesta, la abstención ante las urnas disminuiría mucho. Y el odio –o la repugnancia– del ciudadano hacia quienes dicen ser sus representantes, si no por extinguirse, acabaría, sí, por ir moderándose. Mucho.

Esos nuevos criterios, claro está, habrían de ser votados, mediante mayoría de dos tercios, por las dos actuales cámaras de unos representantes que generosamente renunciarían –como su honor exige– al alud de sus actuales sinecuras.

Es una propuesta sencilla. Y decente. Esto es: irrealizable.