Aborto y Constitución: un peligroso ensayo

Asediado por los casos de corrupción política y familiar, para Sánchez la cuestión del aborto, que debería ser un asunto consensuado y abordarse como tema de Estado, se ha convertido, acabado el conflicto en la franja gazatí, en la bandera que enarbolar o, más precisamente, en la cortina de humo que desplegar. Y es que el anuncio de la ministra de Igualdad en rueda de prensa el pasado martes tras el Consejo de Ministros fue, cuanto menos, esperpéntica.

Lejos de asumir responsabilidades como cabeza visible de la cartera de Igualdad a cuenta del escándalo de las pulseras, junto a Pilar Alegría, ministra de Educación capaz de estirar temerariamente la gramática hacia límites desconocidos hasta el momento, ha anunciado su intención de reformar la Constitución para blindar el abordo como derecho fundamental. Este particular, sin embargo, no resulta un asunto baladí en tanto en cuanto puede barruntarse un terreno de ensayo hacia futuras reformas constitucionales.

Cualquiera que tenga unas nociones básicas sobre derecho constitucional sabrá que tres quintas partes del parlamento son las necesarias para acometer dicha reforma; sin embargo, también era necesaria una mayoría para renovar la cúpula de RTVE que, torticeramente y mediante subterfugios legales, consiguió modificar y nombrar a los afines en la televisión pública el mismo día que Valencia vivía uno de los peores días de su historia reciente.

El aborto, por tanto, es una cuestión compleja, que hay que abordar desde el consenso y con la vista puesta en el feminismo –en el verdadero, y no en el que sirve como mero chupete político vaciado de ideología– y, a su vez, no deben ser desdeñables las actuaciones que el Ejecutivo pudiera hacer a este respecto como posible ensayo que abone un futuro no tan lejano parar abrir la Constitución en canal con los riesgos y resonancias dictatoriales que pudiera tener.