La indemnización que nadie vigila

La vicepresidenta Montero y el ministro Puente perciben 29.104,88 euros anuales, libres de impuestos, en concepto de «gastos de alojamiento» en Madrid. Son 2.078,92 euros al mes en 14 pagas, una indemnización creada para diputados que deben desplazarse a la capital. Sin embargo, ambos viven en residencias oficiales costeadas íntegramente con dinero público: Montero en una vivienda del Ministerio de Hacienda y Puente en un ático reformado con fondos estatales.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede ser legal cobrar una ayuda para un gasto que no existe?

Porque así lo establece el Régimen Económico de los Diputados, aprobado por la Mesa del Congreso. La norma no exige justificar el gasto ni comprobar si el diputado ya dispone de vivienda oficial. Es una indemnización automática, no fiscalizable por Hacienda porque no se considera salario, sino «compensación por actividad parlamentaria». Por eso no tributa y por eso no se revisa.

Es legal, sí. Pero legal no significa legítimo.

En un país donde miles de ciudadanos destinan más de la mitad de su sueldo al alquiler, donde familias enteras ajustan cada factura y donde la inflación ha convertido la vida cotidiana en un ejercicio de resistencia, la duplicidad de beneficios públicos no es solo un agravio: es una fractura moral. Y erosiona la confianza en las instituciones.

Si la norma permite esto, la norma debe cambiarse ya.