Cuando la ley deja de ser igual para todos

La ley no admite apellidos. O es igual para todos o deja de ser ley para convertirse en instrumento. Y cuando eso ocurre, la democracia empieza a resentirse.

España sabe –porque lo ha vivido– lo que sucede cuando las instituciones se deterioran y la confrontación sustituye al respeto. La quiebra de la convivencia que desembocó en la Guerra Civil española no nació en un día; fue el resultado de una polarización creciente, de la incapacidad para aceptar al adversario como legítimo y de la utilización partidista de las estructuras del Estado. Aquella fractura costó sangre y décadas de atraso.

Frente a ese pasado, la Transición española nos dejó una lección ejemplar: sin respeto institucional no hay futuro común. La Constitución Española de 1978 fue un pacto de convivencia, no un botín ideológico.

Hoy asistimos con inquietud a debates que erosionan la confianza en la independencia judicial, a bloqueos prolongados en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y a una retórica política que convierte cada decisión en arma arrojadiza. Esa dinámica no fortalece la democracia: la desgasta.

La justicia debe ser imparcial, y su práctica, irreprochable. No podemos permitirnos volver a la lógica de bandos. España ya pagó demasiado caro ese error. La historia no se repite sola; la repiten quienes olvidan sus lecciones.