Guerra, infancia y Presupuestos del Estado

Este año de 2026 estamos celebrando, por ahora sin mucho entusiasmo, el XXXV aniversario de la vigencia en España de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por el Gobierno del PSOE de Felipe González en 1990, con efectos de aplicación a partir del día 5 de enero de 1991 (BOE, 31/12/1990, página 38904). La convención se complementa con las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en 2016 señaló la necesidad de que, en los Presupuestos de todos los gobiernos, sea cual fuese el nivel –estatal, local, regional–, las partidas destinadas a la infancia gozasen de preferencia (Observación General del Comité de los Derechos de Niño nº 19/2016).

Pues bien, con España siendo uno de los países con más pobreza infantil, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será cesada muy pronto, sin ni tan siquiera haber elaborado un borrador de los Presupuestos del Estado. Es inaceptable. Y habla de la catadura moral del Gobierno, que sin Presupuestos del Estado tampoco podrá priorizar la ayuda a la infancia, no ya en España, tampoco la destinada a otros países, cuyas guerras agravan la vulnerabilidad de la infancia. Por cierto, la Convención sobre los Derechos del Niño les pide a los gobiernos que difundan su texto lo más posible, pero no parece que se cumpla dicho mandato, integrante, no se olvide, del Derecho Internacional que tanto invoca el doctor Pedro Sánchez. Hablamos, pero no hacemos.