Trampas

Mientras niega que se pueda vincular inmigración y delincuencia y que haya casos de violaciones cometidas por los inmigrantes que deambulan por Ceuta, el gobierno prepara el envío a la península de 500 niñas, lo cual, como sabemos, supone la entrada por reagrupamiento de todas y cada una de sus familias.

Cierto que las niñas no deben permanecer en situación de riesgo y corresponde al gobierno asegurarlo. Pero eso no avala su traslado en masa a la península, siendo prevalente el derecho a ser devueltas a su país, al país de donde llegaron, Marruecos, ese país seguro y colaborador fiable.

El gobierno quiere aplicar «su» ley, el Real Decreto de 2025 que, sin validación en el Congreso, hurtó a las Autonomías la posibilidad de negarse a la acogida de menas. Esa norma y la alusión a los derechos humanos quiere el gobierno convertirlos en Ley aplicable al caso, desdeñando la ley suprema que está obligado a aplicar: los nueve reglamentos, incluido el de Retorno, que conforman el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo que, desde el 12 de junio de este año, es de aplicación directa, sin necesidad de esperar a su transposición al Derecho interno, y es de obligado cumplimiento para todos, jueces y administraciones.

Así que la cita a las comunidades autónomas para imponer el reparto de 500 menores, aunque sean niñas, es ilegal pues infringe el Derecho de la Unión Europea.

Ninguna comunidad debería acudir a una mesa que propone actuar aplicando una norma de rango inferior, el Real Decreto de Extranjería, despreciando el Pacto dictado hace ya dos años por la UE, bajo la iniciativa y con el aplauso de los socialistas y con el apoyo de los 27 estados miembros.

El derecho europeo no es una opción. Es la solución.